CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Activistas y autoridades de la frontera advirtieron que los albergues y centros de detención de migrantes están saturados, lo que podría desencadenar en una tragedia similar a la ocurrida en Ciudad Juárez, donde murieron 39 extranjeros a causa de un incendio.
Desde hace casi cinco años, los refugios de migrantes y las instalaciones oficiales del INM en los municipios de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo se encuentran al tope, debido a las oleadas migratorias que han llegado desde Centroamérica y Sudamérica.
Hasta hace algunos meses, se calculaba en más de 30 mil el número de migrantes “varados” en la frontera tamaulipeca.
Actualmente, se estima que esta cifra se ha reducido debido al inicio del programa anunciado por el gobierno de Estados Unidos, pero aún así las instalaciones de alojamiento para migrantes se encuentran saturadas.
El obispo de Matamoros, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, confirmó que los albergues para extranjeros están saturados.
«Tenemos llenos los albergues de aquí (Matamoros) y de Reynosa», dijo Lira, «pero gracias a Dios varios párrocos han prestados salones de sus parroquias y han recibidos a migrantes procurando su seguridad, tendiéndole la mano al que más lo necesita».
Lira destacó que se deben acelerar los procesos de asilo humanitarios por Estados Unidos.
El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, alertó que la posibilidad de que ocurra una tragedia como la de Ciudad Juárez está latente, pues en su municipio hay albergues con hacinamiento y que no cumplen con las normas de Protección Civil.
«Llevamos inspecciones y muchos de los centros (para migrantes) no cumplen con lo permitido», dijo Peña.
«Protección Civil se cansa de ayudarlos a que cumplan», explicó, «pero muy pocos pueden cumplir, no porque no quieran, sino porque por su buen corazón le abren las puertas a todo mundo.
«Si su capacidad máxima es de 200, meten 500; si es de 2 mil, meten 3 mil», añadió.
Recordó que entre el 2020 y el 2021 la Plaza La República fue invadida por miles de migrantes extranjeros, que estaban hacinados y tuvieron que intervenir porque usaban de «diablitos» de electricidad y estufas con tanques de gas.
«A muchos les sorprende lo que pasó en Ciudad Juárez», dijo el alcalde, «pero los que lo vivimos sabemos que puede pasar en cualquier momento por la situación tan difícil que están pasando ellos y por las leyes migratorias que no son sensibles.
«Las circunstancias son muy complejas», añadió, «decirte que no puede pasar lo de Juárez en cualquier otra parte del País sería decirte mentiras».
Peña lamentó que los legisladores de Estados Unidos no sean sensibles a la situación que viven los migrantes en la frontera y retrasen la reforma migratoria.
«La esperanza falsa que da Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos es lo que tiene aquí a tantos extranjeros, y no tenemos suficiente recurso para atenderlos. Muchos migrantes viven en situación de calle», apuntó.
El problema de fondo, sostuvo, es la política migratoria estadounidense, que viola los derechos humanos de los migrantes y ha convertido la frontera norte de México en refugio sin las condiciones mínimas de salubridad y seguridad.
La activista Gladys Cañas, quien dirige la asociación Ayudándoles a Triunfar A.C. en Matamoros, lamentó que no tengan acceso a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, por lo que no tienen idea de en qué condiciones se encuentren.
“Exigimos saber las condiciones qué imperan en las instalaciones migratorias en Tamaulipas, que se revise todo para que esta tragedia no vuelva a ocurrir”, expresó en un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Ellos, los migrantes, no denuncian por miedo, porque son amenazados, porque temen por sus vidas y tienen que soportar, cuál trago amargo, el indigno tránsito mexicano para poder continuar con la brega de llegar a su destino”, señaló.
“No son delincuentes, tienen aspiraciones, merecen vivir en un lugar donde mejoren sus condiciones, tienen derecho a vivir, se lo han ganado; sin embargo, hoy, sin destino final retornan a su patria en cajas funerarias”, dijo la activista que en los últimos meses ha prestado apoyo a miles de migrantes que llegan a Matamoros, muchos de los cuales formaron un campamento en las márgenes del Río Bravo.
Empresa señalada opera en Tamaulipas
La empresa de seguridad privada cuyos empleados se encontraban a cargo de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando inició el incendio que dejó 39 migrantes fallecidos, vigila las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en 23 entidades del país, entre ellas Tamaulipas.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se trata de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, S.A. de C.V., a la que le fue otorgado, mediante adjudicación directa, un contrato por un monto máximo de 165 millones de pesos, con impuestos incluidos.
Esa empresa tiene como representante legal a David Vicente Salazar Gasca, y su registro es DGSP/203-20/4166, expedido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para presentar servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.
En la descripción del servicio contratado se indica que es «de seguridad y vigilancia para los inmuebles de las oficinas de representación» del INM, pero no se especifica si dentro de esos inmuebles están contempladas las estaciones migratorias.
El servicio lo presta en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, informó ayer que de las ocho personas que inicialmente fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), cinco son elementos de seguridad privada.
«Al momento se tienen identificadas, inicialmente, ocho personas probablemente responsables de los hechos: dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes», indicó Rodríguez.
La funcionaria dijo que se revisarán los antecedentes de la empresa para determinar si cumple con todos los requisitos oficiales.
«Se va a hacer la revisión de la empresa, si estaban cumpliendo con los requisitos, con los permisos correspondientes. Se está en toda la revisión técnica, en dónde está el permiso, por cuántos elementos pidió los permisos, digamos, cuáles eran, también las capacitaciones, que se ve que no tenían ninguna capacitación estos guardias y que estaban siendo contratados por Migración», dijo.
Por Staff
Expreso-la Razón
