La comparecencia de seis secretarios estatales ante el Congreso del Estado desnudó la gravedad del quebranto a Tamaulipas que presuntamente hizo la pasada administración del Gobierno del Estado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y que heredó a la actual gestión.
En la última semana de marzo, los titulares de Administración, Desarrollo Económico, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Trabajo y Desarrollo Rural comparecieron y realizaron la glosa del Primer Informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya.
El 23 de marzo y ante los legisladores, el secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui, sintetizó que el actual gobierno estatal recibió la administración con un parque vehicular sin localizar y en mal estado, sin medicamentos, con altas compensaciones a funcionarios, gastos innecesarios.
Acusó que esto favoreció el enriquecimiento ilícito de unos cuantos proveedores. Afirmó que todas las acciones emprendidas en los primeros 5 meses de gobierno para que los responsables del daño respondan ante la justicia se apegan a derecho.
Detalló que se detectaron 89 casos de servidores públicos que no se encontraban en su área laboral: se otorgaron bases sindicales a personal sin ningún derecho y en algunos casos, a quienes apenas tenían meses o semanas en el Gobierno pasado: también se había autorizado el funcionamiento de casas financieras que cobraron hasta 100 por ciento de intereses en los préstamos a los burócratas; había deficiencia en las compras del gobierno y no se tenía un control estricto de los contratos.
Más: altas compensaciones económicas que excedían al tabulador existente; contratación de intermediarios para desarrollar sistemas que podría haber realizado el propio personal de su dependencia y falta inexplicable de mobiliario y equipo de cómputo y la sustracción de expedientes.
DENUNCIAS EN DESARROLLO ECONÓMICO
En la Secretaría de Desarrollo Económico se halló un quebranto por 32 millones de pesos. Se informó a los diputados que la Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha presentado por lo menos 17 denuncias por la probable comisión de hechos delictivos, tipificados en el Código Penal de Tamaulipas como delitos de Corrupción, Ejercicio Ilícito de Servicio Público, Abuso de Autoridad y Coalición de Servidores Públicos.
Una revisión exhaustiva de los documentos recibidos, detectó 31 incidencias consideradas como faltas administrativas graves de acuerdo con el Capítulo II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, precisó.
Una de las áreas más afectadas es el Fondo Tamaulipas en donde se halló una deuda de 322 millones de pesos por gestión irregular en el otorgamiento de los créditos y malos manejos administrativos. Unos 258 millones de pesos son créditos pertenecientes a 4 mil cuentas incobrables, destacó Cantu Deandar.
DEJA CABEZA DE VACA MÁS POBRES
El 28 de marzo, la secretaría de Bienestar Social, Verónica Aguirre de los Santos, reveló que el gobierno saliente dejó a Tamaulipas con un 34.9 por ciento de los ciudadanos en condición de pobreza, al pasar en el sexenio cabecista 2016-2020 de 32.2 por ciento al 34.9 por ciento.
“De los estados que componen la franja fronteriza de México, somos el que más porcentaje de pobreza presenta”, lamentó. Destacó la inoperancia de dicha dependencia “por ejemplo, en recursos financieros, recibimos a la Secretaría con una falta de disponibilidad presupuestal para ejercer recurso para proyectos sociales durante los meses de octubre a diciembre de 2022”.
El ejercicio 2022 del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) sólo reportó el 2 por ciento de los 146 millones de pesos ejercidos, lo que se notificó al Órgano Interno de Control.
“La SEBIEN recibió 49 vehículos inactivos y 3 no localizados, así como 70 vehículos activos, de los cuales el 100 por ciento tenía rezagos en su mantenimiento y revisión mecánica; se encontraron observaciones por más 182 millones de pesos, por concepto de despensas y cobijas”, afirmó Aguirre de los Santos.
El FISE detectó falta de documentación que acredite la entrega a los beneficiarios de 134 módulos sanitarios ecológicos secos portátiles, “los comedores cerrados en su totalidad, además de mil 200 cajas con documentación y expedientes de titulares de derecho esparcidas por los pasillos de las oficinas, entre otras irregularidades”, subrayó Hay 1 millón 52 mil recibos sin comprobar, representando 263 millones de pesos, por lo que se llamó a cuentas a la ex titular de la dependencia, sin que se haya presentado, por lo que se procedió a remitir el expediente al Órgano Interno de Control, siendo 33 denuncias en total contra ex servidores públicos, sentenció la funcionaria.
PLANES VIEJOS
El mismo 28 de marzo, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, reportó que hallaron planes municipales de ordenamiento territorial caducos, algunos hasta con 17 años de no actualizarse.
Añadió que el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo de Tamaulipas (ITAVU) presentaba un rezago en la entrega de escrituras del orden de 3,500 trámites.
Señaló que las áreas naturales protegidas, por la mala administración en el sexenio pasado quedaron vulnerables a incendios forestales y explicó que los residuos sólidos son uno de los principales problemas de salud y ambientales, por lo que en los primeros tres meses de la actual administración identificaron mil 512 sitios irregulares de disposición final en el Estado, lo que se notificará a través de la Procuraduría Ambiental y Urbana para las acciones legales correspondientes.
El Laboratorio Ambiental, que lo largo de casi 30 años se posicionó como referente a nivel nacional e internacional por la relevancia de su capacidad técnica analítica, en los últimos 6 años la negligencia, el descuido y el desinterés, provocó su decadencia.
Enlistó 11 cuentas con uno y cero pesos que les dejó de presupuesto para el 2022 la administración anterior, en la Comisión de Caza y Pesca; el grave deterioro en los campamentos tortugueros, parques, zoológico, y el Centro Interpretativo Ecológico.
En la Procuraduría Ambiental y Urbana, órgano desconcentrado de la dependencia, había un desorden; sin recursos, lo que evidenció que no se realizaban inspecciones o recorridos de vigilancia.
Además la empresa trituradora en la carretera Rumbo Nuevo, no cuenta con el permiso de concesión para extraer materiales pétreos y procedió a iniciar un procedimiento administrativo y se impuso, como medida de seguridad, la suspensión de los trabajos.
“En la administración pasada se permitió la proliferación de fraccionamientos ilegales”, concluyó.
LA PURA OBRA NEGRA
El 29 de marzo, la secretaria del Trabajo, Olga Sosa Ruiz, denunció que le dejaron en obra negra centros de conciliación, por lo cual al inicio de la reforma laboral tuvieron que atender a los trabajadores en la banqueta Citó 26 incidencias que derivaron en denuncias ante el Órgano Interno de Control luego de recibirse los edificios del Centro de Conciliación en obra negra con menos del 50 por ciento de construcción; la pasada gestión estatal firmó la entrega de los mismos al 100 por ciento.
Alejandro Rosas, anterior responsable de poner en operación los Centros está señalado en las diferentes incidencias. Explicó que dicha irregularidad se informó a la Federación, y se buscó que los constructores respondieran con las fianzas que se habían pagado por la construcción de dichos edificios.
Hay 6 centros ubicados en El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Victoria, y en los próximos meses se sumarán Altamira, Miguel Alemán, San Fernando y Tula.
NI EL CAMPO SE SALVÓ
Finalmente también el 29 de marzo, el secretario de Desarrollo Rural, Dámaso Anaya Alvarado, remató que después de revisar las áreas técnicas-administrativas, así como el inmobiliario e infraestructura, hallaron irregularidades en la relación de contratos y convenios realizados y anomalías en los apoyos otorgados que expide la dependencia estatal en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Dijo que se analizaron 45 contratos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios que se celebraron por adjudicación directa.
Las anomalías verificadas fueron por 240 millones 571 mil 108 pesos y se notificó de ello a las autoridades. El convenio “Desarrollo rural sustentable 2019- 2024” entre Federación-Estado no hizo entrega del beneficio que ofrecía.
Como muestra: en 2018 no se le entregó su tractor a un productor beneficiario. Eso sí, lo hicieron que se tomará la foto de la simulación y de inmediato le retiraron el vehículo.
El caso ya “se encuentra en proceso en la Fiscalía de Combate a la Corrupción, bajo el expediente 18/2023”, aseguró Anaya Alvarado.
Hallaron en la dependencia 124 bienes, material y equipo de oficina en deterioro y “se recibieron 37 vehículos entre automóviles y camionetas pick up, sin contar con bitácora de mantenimiento”.
Pese a que la información financiera entregada reportaba la aplicación de 149 mil 503.94 pesos en la compra de refacciones de equipo de transporte, mantenimiento y reparación de vehículos, lubricantes y aditivos.
“Existen cuentas por cobrar en 3 fideicomisos con antigüedades en su adeudo por 62 millones 896 mil 480.88 incluyendo intereses moratorios, no se encontró evidencia suficiente que ampare la gestión de cobro de dichos créditos”, dijo por último.
POR MAGDIEL HERNÁNDEZ
