Familiares de casi 2 mil tamaulipecos menores de edad que están desaparecidos viven el infierno de la incertidumbre, hasta por décadas, sin alguna información de ellos que les fortalezca la esperanza de hallarlos vivos…o muertos.
Hasta el pasado 7 de marzo se tenía registro de 18 mil 981 casos en todo el País y de estos 1 mil 781 en Tamaulipas.
La entidad fue segunda a nivel nacional en la incidencia, solo por detrás de Estado de México, con uno de cada cinco casos reportados, 4 mil 280. Mientras que en Tamaulipas ocurrió casi uno de cada 10. “Y el 6.5 por ciento fue reportado en Jalisco, 1 mil 230. Uno de cada tres casos se concentran en estas tres entidades”, advirtió el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Una de cada 218 mujeres de 0 a 17 años localizadas son halladas sin vida.
En Tamaulipas fueron halladas 26 niñas y mujeres adolescentes ya muertas, el 11.2 por ciento del total nacional. Mientras que en el Estado de México, 57; y en Chihuahua 18 casos.
Fueron las 3 entidades de mayor incidencia. Una docena de tamaulipecos del rango de edad de la estadística, si bien no estaba entre los hallados muertos, hasta hoy tampoco se sabe de ellos. Hace apenas 9 días, Nahomi Alejandra Cortez Sosa, de 17 años, fue vista por última vez en esta capital estatal Victoria, el 20 de marzo y hasta hoy no sabe algo de ella.
Melanie Domínguez Rivera, de 19 años salió el 5 de diciembre de 2022 entre las 7:30 de la tarde y las 8 de la noche, con un amigo a hacer unos mandados.
Ya no regresó con su familia. “Ayúdanos, la estamos buscando!!! Hola buenos días llevo 3 meses y medio en la búsqueda de mi hija ella el próximo 5 de abril cumple 4 meses de desaparición forzada me podría publicar su boletín por favor de ante mano mil gracias”, clamó su madre en la cuenta de Facebook de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, una organización que apoya la localización de desaparecidos.
De Milynali Piña Pérez, 13 años -a 2 de la “edad de las ilusiones- y Alexis Domínguez, de 16, se tuvo el último contacto el 14 de agosto de 2012. Viajaban por la carretera Victoria-El Mante en una camioneta GMC Sierra Denali, modelo 2008 color plata, con placas TN80413 del Estado de San Luis Potosí.
Hasta hoy no se sabe de ellos. Maricruz Hernández Guerrero 17 años, desapareció en Ciudad Madero el 14 de diciembre de 2011. Ya más de 11 años que su familia la ha buscado sin hallarla. Itzel García tenía 17 años al desaparecer en 2018. Brian Antonio Gallegos Carreño, de 16 años al momento de desaparecer es otra de las víctima. Igual que Jose Ignacio Galindo Rojas, de 13 años actualmente y Gil Manuel Galindo Rojas, de 14 años.
“Aquí ya nadie se salva”, porque los cárteles se llevan a jóvenes en edad productiva, para que ser sicarios; a mujeres de la tercera edad, para que sean las nanas que cuiden a sus hijos; a veterinarios, para que atiendan a sus animales; o a médicos, porque los balacean o enferman, explicó Jaqueline Palmeros, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en la mesa de diálogo ‘Ruido.
Acompañando a las desapariciones desde la dignidad’, Ella también es madre buscadora que forma parte del colectivo “Una Luz en el Camino”.
Al similar añadió la investigadora Javiera Donoso Jiménez, doctora en Ciencias Sociales.
Las mujeres son integradas como parejas sentimentales de los miembros de cárteles o destinadas a la explotación sexual.
“Los varones entran a trabajar al grupo criminal; las mujeres, en cambio, cumplen otro rol: son compañeras sentimentales de ellos, y cuando ella ya no quiere mantener una relación de noviazgo con estos muchachos, o se dan cuenta de en lo que están metidas y quieren salir, entonces son víctimas de feminicidio”, indicó.
“La otra cuestión es que también las niñas de esta edad son mucho más propensas a ser víctimas de trata con fines de explotación sexual…lo que nos hemos dado cuenta es que son principalmente niñas entre 10, 12, 13 años, hasta más o menos los 15, y ellas desaparecen”, lamentó.
Por otra parte, La Alerta Amber, que fue puesta en operación en 2012 para “coadyuvar en la búsqueda y pronta localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional” fue duramente cuestionada.
El mecanismo no siempre es puesto en acción por las fiscalías estatales, puesto que está a la merced de la discrecionalidad de las autoridades, afirmó Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia.
POR MAGDIEL HERNÁNDEZ
