El 2023 inició de manera temprana con conflictos laborales en Tamaulipas. El pasado 22 de marzo, Componentes Universales de Matamoros argumentó problemas financieros para anunciar el cierre de la maquiladora, dejando en la incertidumbre a más de 500 trabajadores.
Ese día, los empleados llegaron y encontraron los avisos en los portones sobre la decisión de la empresa, impidiéndoles la entrada a su centro de trabajo, lo que generó incertidumbre.
“Fábrica cerrada hasta nuevo aviso. El día de hoy, Marzo 22 del 2023 será Pagado. Favor de abordar un camión provisto por la compañía para su regreso a casa. Atentamente Componentes Universales de Matamoros.”, se señalaba en los avisos.
La manufacturera de exportación de capital estadunidense, dedicada a la elaboración de componentes eléctricos, que el 16 de marzo cumplió 30 años de operación en esta ciudad fronteriza, clausuró de manera repentina sin un proceso claro de liquidación de sus trabajadores.
El Secretario General del Sindicato de Jornaleros y obreros Industriales y de la industria Maquiladora en Matamoros, Juan Villafuerte Morales, encabezó las negociaciones con la empresa, “responden o responden”, señaló el líder sindical.
Sin embargo, ante la falta de certidumbre para el pago de las indemnizaciones apegadas a la Ley y la negativa de la empresa por otorgar el 60 por ciento del salario a los trabajadores, en tanto se resolvía la venta de la planta, estalló la huelga.
Trabajadores se mantienen en guardia para evitar que las instalaciones de la empresa ubicada en el fraccionamiento Industrial del Norte, sean saqueadas.
La secretaria del Trabajo en Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz, acudió el viernes 14 de abril a las afueras de las instalaciones de la empresa para externar un mensaje a las y los trabajadores, en compañía del director del Centro de Conciliación Laboral, José Ives Soberón Mejía y del representante sindical Juan Villafuerte y allí les dijo a los trabajadores que la empresa aceptó que la decisión de cese de operaciones lo hicieron sin avisar previamente a nadie.
Explicó que la solución laboral plantea tres vías; la liquidación conforme la ley, la venta y traspase de responsabilidad patronal respetando antigüedad y derechos laborales, por lo que continuarían trabajando de manera normal retomando actividades.
Mientras que una tercera vía, es la venta de los bienes de la empresa, para proceder al pago de las liquidaciones, respetando la antigüedad de cada trabajadora y trabajador, algunos de ellos con más de 20 años laborados en ese lugar. Se contempla la creación de planes alternativos para vincular a nuevos empleos al personal de Componentes correspondiente de las gestiones realizadas desde su ámbito de competencia.
Matamoros se caracteriza por albergar industrias de exportación (maquilas), mayormente de Estados Unidos que dan empleo a 78 mil 500 trabajadores y desde el 2019 que se presentaron 48 a paro laboral por el pago de un bono, se han registrado algunas revisiones bajo el tratado comercial del TMEC.
También en Victoria se suscitó un conflicto laboral en la maquiladora Kemet por las negociaciones del contrato colectivo de trabajo sobre un incremento directo al salario, por lo que emplazaron a huelga.
La líder del Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras de ciudad Victoria, Dolores Zúñiga Vázquez, encabezó las negociaciones con la empresa de capital estadunidense, dedicada a la fabricación de capacitores para el rubro médico, aeroespacial, automotriz y tecnología.
Al no llegar a un arreglo, alrededor de 500 empleados decidieron no prestar sus servicios hasta concretar un arreglo, declarando huelga; sin embargo, la autoridad laboral declaró inexistente la huelga, por lo que reanudaron operaciones.
Kemet con base de operaciones en Florida, aplicó una inversión de 20 millones de dólares para la ampliación de su planta en la capital de Tamaulipas, sin embargo, en el último año, de acuerdo con los mismos empleados, fueron dados de baja 600 empleados.
Antes, la apertura en Nuevo Laredo de una planta Aptiv, ocasionó el despido de más de 650 obreros en la planta de Victoria; la maquiladora dedicada a la producción de cableado y componentes para automóviles, inició en operaciones en 1990.
Primero se llamó Delphi, sin embargo en 2012 inauguró su segunda planta, pero a finales del 2017 cambió a Aptiv, empresa que se vio afectada por la pandemia del COVID-19. Una de sus plantas (Aptiv 1) con 30 años de antigüedad, cerró sus puertas, dejando a 2 mil empleados en la incertidumbre, aunque luego varios cientos de ellos pudieron acomodarse en la otra planta y en otras instaladas en el municipio.
MATAMOROS: CUNA DEL MOVIMIENTO 20/32
El 2019 marcó un parteaguas para las industrias, mayormente de exportación en Matamoros, los trabajadores iniciaron un movimiento, el mayor registrado en la época actual laboral de México.
Primero fueron algunas maquiladoras que exigieron un incremento salarial del 20 por ciento y un bono único de 32 mil pesos que estaba en los contratos colectivos, sin embargo, los sindicatos, coludidos con las empresas, trataron de frenarlo.
Los obreros resistieron amenazas de despidos y llamaron a compañeros de otras factorías, que no tenían esa prestación, a sumarse a los paros que se extendieron de manera rápida, alcanzado a un total de 48 empresas. Cientos de obreros fueron despedidos, pero muchas empresas sufrieron pérdidas millonarias por los paros, empresas de exportación pero también distribuidoras de bienes, sufrieron el embate.
En este movimiento surgió la figura de la abogada Susana Prieto, quien se apuntó para asesorar a los trabajadores y lograr que los patrones pagaran el anhelado bono de 32 mil pesos y el aumento del 20 por ciento directo al salario. Y es que por años (alrededor de 15), los trabajadores de algunas maquiladoras, recibían en el mes de enero un bono, lo que evitaba que el sindicato negociara un aumento salarial.
El bono anual se sustentaba en un convenio anexado en los contratos colectivos de trabajo, como pago de la diferencia por los incrementos al salario que se decreten a nivel nacional, Luego con el anuncio presidencial del incremento al salario de las zonas fronterizas, los trabajadores esperaban un bono con incremento que sumaba 32 mil pesos, a lo que las empresas dijeron no, sobreviniendo el conflicto laboral.
Y aunque dicho convenio no se encontraba en todas las maquiladoras, la fuerza que tomó el movimiento con paros, bloqueos y marchas, encabezadas por la abogada Susana Prieto, obligó a dichas empresas, a acceder a otorgarlo. Los trabajadores que fueron despedidos, fueron indemnizados, bajo la asesoría de Susana Prieto, conforme a la Ley; quienes resistieron en las empresas, obtuvieron el anhelado bono de 32 mil pesos y el aumento al salario. Por estas acciones, la abogada sufrió persecución política por parte del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, incluso fue encarcelada en el penal de Victoria, acusada del delito de motín, pues acompañó a unos trabajadores que se manifestaron a las afueras de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Matamoros.
Finalmente salió de la cárcel, pero no se le permitía pisar suelo tamaulipeco, hoy es diputada federal y liderea a los trabajadores que confiaron en ella y renegaron de sus entonces líderes sindicales en el llamado movimiento 20/32 que se convirtió en sindicato.
POR PERLA RESÉNDEZ