El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) es una institución creada para asegurar el derecho al acceso a la información y para proteger los datos personales de todas y todos. Desde su creación, en 2014, el Inai ha sido un actor importante en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país.
En el contexto actual de México, el Inai juega un papel crucial en la defensa de los derechos humanos y la democracia. Su tarea principal es asegurar que los ciudadanos tengan acceso a la información pública y puedan conocer las acciones de sus gobernantes y funcionarios públicos, lo cual permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida política del país.
Uno de los mayores retos que enfrenta México en la actualidad es la corrupción. Este problema ha sido un obstáculo para el desarrollo del país y ha generado un clima de desconfianza y descontento entre los ciudadanos. En este contexto, el Inai es un aliado importante en la lucha contra la corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas son herramientas fundamentales para prevenir y combatir la corrupción en cualquier sociedad.
Otro problema importante que enfrenta México actualmente es la violación de los derechos humanos. Desde hace décadas, en México se han reportado casos de violencia policial, criminalización de la protesta social y represión de la prensa y de los defensores de derechos humanos. En este contexto, el Inai es un actor importante en la defensa de los derechos humanos. Al permitir el acceso a la información pública, el Inai contribuye a la denuncia de violaciones de derechos humanos y ayuda a las víctimas a buscar justicia.
Sin embargo, el Inai ha sido puesto en el punto de mira por el actual gobierno. El presidente López Obrador no sólo ha criticado abiertamente al Inai, argumentando que es una institución costosa y que no cumple con su función, sino que también ha emprendido una batalla frontal para impedir su funcionamiento vetando a los comisionados nombrados por el Senado de la República, impidiendo así que el pleno del organismo tenga el número suficiente de integrantes para funcionar e instruyendo a las y los senadores de su partido a que no nombren a otros comisionados.
El Presidente ha dicho que la función del Inai la podría realizar la Secretaría de la Función Pública, lo cual es incorrecto, ya que ésta sólo puede actuar sobre las entidades del gobierno federal, mientras el Inai tiene poder sobre el propio Ejecutivo federal, además del Legislativo, del Judicial, los otros organismos constitucionales autónomos, estados, municipios, congresos locales, universidades, sindicatos y sobre cualquier ente privado en materia de protección de datos personales.
El Presidente ha dicho también que el Inai sólo ha servido para cubrir la corrupción del pasado, sin embargo, hay que recordar resoluciones emblemáticas, como la que ordenó a la entonces Procuraduría General de la República entregar la versión pública de la averiguación previa del caso Ayotzinapa, la que en 2015 ordenó al SAT entregar los nombres de las personas físicas y morales a quienes se les condonaron o cancelaron créditos fiscales del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, así como el monto y el motivo por el que fueron beneficiados, o la que ordenó en 2018 a la Procuraduría General de la República entregar los 13 videos que conforman la averiguación previa del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, grabados el 23 de marzo de 1994.
Éstos son sólo algunos casos de interés nacional cuya información no habría sido conocida sin el Inai, pero también hay millones de personas de la academia, periodistas o ciudadanos en general que han podido tener acceso a sus expedientes médicos o podido gozar de la protección de sus datos personales.
Por eso, entre otros, el Inai sí debe funcionar.
POR LAURA ROJAS