CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tan pronto como se confirmó la derrota del priista Baltazar Baltazar Hinojosa Ochoa ante el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en las elecciones del 5 de junio de 2016, el gobierno de Egidio Torre Cantú ratificó a 12 agentes de la entonces Policía Ministerial del Estado como escoltas de los ex gobernadores Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvalcaba.
Sin embargo, el flamante Gobernador panista Cabeza de Vaca, a través de su Procurador General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, no tardaría en dar marcha atrás a esta decisión.
Barrios Mojica aseguró a la prensa que ya se había cancelado ese servicio especial a Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvalcaba.
“Para que en el ámbito de su competencia pudiera hacer las acciones que consideraran pertinentes en el presente caso».
Al votar por su compañero Hinojosa Ochoa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y candidato a Gobernador, en la Escuela José Vasconcelos del fraccionamiento Del Valle, ese 5 de junio de 2016, Hernández Flores declaró:
“Baltazar no sólo va a ser Gobernador, va a ser un excelente gobernador porque lo conozco, porque sé la clase de hombre que es y porque sé de su trabajo, en ese sentido confiamos en que la ciudadanía va a votar y lo apoye para poder tener un excelente sexenio con mi amigo Baltazar”.
El entonces diputado local, Joaquín Antonio Hernández Correa, sentenció en el mismo noviembre de 2016 que “la inseguridad está a la alza en todo el Estado, por eso es que se les debe retirar (los escoltas a Hernández Flores y Yarrington Ruvalcaba), falta elementos para proteger a la ciudadanía y no para los ex gobernadores que tienen cuentas pendientes, se aprobó la ley en el Congreso, el asunto es que se les quita porque faltan elementos para cuidar a la gente”.
Unos años después, el gobierno de Cabeza de Vaca intentó proteger al mandatario y a sus funcionarios cercanos, con una reforma al Artículo 19 BIS de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que aprobó el Congreso estatal el 11 de septiembre de 2021.
Ahí se detalló que tanto los ex mandatarios como los funcionarios relacionados con el área de seguridad, así como sus familiares tendrían derecho a ser protegidos por elementos del Estado.
Pero en el más reciente capítulo de la “guerra polìtica de las escoltas”, esta semana -6 años y medio después- el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Isidro Vargas Fernández propuso una iniciativa para que se le retire la escolta a Cabeza de Vaca; con la reforma que pidió al segundo párrafo del Artículo 19 Bis, la seguridad para el Ejecutivo estatal, el Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública y el titular de la Fiscalía General de Justicia sólo estaría vigente mientras en el periodo que estos funcionarios ejerzan su función.
El propio actual secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García, informó que 56 elementos escoltan a Cabeza de Vaca, al ex secretario General de Gobierno, César Augusto “Truco” Verástegui; y al ex Secretario de Seguridad Pública, Capitán José Jorge Ontiveros Molina.
Mientras que Vargas Fernández dijo que el costo de la escolta de Cabeza de Vaca y un vehículo blindado a su servicio cuestan a los tamaulipecos 1 millón 100 mil pesos.
El 14 de marzo de 2017, la senadora panista Sandra Luz García Guajardo, en un punto de acuerdo exhortó a las 32 entidades federativas y en especial al Congreso del Estado de Tamaulipas, “a realizar un estudio del marco jurídico que rige el servicio de escolta de los exgobernadores y establezcan reglas que impidan el dispendio del recurso público, así como la prohibición de dicho servicio para un exgobernador que cuente con una orden de aprehensión”.
La legisladora argumentó que en “entidades federativas como Tamaulipas, existen cargos públicos que -por la naturaleza de las labores que desempeñan sus titulares- necesitan contar con escoltas que garanticen su integridad física”.
Reconoció que “tan noble práctica se ha visto viciada por acciones que han permitido que ex servidores públicos se mantengan en la impunidad. Asimismo, se ha generado un excesivo gasto público.
Ejemplo de lo anterior es Tamaulipas -estado al que represento- en donde el 2 de agosto del año inmediato anterior, el entonces gobernador Egidio Torre Cantú, en pleno conocimiento de los resultados electorales en los que se decidió optar por una nueva opción política para gobernar el Estado, envió una iniciativa de Ley al Congreso local con el objeto de dotar del servicio de escolta a ciertos ex servidores públicos, incluyendo lógicamente a los ex gobernadores del Estado, algunos que como es sabido se encuentran prófugos de la justicia”.
Recordó que dicha iniciativa recibió una aprobación “fast track”.
Y desempolvó que “el primer paso hacia la impunidad fue dado por el ex gobernador Eugenio Hernández, cuando el 10 de diciembre de 2010 -días antes de terminar su administración-envió una iniciativa al Congreso local que de igual manera fue dictaminada “fast track” por decreto del 27 de diciembre de 2010.
“Los Exgobernadores (sic) del Estado que hasta la entrada en vigor del presente Decreto no cuenten con personal de seguridad para su persona y/o su familia, se les proporcionará, previa solicitud al Gobernador Constitucional del Estado”, citó Sandra Luz García Guajardo.
Por Magdiel Hernández
EXPRESO-LA RAZÓN
