Ya en el ocaso de la anterior administración estatal y a unos meses de que concluyera su tarea la 64 Legislatura en el Congreso del Estado, la bancada panista junto a sus aliados del PRI e incluso algunos ex morenistas, presentaron y aprobaron en fast track una serie de reformas que fueron catalogadas como un blindaje al gobierno cabecista.
Unas semanas antes, había ocurrido la catástrofe electoral del PAN.
El domingo 6 de junio del 2024, perdieron la mayoría en el Congreso y el control de los municipios más relevantes del estado en términos poblacionales y económicos.
Rápidos de reflejos, iniciaron una carnicería con la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
El cambio más importante lo presentaron el 22 de junio y el 23 de junio lo aprobaron en el Pleno: modificaron el artículo 165 que precisamente detalla de qué manera pueden realizarse reformas constitucionales en Tamaulipas.
Hasta ese momento, el texto decía: “Esta Constitución podrá ser reformada y adicionada, pero para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que previamente sea tomada en cuenta la iniciativa de reformas o adición por la declaratoria de la mayoría de los Diputados presentes y que sea aprobada cuando menos por las dos terceras partes de los miembros del Congreso”.
Pero los panistas argumentaron que era necesario “fortalecer la estabilidad constitucional” y “fortalecer la participación del ámbito municipal”, para lo cual pidieron agregar un párrafo al artículo 165 en el que se exigiría que además de las dos terceras partes de los diputados, las reformas contaran con el aval de la mayoría de los 43 Ayuntamientos del estado.
Así lo intentó justificar Félix García Aguiar: “Los cambios a la normatividad constitucional son necesarios para mantenerla actualizada ante la realidad social y política; sin embargo, se debe considerar la pertinencia de que nuestra Constitución Política esté expuesta a constantes reformas, adiciones y derogaciones, pues una Ley Fundamental muy cambiante, puede generar inseguridad jurídica que impacta las normas fundamentales que rigen la convivencia social. Lo anterior, demanda más mecanismos que garanticen y protejan la Constitución y, por consiguiente, los derechos”.
Claro, de eso se dieron cuenta a cinco años de gobierno cabecista, y a unos meses de concluir el último periodo de esa Legislatura.
De esa misma época post derrota electoral datan otras reformas constitucionales como la que aplicó un doble blindaje a Cabeza de Vaca para que la siguiente legislatura no pudiera reabrir el caso del desafuero, o la asignación de seguridad vitalicia para el gobernador y sus funcionarios más cercanos.
Ayer la Comisión de Estudios Legislativos aprobó por unanimidad -no se presentaron los diputados del PAN- dar marcha atrás a la reforma del 2021 y dejar el artículo 165 con su redacción anterior.
Hasta donde se sabe, hoy mismo se subiría al Pleno donde Morena necesitaría 24 votos.
No será fácil conseguirlos, pero tampoco imposible.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
