Aunque desde el 2015 el delito de tortura ha generado en Tamaulipas al menos 1,389 averiguaciones previas y carpetas de investigación con 2,139 víctimas, el Poder Judicial del Estado no tiene registro de alguna sentencia por ese delito.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones a diversas corporaciones de seguridad federales y estatales, luego de documentar y comprobar algunos casos.
Son principalmente elementos del Ejército Mexicano, Marina, Policías Estatales, Ministeriales y custodios, los acusados de diversos actos de tortura, según consta en las denuncias interpuestas.
Golpes, descargas eléctricas, insultos, gritos, asfixia, violaciones sexuales y amenazas de muerte, son parte de los “instrumentos” utilizados por los perpetradores de los actos violentos y de tortura, tal como lo documentó la CNDH al girar la recomendación 18/2021 a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible tortura a dos ciudadanos por parte de la Policía Federal Ministerial de Tamaulipas Los hechos habrían ocurrido en enero del 2015, según denunciaron dos hombres, que habrían sido detenidos en sus domicilios, golpeados entre siete u ocho personas vestidas de civiles, quienes les arrojaban agua y les colocaron “una chicharra” (instrumento para dar descargas eléctricas) en el año y el pene, con lo que pretendían obligarlos a confesarse integrantes de un grupo delictivo.
En ese año (2015), las denuncias por el delito de tortura en Tamaulipas sumaron 181, un año después se recibieron en las agencias del Ministerio Público 233, de las que nueve fueron archivadas. En el 2017, las autoridades recibieron 210 denuncias y un año después el número disminuyó a 180.
Ya en 2019 el número de denuncias interpuestas por tortura aumentó a 464, luego un año después se registra una disminución en las denuncias y en 2021 apenas sumaron 60 y un años después en 2022 fueron 74 las querellas. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tiene registro de al menos 30 casos de personas migrantes que denunciaron tortura, señalando en todos los casos a policías estatales.
Aunque mayormente se trata de ciudadanos guatemaltecos, también hay registro de cinco norteamericanos, hondureños y un nicaraguense que denunciaron tortura en 2019, 2020 y 2022, tratándose mayormente de personas jóvenes entre 18 y 40 años.
En respuesta a una solicitud de información, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que durante el 2021, la unidad especializada para investigar el delito de tortura, estaba integrada con 15 funcionarios. Una titular del área, seis agentes del Ministerio Público, dos actuarios ministeriales, tres auxiliares administrativos, tres policías investigadores, sin contar dentro de su personal con psicólogos o médicos generales o especialistas en algunas ramas como ginecología.
Por tanto, y tal como se responde a otra solicitud de información, no se practican peritajes especializados de médico-psicológicos para la documentación de secuelas de posible tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID).
La falta de personal y la carga de trabajo, podría ser una de las causas por las que este tipo de delitos pareciera quedar en la impunidad, al menos en el estado, donde a respuesta a una solicitud de información, el Poder judicial de Tamaulipas respondió que del 2015 al 2021, no se cuenta con sentencias absolutorias o condenatorias por el delito de tortura.
Los registros de la Comisión Estatal de atención a Víctimas dan cuenta, que en 2021 se brindó acompañamiento a través de un asesor jurídico a 123 personas víctimas de tortura, de las que 14 se trató de mujeres y cuatro menores de edad.
Algunos casos de tortura han quedado registrados y son investigados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitiendo algunas recomendaciones para las dependencias involucradas.
Una de ellas, la 90/2021 sobre el caso de violaciones a derechos humanos a la vida por uso excesivo de la fuerza, que derivó en la muerte de 12 personas en Nuevo Laredo, por parte de elementos del Ejército, pero donde también se menciona a la Fiscalía del Estado por la indebida procuración de justicia.
Otra más, la 37/2020 fue dirigida a la Sedena por la ejecución extrajudicial de nueve personas a la altura del kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, en hechos ocurridos el sábado 3 de septiembre del 2016, recomendación que está en trámite, ha sido aceptada con pruebas de cumplimento parcial.
En 2021 la recomendación 41/2021, fue dirigida a la Secretaría de Marina, al acreditar las violaciones a los derechos humanos de una persona víctima de detención arbitraria, retención arbitraria y tortura en Matamoros.
El 29 de septiembre del 2017, la víctima narró que 12 marinos lo detuvieron cuando iba a casa de su madre, lo golpearon, amenazaron con privarlo de la vida, lo obligaron a inhalar cocaína y realizar cuatro disparos al aire. Además de violencia física, ejercieron tortura psicológica, pues lo amenazaron con “tablearlo” y “violar a su esposa”, hasta que fue llevado a la entonces Procuraduría General de Justicia de Reynosa.
Algunas recomendaciones giradas tienen que ver con agresiones sexuales, una de las formas de tortura usadas para ejercer tortura a sus víctimas, como la registrada con el número 29/2016 contra personal castrense en Nuevo Laredo, registrada en las mismas instalaciones del Ejército en esa ciudad. Una de las recomendaciones, la 16VG/2018, fue girada contra el Ejército Mexicano, por violaciones a derechos humanos y actos de tortura, incluidos agresiones sexuales, asfixia, golpes, amenazas y privación de acceso a la justicia en contra de nueve elementos militares, uno de ellos de Tamaulipas.
Los hechos habrían ocurrido el 31 de julio del 2011 en Nuevo Laredo, en agravio de un elemento castrense, quien explicó que al salir de casa de su novia a las 5:00 horas, se encontró con soldados, quienes lo abordaron y le preguntaron si los estaba vigilando.
Sus compañeros lo golpearon con un bate de aluminio y un martillo en la cabeza y el cuerpo durante varias horas, siendo vendado de los ojos y trasladado a un lugar donde la tortura y los golpes con cascos militares, puños y puntapies, además del bate de metal, continuaron por más de ocho horas, tiempo en el que narra, perdió el conocimiento en varias ocasiones, hasta que fue presentado ante el agente del Ministerio Público, siendo acusado de ser un criminal.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), en México se ha comprobado que la tortura es una práctica recurrente y generalizada, utilizada como método de investigación y obtención de confesiones, así como la fabricación de culpables.
Tan solo en 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, ha documentado 78 quejas de violaciones a derechos a derechos humanos donde se incluye la tortura.
Todas las quejas son de personas que han sido detenidas y se encuentran recluidas en penales estatales y federales, donde se acusa a elementos de la policía estatal, investigadores, jueces, defensores públicos, entre otros.
POR PERLA RESÉNDEZ