La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dio señales de vida y anunció ayer la vinculación a proceso del ex Secretario de Educación, Mario “G”.
Abundarán interpretaciones sobre la actuación de dicha fiscalía, que ha dado múltiples motivos para ser cuestionada.
Pero en este caso, lo importante está mucho más allá del zigzagueante comportamiento del Fiscal, lo trascendental es que se trata de la primera acción concreta de la justicia contra un ex funcionario relevante de la anterior administración.
No es menor que el primer procesado por presuntos casos de corrupción sea Mario “G”, un orgulloso integrante del grupo Reynosa, que gobernó el estado durante seis años, y sembró amigos en las posiciones de mayor responsabilidad financiera.
El ahora procesado, por ejemplo, fue nombrado Secretario de Educación, luego de haber ocupado la Subsecretaría de Administración de la SET.
Muchos años antes había sido Secretario de Servicios Administrativos en el Ayuntamiento de Reynosa, durante el trienio de Cabeza de Vaca, con quien guarda parentesco político.
Durante su paso como subsecretario en la SET, habría cometido los presunto delitos que le imputa la Fiscalía: Peculado y Ejercicio Ilícito de Servicio Público.
A Mario “G” se le acusa de haber desviado 8 millones de pesos.
¿Cómo lo hizo? a través de la contratación de una aseguradora a la que le cobró una cuota que fue a parar a sus bolsillos.
Es aquí donde el caso cobra relevancia, pues vale recordar que el año pasado se destapó una estafa a gran escala que involucró la adquisición de seguros en diferentes Secretarías Estatales, donde se descontaban los recursos a los trabajadores, pero no se pagaban las pólizas.
Por estos hechos se responsabilizó en aquel momento a la compañía reynosense, Consultoría Internacional de Seguros y Fianzas S.C.
El contrato con la broker sospechosa fue firmado el 9 de enero del 2022 por el Secretario de Administración, Jesús Salazar Anzaldúa y el apoderado legal de la Secretaría de Salud, Víctor Girón Dimas, además del apoderado de la empresa, Héctor Francisco Martínez Portilla, y por esos hechos se giraron órdenes de aprehensión contra el propietario de la empresa y una empleada.
Se sabe que este modus operandi se utilizó en muchas dependencias estatales, empezando por la Secretaría de Salud, pero también en Seguridad, y ahora se sabe, en Educación.
Por lo pronto, Mario “G” ya está vinculado a proceso gracias a la denuncia que interpuso la Secretaría de Educación de Tamaulipas tras la llegada del nuevo gobierno.
Ahora tiene prohibido salir del país y acercarse a las instalaciones de la SET; además tendrá que presentarse a firmar de manera periódica, mientras se lleva a cabo el proceso, con un plazo de 90 días, hasta el 30 de noviembre, para que se concluya la investigación.
Es probable, si la indagatoria va en serio, que el caso del ex Secretario sea apenas la punta de la madeja.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
