Las candidatas a la Presidencia de la República están definidas y con ello los primeros pasos hacia junio de 2024. Faltan más. Pero el más importante es si el resultado que las elecciones del año próximo nos habrán de ofrecer afectaría la naturaleza del nuevo gobierno. Esta cuestión no se había presentado. Desde 1824 vivimos el esquema republicano.
Partiendo del fusilamiento de Agustín de Iturbide, buen cuidado tuvieron los fundadores de Estados Unidos de asegurar que en América no se adoptasen las viejas formas europeas, sino la nueva republicana. De ello se encargaría el omnisciente ojo vigilante desde su masónica pirámide.
La única monarquía, la de Brasil, fue efímera. A las repúblicas quedaba la lucha entre centralistas o federalistas. México las ensayaría con las armas en el siglo XIX. Triunfaría el federal. Los tiempos han cambiado.
Hoy, muchas visiones del mundo quedaron atrás con sus respectivos parámetros sociales que moldeaban la cotidiana vida personal, familiar y colectiva.
En lo internacional, el proceso de descolonización que siguió a la II Guerra Mundial revolucionó las relaciones entre los países desarrollados y el entonces llamado tercero.
En 1964, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) marco un hito histórico al citar a todas las partes a establecer nuevas bases para reconocer atrasos y agravios seculares y para encauzar vías de equidad y justicia.
En México acumulábamos años de desequilibrios económicos y jurídicos que hoy en día crean desigualdades que lastran nuestro desarrollo. Si queremos continuar el progreso obtenido hay que ajustar parámetros que atiendan necesidades que hoy se presentan con circunstancias y ritmos acelerados que no había manera de prever.
El crecimiento de la población a dimensiones y proporciones muy diferentes a las realidades socioeconómicas que hasta ahora hemos vivido apenas hace 50 años.
Aparecen nuevas relaciones del ciudadano cuya atención es inaplazable. La posibilidad de atender los retos actuales y retomar el ritmo de avances obtenidos requiere modular reglas para un reparto genuinamente participativo y equitativo de trabajo y las ganancias.
La centralización en una sola persona es el camino que asegura atar el destino del país al inevitable fracaso del líder. La administración de Morena desde 2018 tiene el declarado propósito de realizar los ajustes que se requieren transformando nuestra sociedad en un escenario de seudosocialismo que resucita ensayos fracasados de hace varias décadas en Tabasco y Yucatán.
La diferencia de enfoques entre lo que estaba en marcha y el programa de transformación es diametral, como está claro en el contraste entre la posición neoliberal que expresa un capitalismo empresarialista frente a la de la propuesta inspirada en la concepción de la inevitable lucha de clases de la ortodoxia marxista-leninista proclamada en 1917.
La ideologización de ambas posiciones ha cristalizado las opciones impidiendo una equilibrada solución a un dilema que obliga a un enfrentamiento que traba, en lugar de facilitar, una concertada solución.
De hecho, las izquierdas en México, como en varios países con los que tenemos relaciones activas, propician la expansión del narcotráfico en que, por cierto, las mafias mexicanas dedicadas a robos, muertes, secuestros y feminicidios son predominantes en todo el mundo.
Para lograr lo anterior, el Presidente de la República se dedicó a dividir a la población de México entre los que están o no a favor de su programa de Cuarta Transformación.
Los resultados cosechados hasta la fecha son lamentables. La política de tolerancia a las mafias y la delincuencia sin frenos ha producido un complejo de redes criminales que abarcan dos terceras partes de la República bajo sus órdenes.
Esta vergonzosa situación, de la que AMLO es el único responsable y que es base suficiente para indiciarlo judicialmente, fue claramente descrita por el presidente colombiano en la reciente reunión internacional en Cali sobre drogas.
No porque las administraciones anteriores hayan caído en las garras de la corrupción propiciando el estado actual en que nos encontramos debemos, en la profundidad de la coyuntura actual, aceptar que continúe la situación. La institución constitucional de los programas de renta universal ha sido un acierto que ha fortalecido el poder de consumo de economía mexicana.
La administración de AMLO ha hecho que toda la población esté atenta a la puntualidad de los programas sociales con evidente intención electoral. Pero lo que es importante es entender el papel que tiene el gobierno de asegurar condiciones favorables a la producción.
La falta de un apoyo simultáneo a las actividades de producción, particularmente a las miles de pequeñas y medianas industrias, debilitó la economía nacional, al grado de depender básicamente de las exportaciones de las grandes empresas de fuerte presencia de capital extranjero.
El propósito de AMLO de montar un Estado en el que sólo valga la opinión del jefe se hace cada vez más claro a medida que se acerca el último tramo del sexenio.
Como complemento a su intención de anular las funciones de las entidades que componen el gobierno, amanecemos con que el Grito de Independencia tradicional que se dio anoche excluyó la presencia de los miembros de los poderes Legislativo y Judicial.
La ilegal decisión de López Obrador es la más reciente prueba de la urgencia con que el país por entero tiene que asegurarse de que la 4T quede como lamentable recuerdo.
