El enfrentamiento entre un grupo de habitantes de un municipio del Estado de México con delincuentes, en el que hubo 14 muertos y varios heridos de bala, nos recuerda que cada día, millones de personas en este país deben lidiar con la impotencia que provoca la impunidad con la que actúan los criminales.
En Texcaltitlán, los residentes se hartaron de las extorsiones y decidieron poner un alto a las exigencias de los trasgresores de la ley. Hubo balazos y ataques con machetes y demás armas blancas.
Aunque desde el punto de vista legal es un acto que debe sancionarse, desde la óptica de los ciudadanos cansados por tanta impunidad tolerada y alentada por las autoridades federales, se explica la reacción social. No se justifica, pero se entiende.
Las cifras oficiales que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y que recopilan lo mismo organismos no gubernamentales como empresas dedicadas a la elaboración de análisis sobre el contexto actual y escenarios futuros, señalan que la violencia prohijada por la impunidad es el principal problema en este país.
Sí, la corrupción en esferas públicas y privadas. Sí, la falta de empleo para todos y particularmente. Sí, la crónica falta de medicamentos en hospitales públicos. Sí, la insensibilidad para atender a mujeres que sufren por la violencia y ha hecho aumentar el número de feminicidios sin castigo.
Sí, también es un problema la incapacidad oficial para resolver el problema del robo de combustibles en ductos de Pemex. Sí, también, la falta de castigos a los corruptos de ayer -sí, esos del PRIAN-, como a los de hoy, los de la nada impoluta Cuatroté.
Pero indudablemente, la mayor preocupación y motivo de cansancio de la gente es la actuación de los delincuentes que en bandas grandes, medianas o individualmente, prácticamente tienen asolado el territorio nacional con sus actividades.
Es absurdo: En el país en el que un gobierno que se asume como de izquierda sin serlo, en el México en donde los militares tienen control administrativo y económico de las principales instalaciones y actividades estratégicas -puertos, aeropuertos, carreteras, aduanas y la vigilancia a través de la Guardia Nacional-, por citar algunos- la violencia sigue imparable y en numerosos casos, creciendo.
Lo ocurrido en Texcaltitlán ya había pasado antes en Michoacán, cuando en el gobierno de Peña Nieto decidió apoyarse a las llamadas autodefensas, que no eran otras cosas que grupos de habitantes de comunidades afectadas por la acción de los delincuentes, para enfrentar a los criminales. Las cosas no resultaron como se esperaba.
Ahora, el hartazgo ciudadano está ahí, aunque aletargado en los casos donde la población prefiere voltear hacia otro lado, decide extender la mano para recibir la beca, la pensión o el dinero que regala el gobierno, antes que exigirle masivamente que cumpla con su responsabilidad de garantizar la paz y tranquilidad de la población, que es finalmente una de las principales obligaciones del Estado mexicano.
Cualquiera desde el lado del oficialismo, ya sea por simpatía o por encargo, puede argumentar que eso que vivimos es una herencia maldita del pasado neoliberal que dejaron los gobierno del PRIAN.
También, dirán que los abrazos son mejores que la aplicación de la ley, pero la realidad, esa que viven millones de mexicanos desde el norte al sur y de la montaña a la costa, del más apartado pueblo a la ciudad más poblada, esa realidad golpea en el rostro y escupe sus cifras vergonzosas.
Para ellos, los números oficiales, esas que recogen las propias autoridades y las ponen a disposición de quien quiera verlas e interpretarlas, nos dicen que las cosas no van bien. Es más, estamos peor que en gobiernos como el de Calderón, al que Andrés Manuel y sus simpatizantes han tachado como el más violento.
Un reporte elaborado por la consultora TResearch, sobre la violencia en México durante el actual gobierno, con datos del secretariado Ejecutivo del SNSP señala que hasta el inicio de esta semana, con López Obrador se habían registrado 174 mil 166 homicidios dolosos, lo que da un promedio de 95 cada día. Es decir, cada 15 minutos, una persona ha sido asesinada en México.
Esas cifras son frías y dicen claramente que el gobierno de Andrés Manuel es el más violento en lo que va del siglo. Es en el que más claramente se nota la incapacidad o indolencia -o ambas- en su responsabilidad de garantizar la seguridad de la población.
López Obrador, el acérrimo crítico de Calderón y de Peña, de Salinas y de Zedillo, es quien está entregando los peores resultados en materia de seguridad que todos los presidentes que ha calificado como neoliberales en el último medio siglo. No es cosa menor.
El fracaso de la estrategia absurda de tolerar la actividad delincuencial, cualesquiera que sea, ha alentado el aumento de los índices de violencia, homicidios y toda clase de acciones criminales. La estulticia que caracteriza a López Obrador en su postura de no aplicar la ley a los grupos que generan violencia es lo que nos ha llevado a donde estamos.
Sí, esto existía antes, pero ahora está más acentuado, es más alarmante que antes, porque ahora ni los militares pueden contener -o no han recibido la instrucción- para acabar con ese grave problema. Ahora, a diferencia de los gobiernos “neoliberales” y “conservadores” como dice Andrés Manuel, las cosas están peor en seguridad.
Las desapariciones, los secuestros, los homicidios dolosos y toda clase de delitos que a diario se cometen y quedan impunes, nos lo recuerdan.
Y también nos dicen, infortunadamente, que la mayor parte del país está bajo control de los delincuentes, mientras en el gobierno se empeñan en pelear con un monstruo imaginario de mil cabezas al que lo mismo le ponen los adjetivos de neoliberal, conservador, fifi, emisario del pasado, machuchon o el que se le ocurra al Presidente.
POR TOMÁS BRIONES
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