La derecha opositora encabezada por el empresario Claudio X González ha jugado su papel de manera ortodoxa primero descalificando las acciones del gobierno del Presidente López Obrador y haciendo predicciones de fracaso en materia de finanzas y políticas públicas, argumentando falta de pericia del gabinete y de sustentabilidad en la consecución de sus metas.
El segundo paso fue la organización de la alianza política y electoral del PAN, el PRI y el PRD, lo que es un verdadero logro en sí mismo, dado el carácter irreconciliable de las posiciones de quienes surgieron históricamente para oponerse al PRI, como sus ahora socios, el PAN y el PRD.
Los empresarios, la sociedad civil y esa alianza electoral, rechazaron activamente la revocación del mandato, se opusieron a la Reforma Electoral Constitucional, convocaron y realizaron grandes manifestaciones y obtuvieron los votos necesarios en el Congreso de la Unión en el 2021 para evitar que Morena lograra la mayoría calificada para aprobar las reformas propuestas.
Se opusieron absolutamente a la promulgación del Plan B que consistió en aprobar por mayoría simple reformas a cuatro leyes a las que obstruyeron mediante la demanda de juicios de inconstitucionalidad y juicios de amparo. También lograron ese objetivo de impedir la vigencia de las reformas aprobadas. Es importante señalar que ha habido una negativa sistemática de la oposición a dialogar y llegar a acuerdos con los legisladores de Morena.
Hay que agregar a esta historia de desencuentros un nuevo capitulo que tiene que ver con la elección de un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que la oposición en el senado se ha negado a concurrir para llegar a un consenso sobre quien de las propuestas enviadas por el Presidente podrá sustituir al ministro faltante, por lo tanto será el Presidente el que hará ese nombramiento.
Lo que sigue es que Claudia Sheinbaum la candidata con la mayor intención de voto, 60% según la Encuesta de Encuestas de Oraculus, y la alianza Seguiremos Haciendo Historia, Morena-PT-PVEM, convoquen a partir de marzo de 2024 al Plan C, que consiste en no dar ni un solo voto a los candidatos de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México. El objetivo fundamental de esa estrategia electoral es obtener las senadurías y diputaciones necesarias para tener mayoría calificada en el Congreso de la Unión y poder aprobar las reformas necesarias parta dar viabilidad a los objetivos del régimen de Morena y sus aliados.
Como se ha anunciado se reformarían algunas instituciones como el INE y el CONACYT, el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral y desaparecerían el INAI y la COFECE, entre otros. Cabe decir que la democracia cristiana en America ha sido muy consistente en convertir al Poder Judicial y las Procuradurías de Justicia en sus bastiones de lucha. Tal es el caso de la Suprema Corte de los Estados Unidos en la que Donald Trump logro la mayoría que se ha encargado de revertir fallos históricos y amaga constantemente al gobierno de Joe Biden con sentencias que obstruyen el trabajo del Gobierno.
Lo mismo ha sucedido en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y recientemente en Guatemala en donde las izquierdas han sido víctimas del uso perverso de los tribunales para amagar a la izquierda y en algunos casos como el de Lula da Silva, Dilma Ruseff y Pedro Castillo, llegaron a ser encarcelados.
El inicio en México de la campaña electoral a principios de marzo podría ser el tiempo propicio para que el partido en el poder y la oposición hicieran un acuerdo de civilidad y respeto, antes de llegar al punto de no retorno en que se presentaría la verdadera polarización en nuestro país. Sin no hay acuerdo político y el Plan C tiene éxito, el dialogo cederá el paso al mayoriteo legislativo.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
