Según cifras oficiales, en México existen 54 millones de personas que sufren pobreza moderada y 21 millones sobreviven de milagro en los asentamientos urbanos y rurales.
Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún programa institucional que brinde resultados efectivos contra la miseria –que es uno de los males sociales que al paso del tiempo se ha vuelto crónico–, aun cuando esté en apogeo la cruzada contra el hambre.
La desigualdad entre los segmentos poblacionales es notable.
Por una parte, se encuentra la minoría que vive las mieles del primer mundo y la civilización; y en la base piramidal se localizan ejércitos de pobres que no alcanzan a satisfacer sus necesidades elementales de vestido, vivienda, empleo y alimentación.
En el mejor de los casos –y de acuerdo a informes del Banco Mundial (BM)–, las personas pobres en forma moderada viven con menos de dos dólares al día; algo así como 26 pesos.
El organismo también establece que las diferencias por país son generalizadas y se reflejan en aspectos como las desigualdades en ingresos, étnicas, regionales y la diferencia de acceso a los servicios básicos.
Por décadas –y pese a las ‘buenas intenciones’ de los hombres y mujeres que han arribado al poder y se han comprometido a combatir este flagelo–, el fenómeno continúa y eventualmente se agudiza.
No hay discursos de políticos o autoridades del partido que se trate –izquierda, derecha, centro–, que no aluda al compromiso histórico de combatir la pobreza, sin que ello pase de ser una estrategia de imagen pública o parte de la retahíla de argucias para disfrazar el ignominioso enriquecimiento de algunos cuantos privilegiados.
La visión asistencial del actual Gobierno federal se ha convertido en un esquema obsoleto e insuficiente para atacar el problema de raíz, ése a la repartición de recursos en distintos sectores.
Impacto macroeconómico
De acuerdo con la opinión de especialistas, la pobreza debe ser abordada de manera integral, impulsando el desarrollo sustentable que parta de las condiciones específicas de cada región o comunidad y considere tanto aspectos económicos, ambientales y sociales, como el establecimiento de una gran alianza cuyos autores centrales sean los afectados, el gobierno y la iniciativa privada.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sostiene que, si se busca superar la pobreza estructural, los programas que alientan la producción y el empleo locales tendrán efectos más sostenibles que los que reparten alimentos y recursos.
Ahora bien, pese a que organismos internacionales clasifican a México dentro de las primeras 20 economías del mundo, esto no se refleja en la disminución de la pobreza. Los avances macroeconómicos no impactan a los hogares de millones de compatriotas, que cada día que pasa ven disminuidas sus posibilidades de superación.
Hay evidencias que demuestran que los planes productivos nacidos en las esferas del Gobierno federal no han dado los resultados establecidos; sobre todo porque se diseñaron desde el escritorio y los que se ejecutaban con anterioridad –algunos aún aplican–, tienen una cobertura limitada que las más de las veces ahondan la problemática en el mediano y largo plazo.
Otro de los factores que contribuyen a convertir en un mal endémico la pobreza son la crisis económica, la imposición de programas, la falta de continuidad en los que resultan viables, la mala distribución del ingreso y las profundas asimetrías que persisten en el país (regiones y grupos sociales).
El crecimiento poblacional –alrededor de 130 millones de habitantes en este 2023–, aunado al abandono de la rectoría del Estado de importantes áreas de apoyo social y la restricción presupuestal hacia el combate a la pobreza se suman al fracaso para combatir la miseria.
Igual que los rezagos sociales como el desempleo, el empleo inestable y el consecuente deterioro del poder adquisitivo.
Trabuco añejo
El problema que nos ocupa es muy complejo, ya que está ligado al crecimiento de la economía y a las políticas sociales que implementó el régimen de Andrés Manuel López Obrador; así como a la organización y participación que debieron tener otros actores del Gobierno federal en la superación de esta problemática que se ha convertido en un lastre histórico y amenaza la seguridad nacional de no ponerse atención al mismo, como bien lo han advertido algunos estudiosos del fenómeno.
De ahí la urgencia de que el presidente fortalezca y renueve a las instituciones relacionadas con la problemática social, a fin de que éstas den respuestas a las necesidades del pueblo y a la vez reduzcan las desigualdades que aún genera su modelo de transformación.
POR JUAN SÁNCHEZ-MENDOZA
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