“Más de 50 millones de mexicanos no tuvieron acceso a los servicios de salud pública en 2022, 30 millones más que los del 2018”, no es una frase de campaña política, ni un simple posicionamiento en el debate legislativo, sino son datos que se dieron a conocer hace algunos meses por el Coneval.
Además, el Inegi informó que en 2022 murieron 847 mil 716 personas, principalmente de enfermedades del corazón (200 mil 23) y de diabetes mellitus (140 mil 729). Según consta en las Actas de defunción, 79.4% (673 mil 131) contó “con atención médica”, 13.9% (117 541) “no tuvo atención médica” y 6.7% (57 mil 44) de los casos fue “no especificado”.
Sin lugar a dudas, a partir de estos datos, se puede deducir que uno de los peores fracasos del presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio será el de la política en materia de salud. La buena noticia es que, por fin, para 2024, va a ejercer un presupuesto extraordinario de 970 mil 552 millones de pesos (10.7% del gasto). La mala noticia es que 40% de esos recursos serán para salarios y 12 mil 151 millones serán para la construcción de hospitales (Imco) que, dudosamente, logrará concluir en los pocos meses que le quedan de su gobierno; además de tiempo para implementar un cambio exitoso en materia de salud o en cualquier otro tema estructural, se necesita voluntad política y visión democrática para impulsar la coordinación entre las diferentes instituciones federales y los tres niveles de gobierno, cosa que no hizo el Presidente ni cuando estábamos en pandemia.
Por el contrario, no sólo tomó la decisión de presupuestar un gran monto de recursos para el IMSS-Bienestar y disminuir los del ISSSTE, Salud y FASSA, sino que, además, los legisladores de su partido acaban de aprobar reformas a la Leyes de Coordinación Fiscal y la General de Salud, para que los gobiernos estatales que suscriban convenios de coordinación con IMSS-Bienestar dejen de percibir los recursos de origen federal destinados a la prestación gratuita de servicios de salud (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud), concentrándolos desde el propio Presupuesto de Egresos de la Federación, y con ello se deslinden las y los gobernadores de la responsabilidad de procurar los servicios de salud pública.
Por si fuera poco, el 13 de diciembre, el presidente López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación con el cual expide el nuevo Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, donde elimina la participación de las instituciones educativas, comunidad médica y expertos del tema de salud, por ejemplo, queda excluido como vocal titular el rector de la UNAM y como vocales generales los representantes de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, el Conacyt y la Secretaría General Ejecutiva de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior AC, además de las academias, también excluye a los colegios médicos (pediatría, enfermería y salud pública).
Recordemos que el Consejo de Salubridad General es un órgano ejecutivo de carácter técnico, conformado por titulares de diferentes instituciones del Poder Ejecutivo a nivel federal y estatal y actores externos que aportaban sus conocimientos para la creación de la política pública en la materia y para enfrentar coyunturas de crisis como la de la pandemia de covid-19, y fue precisamente a partir de este problema que los actores externos se convirtieron en un estorbo para la Secretaría de Salud y para el propio Presidente que no toleró los cuestionamientos a sus decisiones para enfrentar la crisis.
La exclusión de actores externos al interior del Consejo es una decisión que garantiza la secrecía que requiere el autócrata Presidente para ejercer ese gran presupuesto que se procuró para los meses finales de su gobierno, pero afecta a millones de mexicanos que seguirán enfrentando la falta de una buena política pública en materia de salud.
POR RUTH ZAVALETA
