TEXAS.- Una corte de apelaciones en Estados Unidos bloqueó de última hora anoche la implementación de la Ley SB4 de Texas que permitiría al Gobernador Greg Abbott arrestar y encarcelar a personas sospechosas de estar presentes en su territorio de forma indocumentada.
Ocho horas después de que la Suprema Corte de Justicia resolvió que la legislación podía entrar en vigor durante el tiempo que dura el litigio en cortes inferiores, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans volvió a colocar el bloqueo tal como buscaba la Administración demócrata de Joe Biden.
La corte de apelaciones celebrará hoy una audiencia para analizar la Ley.
La legislación también permite a los jueces de Texas ordenar a los migrantes indocumentados a que regresen a México como alternativa a la detención creando efectivamente un sistema de deportación de facto.
“Todavía tenemos que tener audiencias en la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito. Pero esto es claramente un avance positivo”, dijo ayer el Gobernador Abbott en su cuenta de la red social X.
Aprobada en noviembre pasado por la legislatura estatal texana, la Ley SB4 colocó a Abbott en directa colisión con el Gobierno federal, pues, históricamente, las cortes estadounidenses siempre han considerado que la regulación de la migración y las fronteras de Estados Unidos es potestad única de Washington.
Ayer mismo, la minoría liberal en la Suprema Corte encabezada por la jueza Sonia Sotomayor expresó que la aplicación de la Ley SB4 sembraría caos en el terreno y que pone en peligro las relaciones de Washington con México, desde donde cruzan migrantes indocumentados diariamente a Texas.
“Texas ahora puede hacer cumplir inmediatamente su propia ley que impone responsabilidad penal a miles de no ciudadanos y exige su expulsión a México. Esta ley alterará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución”, dijo Sotomayor por la mañana.
De acuerdo con las estimaciones más recientes del Migration Policy Institute, la población de migrantes indocumentados presente en Texas sumaba alrededor de 1.73 millones de personas en 2019, de los que dos terceras partes -alrededor de 1 millón 100 mil personas- serían nacionales de México.
Organizaciones a favor de los derechos civiles y legisladores demócratas alertaron por potenciales actos de discriminación contra la población hispana en Texas que representa 11 millones de los casi 30 millones de habitantes de la entidad.
“La Ley SB4 probablemente llevará a violaciones masivas de los derechos civiles”, dijo el congresista demócrata Joaquín Castro.
La SB4 otorga a los agentes de policía locales y estatales la capacidad de detener y arrestar a cualquier persona sospechosa de haber cruzado la frontera irregularmente, excepto en escuelas, hospitales y lugares de culto.
La ley contempla desde delitos menores hasta delitos graves, que pueden ser castigados con multas que pueden llegar a US$2,000 o condenas de hasta 20 años de prisión.
La máxima pena se estipula para quienes reingresen irregularmente a Texas después de haber sido deportados, dependiendo de los antecedentes penales y migratorios de la persona.
La SB4 se convirtió en ley en diciembre e inicialmente debía entrar en vigor el 5 de marzo.
Cuando firmó la ley, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo que era necesaria debido a la incapacidad del gobierno de Biden para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada irregular al país.
“La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte”, aseguró.
La normativa ha sido rechazada por organizaciones de defensa de derechos humanos, que advierten que podría ser usada como un instrumento de discriminación, y también por el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por considerarla “antiinmigrante”.
Por Staff
Expreso-La Razón
