En medio de las campañas federales, y a dos semanas de que comience la competencia por las alcaldías y diputaciones locales, la tensión se ha intensificado en dos municipios fronterizos donde los candidatos enfrentan problemas con la justicia.
De fondo, en la lucha por el poder de Matamoros y Reynosa, está la obsesión de dos clanes políticos que aspiran a perpetuarse al frente de dos de los ayuntamientos con mayor presupuesto de Tamaulipas. Reynosa es quizá el caso más ejemplar.
Ahí, la familia Peña Ortiz busca por todos los medios asegurar otros tres años en la Presidencia Municipal, lo que le garantizaría 12 años en el ayuntamiento, un periodo inédito en la historia moderna de la democracia tamaulipeca.
Esa historia comenzó en el 2016, cuando Maki Ortiz ganó la elección para la alcaldía de Reynosa por el PAN. Venía de haber fracasado en su intento por ser la candidata a la gubernatura de Tamaulipas, y la postulación para el ayuntamiento fue el pago que recibió por admitir la nominación de Francisco García Cabeza de Vaca, su ex compañero en el Senado.
Ya se sabía entonces que su principal soporte al interior de Acción Nacional era su relación con Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues había sido subsecretaria de Salud durante su sexenio.
Maki no despreció la candidatura para la alcaldía de Reynosa porque apenas un año antes se había aprobado la reelección por un periodo para las presidencias municipales.
Así, con la inercia política a favor del panismo, en el 2018 ganó la elección por pasar tres años más al frente del municipio. Desde ese momento, empezó a trabajar para heredar el poder a su primogénito, Carlos Peña Ortiz a quien había nombrado al frente del DIF municipal.
El problema es que su relación con el PAN estatal estaba rota por el enfrentamiento político que protagonizó contra los hermanos Cabeza de Vaca que ya tenían apartada la candidatura del 2021 para un integrante de su grupo cercano: Jesús María Morena, “Chuma”.
Con las puertas cerradas en su partido, Maki puso la vista en la 4T. Durante su paso por el Senado había sido una dura crítica del movimiento obradorista; en alguna participación en la tribuna, cuando su misión era defender a Felipe Calderón, llegó a decir: “Que nos quede claro que sí, efectivamente Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México”.
Pero sus opiniones sobre el trabajo de AMLO cambiaron súbitamente y ahora se había convertido en una impulsora férrea de su legado político. Muy pronto se supo por qué: un 20 de marzo del 2021, en medio de un fin de semana largo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que su candidato para la alcaldía de Reynosa, sería Carlos Peña Ortiz, lo que desató la inconformidad de la militancia morenista que aún hoy, tres años después, reclaman a su partido el haber abierto las puertas a la familia Peña Ortiz que ahora se niega a dejar el poder.
El hijo de Maki fue confirmado el 5 de marzo como candidato de la coalición “Sigamos haciendo historia” a la alcaldía de Reynosa.
Mario Llergo, ahora ex delegado de Morena -duró apenas un par de meses en esa posición- lo anunció en una rueda de prensa que terminó en zafarrancho por la inconformidad de los morenistas.
Sin embargo, la designación de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por supuestamente haber salido mejor posicionado en las encuestas no sería suficiente.
Apenas esta semana se confirmó que Peña Ortiz tiene suspendidos sus derechos político electorales por el INE, a causa del proceso penal que se sigue en su contra por la compra millonaria de un terreno para el que habría utilizado recursos de procedencia ilícita.
A pesar de los citatorios que ha recibido para presentarse ante un juez, éste no ha respondido a la justicia. Ante la imposibilidad legal de competir en la elección, la familia Peña Ortiz ha buscado sin éxito algún amparo que le restituya sus derechos, al tiempo que el ex delegado morenista, Mario Llergo, quien se fue del estado tras su enfrentamiento con la dirigencia estatal por la crisis en la designación de candidatos, ha intentado defenderlo ante el Consejo General del INE.
Sin embargo, la Presidenta estatal del partido, Yuriria Iturbe, advirtió que Peña Ortiz debe enfrentar sus problemas con la justicia y en caso de que sea necesario, sustituirán al candidato. De cumplirse al pie de la letra este escenario, llegará a su fin el prolongado periodo de Maki y su hijo al frente de los destinos del municipio de Reynosa.
EL CASO MATAMOROS
El segundo municipio con el padrón electoral más grande de Tamaulipas, Matamoros, también está en medio de una tormenta político que en realidad comenzó desde hace meses con el enfrentamiento entre Mario López Hernández, el alcalde, y quien ya se perfilaba como el candidato de Morena para sucederlo, el diputado local Alberto Granados.
El presidente municipal llevó este pleito al terreno político y generó un terremoto político cuando,
ya en campaña para la diputación federal, utilizó un mitin para abrir fuego contra el recién designado candidato a la alcaldía, y contra Morena, al llamar a votar exclusivamente por el Partido Verde.
En muchos sentidos, el caso del presidente municipal apodado “La Borrega” es similar al de Maki Ortiz. Igual que su ahora compañera de partido -ella es candidata al Senado por el PVEM- aspira a perpetuarse en el poder.
Su principal enojo es que ninguno de los aspirantes que buscaba imponer para la alcaldía salieron bien calificados en las encuestas, por lo que Carlos Ballesteros y Victor García Fuentes quedaron eliminados.
El problema más grande para “La Borrega” es que durante los casi seis años que ha estado al frente del Gobierno Municipal, y en su obsesiva estrategia para permanecer en el poder, ha cometido abusos que lo han llevado a enfrentar ahora mismo problemas con la justicia.
Apenas el martes pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas (UIFE) entregó a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General de Justicia, información sobre una denuncia en su contra que data del 2020.
En abril de ese año se integró una carpeta de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra López Hernández, pues se señaló que entre 2015 y 2016, el hoy alcalde con licencia, adquirió al menos 20 propiedades, 19 de ellas en Matamoros y una en Reynosa, además de 25 caballos en los Estados Unidos, con valor de 800 mil dólares, vehículos de alta gama y la inversión 1.5 millones de dólares en infraestructura, esto ya durante su gestión como alcalde de Matamoros.
POR STAFF
