El próximo 31 de agosto cierra la 65 Legislatura, tanto en la cámara de Diputados Federales como de Senadores.
Apenas en el mes de enero, se publicó una reforma que evitaría la coexistencia de dos legislaturas a partir del mes de agosto del 2024.
En septiembre del 2023, por unanimidad se aprobó la reforma al código 65 constitucional, para corregir “el oso” que permitía tener dos legislaturas en funciones, es decir, mil diputados y 256 senadores.
Los grupos parlamentarios explicaron en ese momento que, con esta modificación que surgió del Pacto por México, y quienes recorrió al mes de agosto el inicio de la próxima legislatura, pero no acortó el término de la actual.
Por ello, los legisladores decidieron dejar ese artículo tal como estaba hasta antes de la reforma política de 2014, para que las legislaturas federales inicien funciones el primero de septiembre cada tres años.
Es decir, el próximo 31 de agosto culminan su labor legislativa tanto Diputados Federales como Senadores.
De acuerdo al Diario Oficial de la Federación, los diputados federales de la 66 legislatura, durarán en el cargo 36 meses, a partir del 1 de septiembre del 2024 y hasta el 31 de agosto del 2027.
Los senadores electos de la 66 y 67 legislatura, durarán en sus cargos 72 meses, computados a partir del 1 de septiembre de 2024 y hasta el 31 de agosto de 2030.
Quienes dejaron sus cargos legislativos a nivel federal, pero conquistaron un cargo de elección en el Congreso del Estado, estarán en un mes sin fuero, es decir, sin la protección constitucional de inmunidad.
En ese escenario se encontrarán personajes como Ismael García Cabeza de Vaca, Vicente Verastegui Ostos y el mismo Gerardo Peña.
Los tres forman parte de la lista de candidatos plurinominales del PAN y que pueden acceder al Congreso del Estado a partir del 1 de octubre del 2024, una vez que tomen protesta, muy posiblemente el 30 de septiembre de este mismo año.
Un escenario que puso el maestro Arnoldo Huerta, durante una mesa de debate que produce el Periódico Expreso, es que, habrá un mes en que, quienes brincan de un cargo federal, en este caso, al Congreso del Estado, no tendrán fuero constitucional hasta el 1 de octubre.
Las opiniones o análisis diarios, no habían reparado en lo que será este hecho y nos lleva a pensar entonces qué va pasar con el estatus jurídicos del aun senador con licencia Ismael García Cabeza de Vaca.
El senador del PAN, enfrenta una acusación por delitos federales, y quizás por ello, ni apareció durante el periodo de campaña y mucho menos en las elecciones del 2 de julio, pisó el territorio mexicano para votar.
Incluso, se mantienen los rumores de que no llegaría a tomar protesta, pero un debate más que arrojó Huerta, fue el de hasta dónde la ley permitiría que tomara protesta de manera virtual, después de que la pandemia del Covid19 permitió hacer uso de esta herramienta para muchas actividades.
Además, con estos 30 días sin fuero, la Fiscalía General de la República -FGR- tendría acción legal para poder detener a Ismael y si bien se aterrizan aspectos legales por la justicia federal, políticamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a quien, le quedará un mes como Presidente, no se le olvidan las humillaciones y persecuciones además de la guerra sucia que cometió el gobierno de Cabeza de Vaca.
Ahora bien, algunos militantes del PAN, aseguran que Ismael sí podrá tomar protesta en el Congreso del Estado, tendría fuero y lograría la inmunidad procesal.
Pero también, no descartan entonces que, en medio de los cambios constitucionales que Morena hará desde el Congreso del Estado, por tener una mayoría calificada y más, podría promover un proceso de desafuero en contra del panista Ismael.
La historia ya mostró y la misma Corte dejó firme que, el fuero constitucional te lo otorgan las autoridades locales, en ese momento, el Congreso le otorgaba fuero al entonces gobernador y como diputado local recibiría el mismo derecho.
Solo que la Suprema Corte, declaró que, serán los Diputados Locales por las dos terceras partes quienes decidan quitar el fuero a quienes cometan delitos federales y no lo podrá hacer un Congreso Federal.
De esta manera, el criterio de los Ministros es que, le dan facultades a las legislaturas locales para que sean las encargadas de resolver si continuará un proceso de desafuero contra algún servidor público del estado por delitos federales.
(El artículo 111 de la Constitución federal establece que, en primera instancia, la Cámara de Diputados determina la procedencia de un desafuero para que los congresos locales determinen si se continuará el proceso. En el artículo se establece que “los estados procedan como corresponda” —en caso de desafuero—, no hay mandato expreso de sólo acatar”.
Por cierto que, ese aval, se aprobó en marzo del 2024, y validó una reforma a la Constitución de Tamaulipas que fue impugnada a través de la acción de inconstitucionalidad 112/2021 que el PAN y el ex gobernador promovieron en la Corte en marzo del 2021.
Secuestro fue por deuda de franquicia
El secuestro del empresario restaurantero José Ventura Castillo Ramirez en la ciudad de Reynosa, surge por no haber pagado 3.5 millones de pesos por una franquicia del “El Guachinango”, propiedad de Juan González Lozano y quien murió en marzo de este año.
Pero antes, dejó el encargo a su hijo Eduardo González cobrar esa deuda a José Ventura, quien es el padre de Verónica Castillo senadora suplente electa por Morena y quien sostuvo una relación sentimental con Juan González.
Las investigaciones de la Fiscalía, descartaron que grupos delictivos estén involucrados en el caso y no es que los exculpen, solo que a nivel nacional se vino una cargada contra Tamaulipas de que la delincuencia, era el responsable de estos últimos hechos pero al menos en este evento no.
Las investigaciones están revelando hasta este momento que, el hijo del empresario Juan y quien por cierto era Director de la Oficina Fiscal de Reynosa, sería el responsable de haber planeado el secuestro de José Ventura Castillo quien se negó a pagar su deuda de 3.5 mdp.
En la audiencia con el Juez de Control, la fiscalía tendrá una carpeta de investigación robusta porque hay confesiones firmadas por parte de los involucrados en los que también se encuentra Jared Alberto Domínguez quien habría diseñado el plan para el secuestro.
POR ARTURO ROSAS H.
