Durante el espacio de la mesa de análisis, que tiene el programa “Punto de encuentro”, conducido por CLEMENTE CASTRO GONZÁLEZ y transmitido por Radio Tamaulipas, el periodista ARNOLDO GARCÍA CÁCERES junto con quien escribe estas líneas, colocamos sobre el escaparate a una instancia que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
Me refiero al Tribunal de Justicia Administrativa, que preside por segunda vez ÉDGAR URIZA ALANÍS, quien fuera representante del PAN ante el Consejo General del IETAM, presidido en ese entonces por JORGE LUIS NAVARRO CANTÚ, quien le tomó la protesta de ley durante la sesión celebrada el 28 de septiembre de 2012, justo al iniciar la etapa de preparación de los comicios intermedios del sexenio de EGIDIO TORRE CANTÚ.
Recordemos que el Tribunal de Justicia Administrativa surge de la reforma constitucional y legal en materia de combate a la corrupción, impulsada por FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, aprobada por la LXIII Legislatura.
Expedido en la sesión del 5 de abril de 2017 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de abril de este mismo año, el Decreto LXIII-152 que modificó diversas disposiciones de la Constitución Política de Tamaulipas, adicionó el articulo 153 bis para dar vida al TJA.
Junto con pegado, los Artículos Transitorios Sexto y Octavo del Decreto de marras, anunciaron la desaparición del Tribunal Fiscal del Estado, una vez que se publicara la Ley Orgánica del TJA, contemplada en la fracción LVI del artículo 58 de la Constitución local.
De acuerdo al Decreto LXIII-94, publicado el 20 de diciembre de 2016, el último presupuesto asignado al Tribunal Fiscal para el ejercicio fiscal de 2017, ascendió a $5’179,000.
“El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, será un órgano dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, así como para establecer su organización, funcionamiento, procedimiento y, en su caso, recursos contra sus resoluciones”, dispone el artículo constitucional 153 bis.
Numeral que señala la organización del TJA en tres salas unitarias, ocupadas por ÉDGAR URIZA ALANÍS (Primera), GERARDO ALDAPE BALLESTEROS (Segunda) y ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ (Tercera).
“El Tribunal tendrá a su cargo dirimir controversias que se susciten entre la administración pública estatal o municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales, por responsabilidad administrativa grave”, señala el cuarto párrafo del artículo 153 bis.
Mientras que la fracción IV del artículo 150 constitucional, dispone que el TJA impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos, estatales o municipales.
También las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción, cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.
¿Cuál ha sido la aportación del TJA al combate a la corrupción desde 2017, considerando que nació con una plantilla de 63 personas y le han aprobado $231’282,088 de presupuesto entre 2019 y 2024?
Un dato que refleja la querencia del ex gobernador CABEZA DE VACA, por un Tribunal que ha sabido cuidar la espalda de su sexenio.
Por lo pronto, la interrogante anterior amerita un ejercicio de rendición de cuentas al Congreso del Estado de los Magistrados URIZA ALANÍS, ALDAPE BALLESTEROS y GUERRA MARTÍNEZ.
Visibilizar el desempeño de las instancias del Sistema Estatal Anticorrupción, ha sido la finalidad de la mesa de análisis durante los últimos programas de “Punto de encuentro”, que contó con la participación en la edición pasada, del diputado obradorista, ISIDRO JESÚS VARGAS FERNÁNDEZ.
POR JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES
