En su pronunciamiento más formal, nueve organizaciones del Poder Judicial explican su enfoque de la reforma de la judicatura y los 36 puntos se pueden resumir en uno solo: violar la Constitución para defender su Constitución.
Organizaciones con registro y grupos políticos añadidos con estructuras formales piden/exigen/reclaman/reivindican/advierten que la reforma judicial en proceso legislativo se detenga, se limite y se someta a los criterios del Poder Judicial en configuración de poder fáctico.
En caso contrario, todos los trabajadores y empleados del sector judicial ya votaron un paro total de labores que rompería el orden constitucional y que dejaría al país sin estructura judicial que procese los millones de asuntos que todos los días pasan por las oficinas judiciales del Estado.
Las exigencias en modo de populismo conservador y de amenaza callejera –como si se tratara de bloquear calles o carreteras– para violar las leyes legales y obligar a las autoridades a asumir decisiones en función de los demandantes con poder de movilización popular en realidad sacan el proceso democrático constitucional de los espacios institucionales de los poderes reales y legítimos y lo llevan a las calles. En modo Nicolás Maduro, trabajadores, empleados y apoyadores del sector judicial anulan la función constitucional del parlamento como expresión del sistema representativo constitucional y quieren obligar a la autoridad a someterse al poder de la calle, de la protesta y del paro de labores.
En los hechos, el Poder Judicial –que se encarga como Tribunal Constitucional de vigilar el respeto y aplicación de la Carta Magna– tira a la basura la reforma de 1994-1995 y se pone al tú por tú con el gobierno y su partido para dirimir controversias en las calles y en las huelgas de contenido político.
La Constitución señala con claridad la división de poderes: el Ejecutivo como poder central de decisión, el legislativo que se encarga de diseñar y aprobar las leyes y el judicial que cumple su tarea vigilando que no se violen los mandatos legales y constitucionales.
Y si se entiende bien el escenario político-legislativo de la reforma judicial, Morena ganó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado, por interpretación legal se enfila a una mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso y está procesando iniciativas de ley que cumplen con la técnica legislativa constitucional.
La mayoría decide, pero la minoría se erige en poder fáctico para generar inestabilidad política, económica y social y obligar a los más que se sometan a los deseos de los menos. En términos legales-constitucionales, trabajadores, empleados y aliados del Poder Judicial participaron en el proceso electoral para definir las mayorías legislativas –con marchas y votos a favor del PRIANREDE– y perdieron, pero ahora quieren anular el proceso electoral para amenazar con paros de labores e imponer sus exigencias de mantenimiento de privilegios administrativos y de funciones jurídicas.
La democracia diría que esta oposición a la reforma judicial debería de aceptar el funcionamiento legislativo de mayorías absolutas y calificadas y prepararse para ganar el poder legislativo en las elecciones federales de 2027. Pero los encargados de vigilar las leyes, aplicarlas en funcionar como tribunal constitucional se están poniendo en modo de Sección 22 de maestros, de ejidatarios que cerraron la carretera de Puebla cuatro días y de narcobloqueos para tirar a la basura el proceso electoral-constitucional que determinó las mayorías en el poder legislativo.
En este contexto, el Poder Judicial transita de poder constitucional a poder fáctico y traslada la definición de leyes y su aplicación a las calles y a la confrontación ciudadana que anula la democracia electoral y rompe el orden constitucional. Es decir sustituyen el Parlamento y las leyes por la dinámica de la confrontación y el grito en las calles a partir de la ruptura del orden democrático que reconoce el valor y la viabilidad de la definición de mayorías a través del voto popular como esencia de la democracia.
Esta decisión de aplastar a la democracia electoral, a la mayoría parlamentaria y a las decisiones constitucionales está avalada y aprobada en los hechos nada menos que por los ministros de la Corte que se oponen a la reforma judicial, encabezados por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, cuya ineficacia e impericia en el manejo del cargo condujo a la Corte a una confrontación constitucional primero con el Poder Ejecutivo y ahora con el poder legislativo, sentando las bases de lo que puede ser ya considerado como el principio de una dictadura de la toga y el birrete, mucho más peligrosa que cualquier otra dictadura o autoritarismo de los otros poderes que se basan en resultados constitucionales.
El paro de labores del sector judicial rompería el orden constitucional por quienes tiene la obligación de defenderlo.
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Política para dummies: la política muchas veces es también antipolítica.
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Por Carlos Ramírez
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