CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía del Estado, cuenta con 613 investigaciones de tortura en etapa de investigación desde el 2019 al 2023, donde se contabilizan más de mil víctimas, sin que hasta el momento se haya resuelto un solo caso en favor de las víctimas.
La mayoría de las investigaciones (388) datan del 2019, aunque las denuncias pueden ser de años anteriores, otras 94 en 2020, mientras que un año después (2021) se tenían 44 más, para 2022 se sumaron otras 69 y el año pasado (2023) se contabilizaron 18.
En los últimos cinco años en Tamaulipas, 47 personas, tres de ellas mujeres, han denunciado haber sido víctimas de tortura, mientras estuvieron en algún centro de detención, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
El año con el mayor número de denuncias es 2019, cuando tres mujeres y 38 varones señalaron haber sufrido tortura; en 2020 dos denunciaron este delito, dos más en 2021 y uno en 2022. Los datos de la dependencia de procuración de justicia, también señalan otras 24 personas, todos ellos hombres, que denunciaron tortura en centro de detención preventiva.
En 2019 la denuncia la presentaron 17 hombres, siete en 2020, uno en 2021 y dos en el año del 2022. Pese a estos datos de los que se han integrado carpetas de investigación, desde el 2019 al 2023, ninguno ha sido resuelto aún en favor de la persona que denunció el delito de tortura. De las denuncias interpuestas, siete acusan a policías municipales como los responsables de las torturas, otros mil 064 señalan a policías estatales.
Hay 725 víctimas que en el año de 2019 acusaron a policías estatales del delito de tortura, 52 de ellos son mujeres; otras 131, de las que ocho son mujeres denunciaron en 2020; 75 personas más denunciaron este delito en 2021, de ellas 18 se trató de mujeres. Para 2022 las denuncias de víctimas sumaron 52, de las que dos son mujeres y en 2023 las víctimas fueron 29, todos ellos varones.
También hay 151 víctimas que señalan directamente a policías investigadores o ministeriales y 23 aseguraron que los que infringieron tortura fueron los mismos custodios en los penales.
En cuanto a los señalamientos a las autoridades federales como quienes infringieron tortura, 11 más apuntan a policías federales ministeriales, tres denunciaron a elementos de la Marina, 13 a soldados del Ejército y 12 a integrantes de la Guardia Nacional.
En respuesta a una solicitud de información, la Fiscalía Especializada informó además que no cuenta con registro de casos del delito de tortura que se encuentren en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana o en la ONU.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha emitido en los últimos años, Recomendaciones dirigidas a autoridades federales y estatales, por casos de tortura en Tamaulipas.
En las recomendaciones hay casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en algunos de ellos se acusa a la Fiscalía General de Justicia del Estado por no investigar adecuadamente. Una (Recomendación) de ellas, la 90/2021, se refiere a un operativo militar en Nuevo Laredo, donde se acusó que elementos del Ejército hicieron uso excesivo de fuerza durante un operativo militar el 3 de julio del 2020.
Los hechos ocurridos en la colonia Los Fresnos, derivaron en un enfrentamiento perdieron la vida 12 personas, entre ellas tres víctimas que habían sido reportadas como desaparecidas. La Recomendación 119VG/2023 fue dirigida a la Sedena y la FGR, en el caso de cinco jóvenes que el 18 de mayo del 2023 murieron a manos del personal castrense en Nuevo Laredo.
Aunque el informe policial homologado señalaba que habían muerto en un enfrentamiento, en una grabación de video se evidenció que fueron víctimas de privación arbitraria de la vida a través del uso ilegítimo de armas de fuego por cuatro elementos militares.
O la Recomendación 114/2021 dirigida a la Secretaría de Marina a quien se acusó de uso excesivo de la fuerza, tortura incomunicación, vejaciones y desaparición forzada contra un joven el 21 de diciembre del 2017 en Nuevo Laredo.
Otra Recomendación es la 29/2020 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública por la muerte el 7 de febrero del 2020 de Juan Daniel Ortiz Martínez, entonces de 23 años de edad, a quien, presuntamente habrían confundido con un delincuente y al que le dispararon en 2442 ocasiones, pese a que el joven mostró las manos y suplicó por su vida. Por estos hechos fueron detenidos y sentenciados al menos cuatro policías estatales y sentenciados por el homicidio, además que el Gobierno del Estado ofreció una disculpa pública a la familia del Ingeniero Daniel Ortiz, como parte de la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Una Recomendación más, dirigida a la Fiscalía Estatal, por la dilación en la procuración de justicia a los familiares de cuatro migrantes salvadoreños desaparecidos durante su tránsito por la entidad en el año 2013.
Y la relacionada a la detención arbitraria, tortura y desaparición de 27 personas, algunos menores de edad en el municipio de Nuevo Laredo durante los meses de marzo, abril y mayo del 2018 por parte de elementos de la Marina en Nuevo Laredo.
Y de las que luego 12 de ellas fueron encontradas posteriormente muertas en brechas y entierros clandestinos en Nuevo Laredo y Anáhuac, Nuevo León, por lo que se acusó de ejecuciones extrajudiciales.
En las investigaciones que derivaron en la Recomendación 36VG/2020 se señala que los elementos federales allanaron de forma ilegal los domicilios de 15 testigos, de los que seis denunciaron haber sido víctimas de tortura, mientras que a 17 familiares de las víctimas se les obstruyó el acceso a la justicia. Mientras que la Recomendación 35VG/2020 también dirigida a la Secretaría de Marina, está relacionada con la detención arbitraria y desaparición forzada de cinco personas, además de la detención arbitraria y el secuestro de otra, en hechos ocurridos en Camargo en octubre del 2016.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones (23VG/2019) de casos como el hallazgo de 196 restos en 48 fosas clandestinas en San Fernando en 2011 o la relacionada a la masacre de 72 migrantes en el mismo municipio en 2010.
POR PERLA RESÉNDEZ
