El rezago de los procesos en el Poder Judicial de la Federación antes de la paralización total de actividades, oscilaba en 55 mil. Pero a partir de ayer la cifra se incrementaría cada día en (+/-) cuatro mil, según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Inactivos están, por tiempo indefinido, los plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, colegiados de circuito auxiliares y de apelación, más los juzgados de distrito y auxiliares, tribunales laborales federales y centros de justicia penal federal, porque más de 1,200 de sus titulares se unieron al paro nacional en contra de la reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué significa esto?
a) El rechazo abierto de los juzgadores a la renovación del sistema por considerarla arbitraria, pues ‘la iniciativa presidencial no asoma respeto a la autonomía del Poder Judicial’; y, por otro lado
b) La defensa de un sistema prostituido, corrupto e injusto, como lo ha señalado con índice de fuego el jefe el Ejecutivo Federal.
Desde luego, en defensa propia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han evitado inmiscuirse en el paro, aunque sé (por información de fuentes confiables) que lo harían antes de instalarse la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, porque el primer tema que ésta abordaría y sacaría avante (con una mayoría calificada), será precisamente la reforma judicial.
O sea, de que la reforma va, claro que va.
Hay, incluso, un punto de acuerdo legislativo de la Comisión de Puntos Constitucionales –adelantándose a la modificación constitucional– para ser la iniciativa analizada, discutida y aprobada plenariamente, a fin de que, en junio 1 del 2025, en México (por vez primera), se elija a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a integrantes del Tribunal de Disciplina; de la Sala Superior, las salas regionales del Tribunal Electoral y la mitad de magistrados de circuito y jueces de distrito.
Aquí, lo discutible, no es el fondo –porque es necesaria la renovación del podrido sistema judicial–, sino la forma, pues para el ciudadano común que nada tiene que ver con asuntos legales el solo hecho de que haya una sacudida al árbol judicial, poco importa, aunque se violente la legalidad.
No así a quienes con razón o sin ella mantienen familiares presos, por cualquier circunstancia, debido a la tardanza con que actúan los ministros, magistrados y jueces, para dictarles sentencia.
En fin…
La reforma judicial contempla dos etapas:
1) El 1 de junio de 2025, elegir a todos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e integrantes del Tribunal de Disciplina; de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal, a la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral y la mitad de magistrados de circuito y jueces de distrito.
Para ello, habrá Comités de Evaluación que verifican los antecedentes académicos, profesionales y las cualidades técnicas y éticas de los aspirantes, para seleccionar a los mejores perfiles y elegir mediante insaculación a tres candidatos por cargo (ministro, magistrado electoral e integrante del Tribunal de Disciplina), y dos candidatos por cargo de magistrado de circuito o juez.
Una vez que se de la selección, vendrá el día de la elección popular.
El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de organizar, supervisar y fiscalizar la elección; y
2) La segunda mitad de jueces y magistrados estará programada para votarse en la elección intermedia de 2027, y de esta forma concluir con toda la renovación del Poder Judicial.
Cabe señalar que los candidatos contarán con un periodo de dos meses de campaña, donde no estará permitido el financiamiento público ni privado, pero sí tiempo en radio y televisión, además de debates para que la ciudadanía los conozca, según los trascendidos.
Como sea, la sacudida al árbol judicial sería fuerte y necesaria, pues la corrupción que ahí anida privilegia a pocos y perjudica a muchos que al ser culpables de los delitos cometidos o no, han permanecido varios años en prisión sin que se les dicte sentencia.
De prosperar la reforma judicial federal, corresponde a los congresos estatales emular ese cambio, a fin de acabar con la impunidad –en cuanto a los tribunales estatales corresponde–, que, hasta hoy incluso, muestran los magistrados y jueces impuestos por Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
¿Cuál seguridad?
Sea cual haya sido el origen del atentado en contra el magistrado electoral Edgar Danés Rojas, quede en evidencia la inseguridad pública que padece Tamaulipas, pues antes fue ultimado el empresario Julio Almanza Armas y, presuntamente como objetivo de un ‘levantón, Carlos Peña Garza (el papá del alcalde de Reynosa).
Tres hechos ocurridos en los días más recientes, sin que la autoridad responsable emita pronunciamientos convincentes.
Cicuta
Uno de los proyectos más cacareado por Andrés Manuel López Obrador, es el IMSS-Bienestar.
Pero, aquí, en Tamaulipas, no se ha cumplido en tiempo y forma.
El doctor Marggid Rodríguez Avendaño, ciertamente, como delegado federal, procura atender su responsabilidad, pero tiene colaboradores que entorpecen su comunión con la sociedad.
POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA
Correo. jusam_gg@hotmail.com
