Cuando el presidente López Obrador propuso que se extendiera el mandato constitucional del presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar de 4 a seis años y luego que los consejeros del INE fueran electos por los ciudadanos, el PRI y el PAN calificaron al primero de golpe de estado y luego marcharon por las calles a gritar “el INE no se toca”.
Sin embargo, el uno de enero de 1995, fecha en que el presidente Ernesto Zedillo disolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los dirigentes del hoy principal partido de oposición al gobierno de AMLO no solo la respaldaron, sino que aplaudieron la disposición y la que calificaron de acertada
A los representantes del partido albiazul, igual que a los medios de comunicación, no les pareció entonces un golpe de Estado, tampoco un acto de autoritarismo, mucho menos de dictadura ni ataque a la democracia, a pesar de que la modificación constitucional desaparecería temporalmente (un mes) a otro poder de la República.
¿Por qué los panistas, las miembros de organizaciones ciudadanas no gubernamentales ni los magnates empresariales salieron a gritar “la Corte no se toca”? Porque disfrutaban del régimen de privilegios que el gobierno priista les otorgaba a cambio de acatar sumisamente sus decisiones.
Fue entonces cuando el periodista Froylán López Narváez acuñó por primera vez el vocablo PRIAN que hoy es un clásico político de Morena y la Cuarta Transformación y sus aliados.
La reforma zedillista, aprobada por los integrantes del congreso de la Unión, destituyó a los 26 ministros que integraban entonces el máximo tribunal del país mediante el método de jubilación inmediata, designó a su modo a los nuevos once a que redujo el órgano y creó el Consejo de la Judicatura para que vigilara la actuación de la corte
Achicó asimismo el periodo indefinido o vitalicio que tenían los ministros a solo 15 años y que estos serían elegidos por las dos terceras partes del senado de una terna propuesta por el titular del poder ejecutivo federal, también nombró a un ministro presidente y dos salas integradas cada una por cuatro ministros y un ministro presidente de sala.
¿Cuáles fueron las razones de la medida?
De acuerdo con el presidente Zedillo, que era una respuesta a la exigencia ciudadana para darle una genuina autonomía al poder judicial y dejarla al margen de los intereses políticos, la realidad, sin embargo, fue dejar fuera de la institución judicial a los ministros designados por sus antecesores, Miguel de La Madrid y Carlos Salinas, temía que pudieran influir en las decisiones y causarle incomodidades.
Fue una reforma fast track. Desde que el presidente envió la iniciativa el 5 de diciembre de 1994, se aprobó por el congreso y la mayoría de los congresos estatales y se publicó en el diario oficial de la federación el 31 de diciembre, hasta la designación de los nuevos ministros el 26 de enero de 1995 en sesión extraordinaria del Senado solo transcurrieron 52 días.
POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ
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