En el ocaso de la Legislatura 65, el Congreso de Tamaulipas da muestras de haber comprendido el nuevo momento político que vive el estado, tras el mandato popular expresado en las urnas el pasado 2 de junio.
El 24 de septiembre, en sesión extraordinaria, se votará una iniciativa que seguramente será objeto de una intensa discusión constitucional, pero que por lo pronto, pone un cerco contra los diputados electos de la oposición que llegan cuestionados por sus problemas legales.
Los ejemplos más claros son los panistas Ismael García Cabeza de Vaca y su suplente, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa.
El primero, señalado en múltiples investigaciones de la Fiscalía General de la República, por hechos de presunta corrupción cometidos durante la administración anterior, y el segundo, de hecho, vinculado a proceso por el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades.
Al ex Secretario de Administración se le acusa de adjudicar de manera ilegal 14 contratos a dos personas morales y una física, por un monto total de 8 millones 233 mil 500 pesos.
Si ya corría con fuerza la versión de que Ismael no asumiría su curul en el Congreso del Estado, para evitar exponerse a una probable detención, con la casi segura aprobación de esta iniciativa, se complica aún más su ruta hacia el Legislativo.
El problema -grave- del PAN es que la diputación suplente también estaría comprometida por los líos legales que arrastra Salazar Anzaldúa, uno de los colaboradores más cercanos del ex gobernador.
En términos generales, la iniciativa, impulsada por la bancada de Morena, permitirá que los legisladores puedan ser procesados por delitos cometidos antes de asumir su cargo y, además, que puedan ser detenidos en la sede legislativa con autorización de la Mesa Directiva.
Otra señal enviada desde el Congreso sobre la sintonía del grupo parlamentario mayoritario con “el segundo piso de la 4T” es la clara intención de abordar -sin tiempo que perder- la armonización de la reforma judicial.
Diversos actores de Morena lo han dicho, y el próximo presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera lo confirmó en el podcast TERTULIA de EXPRESO: su intención es hacer lo posible para aprobar las reformas necesarias, para que el próximo año en elección extraordinaria se someta a votación la integración del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, y los nombramientos de los jueces de distrito.
No será fácil porque los plazos están encima y hay mucho que ordenar para establecer las bases para el proceso electoral, pero queda claro que la intención del morenismo tamaulipeco es seguir a tono con la ruta crítica marcada por la 4T.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
