La pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ha marcado la agenda pública desde hace meses.
Someter a las urnas a miles de jueces federales y locales de todo el país representa un hito en la historia democrática de la República, y por lo tanto ha generado una discusión intensa, también inédita.
Lo que llama la atención es que en medio de este huracán, sean muchos los jueces del país que no hayan comprendido el mensaje.
En muchos casos, con sus acciones parecen dar la razón a sus más férreos críticos.
Por ejemplo, la suspensión otorgada por la jueza octava de Distrito, Adriana Yolanda Vega, contra la reforma a la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas aprobada por el Congreso del Estado, en agosto de este año.
Dicha iniciativa modificó la conformación de los Consejos de Administración de los organismos operadores del agua: aunque la presidencia se mantiene en manos de los alcaldes (en el caso de las Comapas de carácter municipal) abrió la puerta a más legisladores, y a que los representantes del sector civil sean aprobados por el mismo órgano.
Es decir, palabras más o menos, equilibró la balanza en la toma de decisiones entre los dos poderes del estado, y los niveles municipal y estatal del gobierno.
El único municipio que se inconformó con la reforma fue el de Reynosa, presidido por Carlos Peña Ortiz. Ese ayuntamiento recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde admitieron a discusión una controversia constitucional, pero rechazaron suspender la aplicación de la ley mientras se desahoga el asunto.
Al mismo tiempo presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito, donde la jueza Adriana Yolanda Vega actuó de manera contraria a lo determinado por la Corte, y concedió la suspensión de la aplicación de la ley “para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran”.
El argumento del ayuntamiento de Reynosa es que por ser el servicio de agua potable, un derecho humano, la reforma lesiona los intereses de la ciudadanía.
Será interesante el debate jurídico del asunto, pero no deja de llamar la atención que una ley aprobada de manera legítima por una mayoría de legisladores en el Congreso del Estado, no haya sido controvertida por la oposición, sino por un gobierno municipal que -se supone- pertenece a las filas de la 4T.
El caso de la Comapa Reynosa, sobra decir, muestra a la perfección el mapa político que empieza a dibujarse en aquella frontera, donde la familia Peña Ortiz y el grupo político de José Ramón Gómez Leal (a él le entregaron el control del organismo operador del agua) pasaron de ser enemigos a formar una alianza temporal con miras al 2028.
Para terminar de comprender esa extraña asociación, vale la pena recordar que la jueza Adriana Yolanda Vega que ahora favorece al Ayuntamiento de Reynosa, es famosa por el amparo concedido a Francisco García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión que estaba vigente desde octubre del 2022.
Con esa protección legal, el ex gobernador pretendió participar en el proceso electoral del 2024.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
