El Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República, inicia su jornada de trabajo todos los días a las 5:30 de la mañana, y a las 7:30 informa de lo realizado el día anterior y de lo que está por realizar a partir de las 9:00 de la mañana.
El Poder Legislativo continúa con su trabajo revisando iniciativas, proyectos de ley y dictámenes, entre otros asuntos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores como corresponde a las actividades del periodo de sesiones que esta abierto.
El Poder Judicial, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de los tribunales colegiados y unitarios, y los jueces y los juzgados de distrito, no están trabajando. Sus oficinas permanecen cerradas desde agosto para no cumplir con una reforma constitucional que no les gusta. EL PODER JUDICIAL ESTÁ EN DESACATO DE LA CONSTITUCIÓN, es decir, el Poder Judicial no respeta la Constitución.
En estos tiempos recientes los jueces del Poder Judicial sólo han abierto sus puertas para recibir solicitudes de amparo de sus compañeros jueces y magistrados en franca violación de la ley que establece la improcedencia del amparo contra las reformas y adiciones a la constitución y violando la disposición que obliga a los juzgadores a excusarse si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado.
La jueza de Coatzacoalcos reconoce que la suspensión que otorgó y su instrucción al Poder Ejecutivo de eliminar la publicación de la reforma constitucional del Poder Judicial del diario Oficial de la Federación, podrían estar equivocadas, pero sostiene que la Presidenta de la República debe acatar lo que se le ordena o recurrir al propio juzgado y los tribunales de circuito para oponerse a la medida dictada por ella para que la dejen sin efecto o esperar a que la sentencia resuelva que son improcedentes, para lo cual no hay un plazo definido.
Los voceros de los juzgadores dijeron en conferencia de prensa que la última palabra para decidir qué es legal o ilegal en el país la tienen los juzgadores y que si la Presidenta no está de acuerdo con la suspensión y la orden de la jueza de Coatzacoalcos, debe someterse a la decisión de un juzgador en ese y en cada uno de los mas de 170 amparos y suspensiones concedidos por los juzgadores federales a favor de sus compañeros juzgadores federales.
Los mismos voceros de los juzgadores sostienen que su movimiento es para oponerse a una reforma que viola los derechos humanos de los juzgadores porque los están privando de su carrera judicial, pero, en ese orden de ideas es pertinente revisar que la reforma judicial no priva a los abogados que ahora son ministros, magistrados, y jueces de su derecho humano al trabajo en ejercicio de su profesión, porque hasta hoy no hay prueba de que nadie tenga derecho por nacimiento a ser Juez, Magistrado o Ministro de la Suprema Corte.
Pero, parece ser más fácil decir que les violaron su derecho humano al trabajo que aceptar que se van porque la inmensa mayoría de los ciudadanos no cree en su honradez, ni su profesionalismo, ni su imparcialidad. Por el contrario, todo mundo coincide en que en el Poder Judicial se genera impunidad y hay corrupción, nepotismo y dispendio. En otras palabras, su cese es una manera de decirles vayanse a hacer chicanas y maromas legales a otra parte que no sea el Poder Judicial.
Lo cierto y seguro, lo que esta a la vista de todos, es que estos leguleyos con charola, desde los ministros, pasando por los magistrados y los jueces, NO ESTÁN TRABAJANDO PORQUE NO QUIEREN CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN y todo el país los está viendo. Esa no es una crisis constitucional porque no se trata de una oposición al contenido y al sentido de la reforma del Poder Judicial. Es un movimiento político de la derecha para defender los privilegios que les otorgan en sus resoluciones los juzgadores que se resisten a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ahora le corresponde juzgar al pueblo de México.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
