“Procede negar la suspensión en los términos solicitados por el municipio actor, en virtud de que no solicita la medida cautelar respecto de algún acto en concreto de aplicación de la norma general impugnada”, señala el acuerdo dictado el pasado 7 de octubre por JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, Ministro instructor en la Controversia Constitucional 275/2024, promovida por el Ayuntamiento de Reynosa.
A través del Síndico, MARCO ANTONIO MONTALVO HERNÁNDEZ, dicha controversia impugna el Decreto 65-883, expedido en la sesión celebrada el pasado 14 de agosto, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Aguas de Tamaulipas, por iniciativa suscrita por ISIDRO JESÚS VARGAS FERNÁNDEZ, diputado de MORENA.
“Con la presente iniciativa se busca garantizar que, en la integración de los Consejos de Administración de los organismos operadores municipales y estatales, la sociedad esté mayormente representada, a efecto de que las decisiones que se tomen al seno del órgano de gobierno, incidan favorablemente para que los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales que prestan los organismos operadores, alcancen la autosuficiencia técnica, administrativa y financiera”, señala la iniciativa de marras.
Que fue aprobada por 23 votos a favor, provenientes de las bancadas de MC, PRI, MORENA y las diputadas sin partido, teniendo 4 abstenciones y 3 votos en contra aportados por el Grupo Parlamentario del PAN.
Inconforme con el propósito de la ley, de abrir mayores espacios a la sociedad en los Consejos de Administración de las COMAPAS, el Ayuntamiento de Reynosa interpuso la citada Controversia Constitucional 275/2024, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitida el pasado 18 de septiembre y turnada al Ministro GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ.
Quien negó la suspensión solicitada por el Ayuntamiento de Reynosa, el 7 de octubre pasado, pues “resulta inadmisible jurídicamente lo pretendido por la parte actora”, concluye el Ministro instructor.
Catorce días después, la Presidenta y Secretario del Consejo Consultivo de la COMAPA de Reynosa, VERÓNICA ISASSI MARTÍNEZ y JOSÉ INÉS SERNA, promovieron juicio de amparo indirecto, radicado bajo el número 1222/2024-4, contra la aprobación, emisión y expedición del Decreto No. 65-883, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas
No obstante que, uno de los Ministros integrantes de la Suprema Corte dictó el acuerdo anterior, ADRIANA YOLANDA VEGA MARROQUÍN, titular del Juzgado Federal Octavo de Reynosa, concedió la suspensión provisional del Decreto 65-883 el pasado 21 de octubre.
En contra de esa resolución, el Congreso del Estado interpuso un recurso de queja, 178/2024, en el que se hicieron valer las diversas ilegalidades en que incurrió la Jueza Octava de Distrito en el Estado, al emitir una resolución “carente de fundamentación y motivación e incongruente”.
Radicado en el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que se encuentra integrado por los Magistrados OSBALDO LÓPEZ GARCÍA y CARLOS GUTIÉRREZ LÓPEZ, así como por EDGARDO FAVELA MEDINA, Secretario en funciones de Magistrado.
Con el voto a favor de LÓPEZ GARCÍA y GUTIÉRREZ LÓPEZ, el Tribunal avaló la suspensión de la Jueza VEGA MARROQUÍN, llevándole la contra al Ministro GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ.
Motivo por el cual, el Congreso del Estado aprobó en la sesión del miércoles pasado, el Punto de Acuerdo 66-25, con el voto a favor de 26 diputaciones, cero en contra y 6 abstenciones.
En el primer resolutivo del punto de acuerdo, el Congreso del Estado hace del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el contenido y sentido de la incidente de suspensión emitido dentro del juicio de Amparo 1222/2024, emitida por la Jueza Octava de Distrito, con residencia en Ciudad Reynosa, Tamaulipas y la confirmación a la citada suspensión, aprobada por mayoría de votos de los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito”.
Y en el segundo resolutivo, la 66 Legislatura presenta una queja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la Jueza MARROQUÍN VEGA y los Magistrados LÓPEZ GARCÍA y GUTIÉRREZ LÓPEZ, para que investigue y los sancione, “por las conductas irregulares desplegadas, que no pueden quedar impunes”, agrega el segundo resolutivo del punto de acuerdo, suscrito por las y los integrantes de MORENA, PT y PVEM.
POR JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES
