En el Palacio Legislativo de San Lázaro, es notorio el desacuerdo entre los operadores de la señora presidenta y los diputados federales de oposición, merced al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que, para el ejercicio fiscal del 2025, se entregará en los próximos días.
Pero estas diferencias también pegan fuerte en las instituciones.
Tan es así que éstas sufrirán tijeretazos tanto o más que los proyectos emblemáticos de Andrés Manuel López Obrador, pues Claudia Sheinbaum Pardo ocupará gran parte de los recursos en la ejecución de sus proyectos propios, como es la puesta en marcha del sistema ferroviario de pasajeros, la construcción de más carreteras y la creación de tres nuevos programas sociales.
De ahí que los actores principales de esta escaramuza otra vez se apresten a desacreditarse mutuamente de cara a la sociedad que hoy es presa de la confusión, pues en el fondo más que pelear por los intereses del pueblo ambas partes procuran salir lo menos lastimados en la lid con que buscan los reflectores mediáticos para acrecentar su clientela.
Y esto no es cuento, sino la esencia del conflicto.
Por tanto, el problema central que tiende a volverse crónico y pone en riesgo el proyecto económico del país, lo podemos ubicar en la incapacidad de los políticos, autoridades y grupos de interés para ponerse de acuerdo; en la incongruencia de algunos de ellos, y, por supuesto, en la falta de respeto hacia nuestra Carta Magna donde la legalidad no tiene dobleces.
No obstante, en el Gobierno Federal sí se acostumbra practicar un doble juego, pues en la práctica los funcionarios de primer nivel hacen todo lo contrario de lo que prometen, como bien lo demuestran algunas palabras pronunciadas por la jefa del Ejecutivo Federal durante sus giras de trabajo.
Ella afirma que los valores de la democracia, el respeto a la ley y el orden, son el fundamento de una sana convivencia política.
Y también ha dicho que cuando un poder rebasa sus atribuciones, es siempre en detrimento de los otros.
Ante esas evidencias (salidas del ronco pecho presidencial) empieza a decrecer nuestra capacidad de asombro, merced a la mentira con que se abordan los asuntos trascendentales que impactan a México.
Y es que parece increíble que la propia señora presidenta y sus colaboradores más cercanos sean quienes estén poniendo al país en la antesala de una crisis profunda, debido a terquedad y cerrazón al no estar dispuestos a respetar los ordenamientos legales ni a reconocer el ámbito de competencia de un órgano soberano como es el Poder Judicial; pero a ese escándalo igual contribuyen los legisladores que ya demostraron doblez a la hora de la verdad.
Merced a lo anterior, vale la pena reiterar que nadie puede estar por encima de la ley, así se trate de la presidenta de la República.
Ello es una condición mínima de respeto a los principios de convivencia y orden que deben privar en México.
La LXVI Legislatura federal, por tanto, está en todo su derecho de modificar los documentos del paquete económico que envíe el Ejecutivo, y éste debiera atender la decisión adoptada, en tiempo y forma, toda vez que se trata de una atribución constitucional.
Más aún, cuando las modificaciones que pudieran hacer el Legislativo al proyecto presupuestal de ninguna manera se prevén irreflexivos e injustos, según dicen los propios diputados opositores, en virtud a que benefician a amplios sectores de la sociedad y se postergarían algunos rubros considerados no prioritarios.
Esos rubros que defiende el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O., a capa y espada, por cierto, nada tienen qué ver con el gasto de la Presidencia, Gobernación, Seguridad Pública ni el pago a la deuda interna; mientras que las correcciones que harían las bancadas legislativas opositoras al membrete guinda (y aliados) se orientarían a que se estimule al capital privado con menos impuestos, aunque, hay que decirlo, los mensajes propagandísticos transmitidos por el Gobierno Federal, señalan lo contrario.
Como fuere, los diputados opositores se preparan a dar la batalla legal mediante la impugnación al presupuesto que pudiera acordar la mayoría del triunvirato morena-PVEM-PT del pleno cameral, exceptuada la fracción minoritaria de Movimiento Ciudadano por su proclividad e vender su voto al mejor postor.
De este modo hoy nos encontramos ante la encrucijada de refrendar el Estado de Derecho o de arrastrar al país hacia escenarios nada deseables.
En fin, a más tardar el día 15 del mes en curso debe entregarse a la Cámara de Diputados el paquete económico 2025 para su estudio, análisis y dictamen.
POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA
Correo: jusam_gg@hotmail.com
