Durante décadas la suprema corte de justicia de México incumplió su principal obligación, defender la constitución y se convirtió en un tribunal al servicio de los poderosos. A través del juicio de amparo y el fuero legal los delincuentes adinerados jamás pisaban la cárcel o lo hacen por un periodo breve.
Las cárceles están llenas de pobres. No es ninguna novedad: la justicia se vende al mejor postor.
Es una verdadera dictadura contra la que no cabía apelación y a la que legalmente nadie podía deponer, a pesar de que la justicia nunca fue pronta ni expedita, mucho menos gratuita, como establece la carta magna.
Afortunadamente esa práctica injusta, igual que el régimen de privilegios excesivos que los propios juzgadores se auto otorgaban, se acabó. En lo sucesivo serán los ciudadanos quienes a través del libre sufragio los elegirán y moderarán sus sueldos millonarios y fastuosas prestaciones laborales.
Después de un prolongado paro de labores con goce de sueldo, de bloqueos judiciales y toda clase de triquiñuelas a los que recurrieron para cerrarle el paso a la iniciativa presidencial, la feroz resistencia de la oposición llegó felizmente a su fin.
Los propios ministros, validaron la modificación jurídica.
La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué los juzgadores se opusieron con tanta vehemencia a la necesaria y urgente propuesta legal?
Estas algunas de las razones.
Además de la de carácter ideológico, cada ministro recibe un ingreso de 792 mil 258 pesos mensuales, que incluye un salario bruto de cuatro millones 490 mil 441 pesos, desglosado en un salario base de 2 millones 548 mil 083 pesos, prestaciones por 459 mil 439 pesos, bono de riesgo de 722 mil 259 pesos, condiciones de trabajo por 213 mil 636 pesos, seguros personales de 107 mil 079 pesos, fondo de ahorro 340 mil 437 pesos y seguridad social por 99 mil pesos.
Todo libre de impuestos y otras deducciones.
Por si esto no fuera suficiente, disponen de gastos médicos mayores hasta por un millón 050 mil 182 pesos mensuales, que benefician también a sus cónyuges, concubinas y parejas y/o hijos solteros menores de 25 años.
En caso de defunción los trabajadores, que son los menos favorecidos, reciben un pago de 35 mil pesos para sufragar los gastos funerarios y otro de defunción equivalente a tres meses del último sueldo que se otorga a los deudos (que comprende la prima por cinco años antigüedad).
Sin embargo, en el caso de los ministros corresponde a una suma superior a los 792 mil pesos, una prima vacacional de 95 mil pesos, aguinaldos por 580 mil pesos, prima quinquenal (por cada cinco años de antigüedad hasta cumplir 25 años de servicio), 723 mil pesos para anuales para comer en restaurantes, un fondo de 5 millones de pesos para la contratación de personal, 6 millones para camionetas blindadas y una gratificación de fin de año.
Así como 21 mil 666 pesos para gasolina.
Las percepciones son similares, para los consejeros de la Judicatura Federal, magistrados y jueces de distrito.
Encima, meten a toda la parentela a la nómina.
Como puede apreciarse, los sueldos de los ministros son violatorios de la constitución que en su artículo 6 señala que ningún servidor público podrá recibir una remuneración o retribución mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto de egresos federal.
Por eso para cobrarlos, actuando como juez y parte, se otorgaron amparos. Verbalmente cacarean el estado de derecho, pero la realidad es que anteponen sus intereses a la ley a la que juraron cumplir y hacer cumplir.
Afortunadamente, a partir de 2025, los jueces, ministros y magistrados no serán impuestos por el poder legislativo ni por el presidente de la República, sino electos mediante el voto de los ciudadanos, como se hace con los jurados populares en los Estados Unidos, Bolivia, Guatemala e Inglaterra.
Esta tendencia gana terreno también en algunos países de Europa, como Suiza. Los ciudadanos suecos consideran que solo mediante la elección popular, la función de la administración de la justicia dejaría de estar en manos de los partidos políticos y el poder judicial lograría una relativa autonomía e independencia.
POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ
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