Si había alguna duda, ayer quedó claro que Tamaulipas tiene prisa para renovar por completo al Poder Judicial del Estado.
Ayer, el Ejecutivo estatal fue el primero de todo el país en presentar una reforma para homologar la constitución local con la federal en cuanto a la nueva estructura judicial.
La construcción de esta iniciativa está basada cien por ciento en lo que definió el Congreso de la Unión para el Poder Judicial Federal.
El decreto aprobado el mes pasado otorgaba a los estados la posibilidad de elegir si en la elección extraordinaria del 2025 se iniciaría la elección de jueces y magistrados locales, o esta se llevaría hasta el 2027 cuando se realizará un proceso electoral concurrente.
En Tamaulipas se apostó por la vía rápida.
El 1 de junio del próximo año, se someterán a las urnas todas las posiciones del Poder Judicial local, incluidas las magistraturas que actualmente integran el Supremo Tribunal de Justicia.
Es decir, dentro de unos meses, presenciaremos una transformación completa de la estructura de justicia del estado.
En el 2025 se elegirán a nuevos jueces de distrito y magistrados locales, además de la mitad de los juzgados federales.
Y unos meses después, comenzará el proceso para elegir al nuevo Fiscal General de Justicia.
El tiempo, dice el lugar común, pone cada cosa en su lugar, y Tamaulipas estrenará muy pronto un renovado aparato de procuración e impartición de justicia donde todavía abundan múltiples representantes del pasado cabecista, como buena parte de los magistrados que integran el Supremo Tribunal.
El proceso no será sencillo.
Una vez aprobada y publicada la reforma -la bancada de la 4T con sus 26 votos no debería tener mayor problema para avalarla- ,el Congreso tendrá 30 días para lanzar una convocatoria en la que se detallarán todos los cargos sujetos a elección, que serán más de 120.
A partir de ahí, los Comités de Evaluación —integrados por representantes de cada Poder del Estado— revisarán las candidaturas y seleccionará a los aspirantes mejor evaluados para cada cargo de magistrado y a cuatro para cada puesto de juez.
Esta selección será depurada después con una insaculación pública, asegurando además la paridad de género.
Los aspirantes podrán hacer campaña durante un periodo de 60 días, con acceso igualitario a medios de comunicación y debates, aunque sin financiamiento público o privado.
Se trata del mismo procedimiento que se estableció en la reforma federal, por lo que también incluye la desaparición del Consejo de la Judicatura del estado, el cual sería reemplazado por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
Es una auténtica transformación que ya está en marcha.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
