El Congreso de Tamaulipas aprobó ayer una reforma que cambiará de manera profunda y definitiva la estructura del Poder Judicial en el estado.
Este cambio es trascendental, en primer lugar porque marca un precedente a nivel nacional al ser la primera entidad en homologar su sistema con la reciente reforma constitucional federal, pero sobre todo porque confirma un proceso de elección muy ambicioso, y por lo tanto, complejo.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo fue confeccionada sin medias tintas. El próximo año, el 1 de junio de 2025, se renovará a todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de Tamaulipas, y eso incluye desde los jueces menores, hasta los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia. Más de 130 cargos en total.
Por ende, el proceso electoral será una prueba de fuego para la justicia mexicana y un desafío logístico que pondrá a prueba la capacidad del estado para administrar y garantizar un proceso justo, equitativo y democrático.
La esencia de esta reforma radica en trasladar la elección de jueces y magistrados a las urnas.
Hasta ahora, no duda cabe, la designación de estas figuras judiciales había sido un proceso más bien cerrado y reservado a las decisiones de las élites políticas.
Y la prueba de ello es la actual conformación del Poder Judicial.
La reforma también propone la desaparición del Consejo de la Judicatura, el organismo encargado de la administración y supervisión del Poder Judicial, para dar paso a dos nuevos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración.
El primero, responsable de recibir, investigar y sancionar denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial, y el segundo, encargado de la distribución de juzgados y la gestión del personal judicial. Con estos cambios, se busca no solo una mayor transparencia, sino una justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía.
Ante una apuesta de tal magnitud, es de esperarse que haya cambios significativos en la impartición de justicia. Esa será la medida para calificar la muy polémica reforma judicial que está en marcha.
El camino hacia la elección del 1 de junio de 2025 es sinuoso: en un plazo de treinta días a partir de la aprobación de la reforma, el Congreso deberá publicar la convocatoria para aquellos interesados en participar en el proceso electoral.
La expectativa es que, antes de la Navidad de 2024, ya se conozcan los detalles de la convocatoria y se dé inicio formal a un proceso inédito en la historia judicial del estado.
La logística de esta elección es retadora: cada Poder del Estado formará un Comité de Evaluación compuesto por tres expertos en derecho que tendrán la tarea de revisar y seleccionar a los candidatos, garantizando la paridad de género.
El Instituto Electoral de Tamaulipas será el encargado de organizar y supervisar las votaciones, con un diseño en el que la alternancia de género será prioritaria, asignando cargos de manera equilibrada entre hombres y mujeres.
Se acabaron los debates y como puede verse, la transformación del Poder Judicial está en marcha.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
