En medio de la evidente preocupación en el Senado por la baja participación de aspirantes a ser candidatos en la próxima elección judicial, ayer el Congreso de Tamaulipas dio otro paso hacia al frente.
Tal como lo ordenaba la reforma que aprobó la próxima semana, ayer mismo avaló la convocatoria para los interesados en competir por uno de los más de 120 puestos del Poder Judicial del Estado que estarán en juego en las urnas.
En el documento se sientan las bases para renovar todas las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, junto con los jueces y magistrados de tribunales regionales y de disciplina.
Como ya se ha dicho, no se trata solo de sustituir a algunos magistrados; es la renovación completa de la estructura judicial en Tamaulipas, una oportunidad para depurar y fortalecer una de las instituciones más cuestionadas y necesarias en la entidad.
La ruta crítica en la entidad comienza con la creación de los comités de evaluación de cada uno de los poderes del estado, que deberán estar conformados a más tardar el 25 de noviembre.
Son estos comités los que decidirán, en gran medida, qué tan serios serán los filtros para evaluar a los aspirantes.
Después de esto, se abren las inscripciones para los candidatos, que tendrán hasta el 20 de diciembre para postularse.
El primer reto será motivar a quienes tienen interés, para que finalmente tomen la decisión y se inscriban en el proceso, algo que a juzgar por lo que ha ocurrido en el ámbito federal, no será sencillo.
Hay una razón que podría complicar todavía más el proceso estatal: aún después de los ajustes que se hicieron, los ingresos de los juzgadores federales resultan mucho más atractivos que los de los jueces estatales.
Si se supera ese escollo, el siguiente desafío para los comités será demostrar que no son simples instrumentos al servicio del Poder o de las élites políticas, sino verdaderos árbitros en un proceso que debe ser, ante todo, justo y abierto.
La evaluación será exhaustiva, al menos en el papel. Se llevarán a cabo entrevistas y un análisis curricular. Los comités deberán decidir quiénes pasan la primera criba a más tardar el 6 de enero de 2025.
Luego vendrá una insaculación pública, prevista para el 15 de enero, que depurará las listas y ajustará el número de postulaciones por cada cargo, respetando la paridad de género.
Las listas de candidatos aprobados serán sometidas a una revisión exhaustiva por parte de los tres poderes del estado.
Eso es lo que se espera y en buena medida, de la manera en la que se lleve este paso, dependerá la calificación de este complejo proceso electoral.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
