Tras varios meses de críticas, paros de trabajadores judiciales, interposiciones de amparos y otras infructuosas maniobras legales realizadas para frenar la reforma judicial, las autoridades del INE y el IETAM iniciaron formalmente el proceso de la primera elección popular de los juzgadores.
El Instituto Electoral de Tamaulipas instaló ayer el consejo general que arrancó la disputa de los 16 cargos de magistrados del tribunal superior de justicia y los 111 jueces que conforman el poder judicial de la entidad, puestos que serán definidos mediante el voto el primer domingo de junio de 2025.
En el caso del poder judicial federal, serán renovados la totalidad de las plazas entre ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados electorales del TEPJF, magistrados de disciplina, magistrados de circuito y jueces de distrito, para los que se inscribieron 30 mil personas, 18 mil 447 de los cuales lo hicieron ante el comité del poder ejecutivo.
El 15 de diciembre los integrantes de la comisión evaluadora informarán cuáles fueron los aspirantes que del número aludido cumplieron con los requisitos básicos de elegibilidad. De los noventa que se apuntaron para la corte únicamente serán 27 los que aparecerán en las boletas electorales y mil 793 para el resto de las 881 posiciones.
El 31 de enero se conocerá la cuantía definitiva.
Los evaluadores escogen a los juristas con mayor experiencia, capaces y el perfil que garantice que la impartición de justicia estará no solamente en manos de los jueces y juezas más calificados sino también que en la medida de lo posible sean ajenos a las preferencias políticas partidistas.
En Tamaulipas el Supremo Tribunal de Justicia designó en sesión extraordinaria celebrada el 23 de noviembre a los miembros del comité estatal de evaluación que quedó conformado por Lucía Graciano Casas, Juan Plutarco Arcos Martínez y Claudia Díaz Castaño, los tres profesionistas reconocidos en la actividad jurídica.
A propósito, de acuerdo con presidente del consejo general del IETAM, Juan José Ramos Charré, el costo de la primera elección judicial que tendrá lugar en la entidad federativa podría ser tres veces superior a la de los ayuntamientos y diputados locales, alrededor de unos 611 millones de pesos.
Suma que incluiría, a decir del funcionario electoral, además de los gastos de logística y necesidades de los funcionarios, la impresión de 45 millones de las papeletas y la instalación de 4 mil 952 casillas receptoras de los sufragios.
En el ámbito internacional, por otra parte, el triunfo del izquierdista Yamandú Orsi como nuevo presidente de Uruguay, que derrotó al candidato del derechista partido gobernante, Álvaro Delgado, debe de haber causado escozor entre los partidarios del PAN y agrupaciones políticas afines de México.
Y al mismo tiempo motivo de análisis y reflexión entre sus ideólogos ya que el avance de la izquierda política de la región latinoamericana revela que los candidatos de la derecha, igual que los gobiernos de esa ideología, no han resultado convincentes para la mayoría de los votantes.
Incluso en aquellos países, como Argentina, en el que los ciudadanos que llevaron al ultraderechista Javier Milei a la presidencia ahora lo repudian debido a que las medidas aplicadas por el mandatario para enfrentar la crisis económica que padece aquella nación han provocado hambre y miseria hasta entre los sectores de la clase media.
Por. José Luis Hernández Chávez