Esta semana, el Senado de la República votará la reforma constitucional que desaparecerá siete organismos autónomos, entre los que destacan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Es claro que toda institución u organismo debe estar sujeto al escrutinio, evaluación y rendición de cuentas ante la ciudadanía. El primero entre ellos debiera ser el gobierno federal y, en la misma medida, los demás Poderes y organismos autónomos.
Sin embargo, en menos de tres meses las mayorías legislativas oficialistas han aprobado desmantelar el Poder Judicial, y ahora se disponen a extinguir siete organismos autónomos y en dos semanas más aprobarán el mayor ajuste presupuestal en décadas.
Tienen los votos, pero no las razones. Detrás de cada una de estas decisiones no hubo una evaluación cuidadosa caso por caso, tampoco hubo diagnóstico alguno sobre lo que merecía la pena mantenerse, reformarse o extinguirse: se trata de hacer un borrón y cuenta nueva de instituciones que, si bien tenían virtudes y defectos de diversa índole, tienen como denominador común la facultad de acotar la discrecionalidad del gobierno federal en diferentes ámbitos.
Los voceros del oficialismo recurren con gran frecuencia a argumentos falaces para justificar estas decisiones. Un falso dilema recurrente es que no hay otra opción más que elegir entre dos opciones excluyentes: o mantener instituciones tan defectuosas o perfectibles como puedan juzgarse, o bien extinguirlas o desaparecerlas con argumentos simples de austeridad o simplificación administrativa.
Es un falso dilema porque, si la Corte o el Inai no hubieran cumplido a cabalidad sus mandatos constitucionales, bastaría con la renovación de sus integrantes o quizá una reforma cuidadosa de sus facultades y atribuciones para fortalecerlos. En vez de ello, se ha optado por desmantelarlos de golpe. ¿Acaso puede una Secretaría de Estado garantizar de mejor forma la transparencia que un organismo autónomo? Difícilmente.
Otra falacia recurrente es comparar países con historias y diseños constitucionales diametralmente distintos: “Si en Reino Unido no existe un organismo autónomo como el INE o el Inai, quizá no sean tan importantes”. Veamos: ¿es comparable la independencia del Poder Judicial o el Estado de derecho de aquel país con el mexicano? ¿Es comparable la discrecionalidad de un régimen parlamentario consolidado con la de un régimen presidencial como el nuestro?
POR JAVIER APARICIO
