Qué difícil será para la oposición defender al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT), ante su inevitable destino: la extinción.
El Senado aprobó ayer la “simplificación orgánica” que elimina al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y ordena a los estados adecuar sus marcos legales para extinguir sus equivalentes locales.
Tamaulipas no será la excepción. Según la minuta, el Congreso local deberá reformar la Constitución para trasladar las funciones del ITAIT a la Contraloría y otros órganos homólogos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Un ajuste que, más allá de ser un mandato federal, parece una conclusión ineludible.
La desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas no debe tomarnos por sorpresa. Este organismo, nacido en 2008 bajo la bandera de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, pasará a la historia no por su labor ejemplar, sino como el reflejo de la opacidad institucional que decía combatir.
Todo ello, a partir del sexenio panista, que convirtió a esta institución en un reducto más de su muy arrebatada corriente política.
Los vínculos partidistas de sus titulares alimentaron la percepción de que era más un feudo político que un verdadero defensor de la transparencia.
Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, presidenta actual, ha sido relacionada con administraciones panistas por obvias razones: fue regidora de ese partido en Reynosa.
El presidente anterior, Humberto Vallejo, llegó a esa posición luego de su paso como diputado del Partido Verde y luego “sin partido”. Su nombramiento en realidad fue un premio por los servicios prestados al gobierno panista.
Pero si los antecedentes personales generaban escepticismo, su desempeño más reciente lo confirmó. El ITAIT no solo ha sido señalado como el instituto de transparencia más opaco del país por el INAI, sino que lidera los recursos de inconformidad interpuestos por ciudadanos. En 2023, acumuló 214 de las 699 quejas nacionales, la mayoría por incumplir los plazos legales para responder solicitudes o por entregar información incompleta.
En números fríos, el ITAIT recibió un presupuesto de más de 20 millones de pesos en 2024. Cada uno de sus comisionados percibe un salario base de casi 21,000 pesos y una compensación que supera los 110,000 pesos mensuales. ¿El resultado? Un organismo que generó más frustraciones que respuestas.
Claro está, su desaparición no está exenta de retos. Delegar sus funciones a la Contraloría estatal plantea nuevos retos: ¿podrá este órgano garantizar la transparencia y el acceso a la información con mayor eficacia que su predecesor?. Ojalá. El nuevo entramado público de Tamaulipas así lo requiere.
Por Miguel Domínguez Flores
