Preocupación y alarma ha causado la reciente firma del acta 331 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) que compromete el agua del Río Bravo. El Río Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, el Arroyo de las Vacas, el Río San Juan, Río Álamo y las presas Amistad y Falcón serán proveedores de un estimado de 431,721, 000 metros cúbicos anuales.
La reunión que se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre en Cd. Juárez establece que la entrega de agua a Estados Unidos no se efectuará en caso de sequía extrema en el territorio mexicano o por causa de un serio accidente en los sistemas hidráulicos mexicanos. La Comisión establecerá un Grupo de Trabajo Binacional de Proyectos del Río Bravo con el objetivo de identificar y emitir recomendaciones para el desarrollo de proyectos de conservación del agua, aspectos ambientales y calidad de la misma en beneficio de ambas naciones.
El tratado podría permanecer vigente hasta el 2029, cuando de acuerdo con los plazos establecidos, se pueda elaborar una nueva acta. La firma de este tratado ha causado indignación entre el sector agrícola y la poblacion del norte del Estado (principalmente) quienes son los que se verían afectados ante algún desabasto de este recurso, comprometiendo varios distritos de riego.
Ante este panorama el Secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga, se pronunció al respecto expresando su desacuerdo con la minuta, calificándola como un acto que deja en desventaja a la población tamaulipeca y que prioriza las necesidades estadounidenses sobre las nacionales.
Quiroga advirtió que este año Tamaulipas enfrentó una de sus peores crisis hídricas, con regiones que prácticamente se convirtieron en desiertos, careciendo incluso de agua para actividades básicas. Según el Gobierno Estatal, la firma de este acuerdo viola derechos fundamentales y podría provocar un colapso agrícola, social y económico en la región.
La situación recuerda la reciente sequía extrema en Tamaulipas, donde las presas casi se secaron y miles de familias enfrentaron restricciones severas para obtener agua. La aprobación de la Minuta 331 amplifica este riesgo, al comprometer recursos ya limitados y esenciales para la población.
Si este año ya se vivió una crisis histórica, la implementación de este acuerdo podría llevar a un panorama aún más
sombrío, donde la escasez de agua transforme la región en un desierto permanente.
En este contexto, el Gobierno de Tamaulipas ha solicitado a la Federación que se reconsidere dicho acuerdo y replantee las políticas hídricas que equilibren compromisos internacionales con las necesidades locales. Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura en Tamaulipas, advirtió que el acta 331 debe revertirse totalmente. Y es que acentuó al igual que los productores, que esto traerá en un futuro cercano una crisis hidroagricola qué dejara pérdidas millonarias y repercusiones sociales en general.
Así también, señaló como es que el gobierno de Tamaulipas ya giró un oficio a la presidenta Sheinbaum solicitando qué este acuerdo no se lleve a cabo y se revire a beneficio de los agricultores. “Es muy grave, porque esa presa le da abasto al 54% de la población de Tamaulipas Y aparte del distrito de riego cero”. “Y totalmente coincido en que no se debe de ratificar”.
Y es que hace un año se pretendía llevar a cabo el acta 330, pero el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se enteró a tiempo sobre la situación y logro revertirla de la mano del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“Hace un año se intentó llevar el acta 330, pero el gobernador se dio cuenta a tiempo y mando inmediatamente un mensaje al señor presidente, Andrés Manuel López Obrador justificando porque no se debería de firmar y el presidente lo entendió y no se firmó”.
Así también finalizó diciendo que este año la CILA no llamó a ningún representante del gobierno de Tamaulipas, causando así una falta a los acuerdos y decidiendo de manera perjudicial a miles de familias tamaulipecas qué dependen del recurso para sus actividades agrícolas y también para el consumo humano.
Los agremiados del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas, quienes adelantaron que ante la ilegalidad de este tratado que data de 1944, habrían de hacer movilizaciones en forma de protesta por la decisión que en nada les beneficiará.
Pero por otro lado, la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), expuso a través de su gerente, Juan Manuel Salinas Sánchez, qué antes de tomar decisiones de tal tipo, primeramente habrán de esperar la respuesta ante el tema de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, igual que la del ejecutivo estatal Américo Villarreal Anaya.
“Por el momento se va a esperar la respuesta de la ciudadana presidenta y del señor Gobernador”. Y después “los presidentes de los Módulos de Riego convocarán a los Usuarios para informar y dar a conocer lo que seguirá”, informó a Expreso, Salinas Sánchez.
POR KAREN SALAS/ANTONIO H. MANDUJANO
EXPRESO-LA RAZÓN
