“No necesito güajes para nadar”
Dicho popular
Carlos Salinas De Gortari asumió en 1988 la Presidencia de la República urgido de legitimidad porque su triunfo fue impugnado por la oposición y confrontaba rupturas internas dentro de su propio partido en donde se había cuestionado su derecho a ser candidato vulnerando la voluntad de los sectores que integraban a esa organización política.
Sus primeras acciones se caracterizaron por la violencia con la que irrumpieron en el ámbito político nacional, primero con la detención y encarcelamiento de los lideres del sindicato petrolero, la exigencia de renuncia de gobernadores priistas para entregar esos puestos a la oposición panista, y después con la desaparición de la Ley de la Reforma Agraria y del ejido.
Fue en ese tiempo que se utilizó como moneda de cambio en negociaciones con la oposición, la creación de organismos públicos autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio. De esa manera surgieron el IFE y el TRIFE, la Comisión Federal de Competencia Económica COFECE y la Comisión Reguladora de Energía CRE, entre los primeros.
Se acudió a esta figura dando por sentado que todos los gobiernos precedentes eran corruptos como lo había planteado Miguel de la Madrid en su campaña permanente de renovación moral de la sociedad que llevaba implícita la acusación de corrupción en todos los gobiernos anteriores al suyo.
Fue en los gobiernos priistas de Salinas De Gortari y Zedillo, y de los panistas Fox y Calderón que surgió el mito de que la confianza en las funciones y los organismos públicos sólo nace de qué sean independientes y contrarios al gobierno y por ello se crearon con ese criterio los organismos autónomos que recibieron las funciones que ejercía hasta entonces el Poder Ejecutivo.
Funciones como el manejo de los procesos y los resultados electorales, el acceso a la información, la competencia económica, la regulación de las telecomunicaciones, la evaluación del desarrollo social, la regulación de la energía y los hidrocarburos, y la mejora de la educación, pasaron a manos de organismos que los partidos políticos convirtieron en ínsulas de poder y lugar de residencia de burocracias partidizadas.
La reforma constitucional aprobada recientemente desaparece la autonomía, la personalidad jurídica y el patrimonio propio de siete organismos, pero no las funciones que ahora estarán nuevamente bajo la responsabilidad del poder ejecutivo como lo estuvieron en sus orígenes y se cumplieron satisfactoriamente .
De esa manera se han extinguido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica COFECE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social CONEVAL, la Comisión Reguladora de Energía CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación MEJOREDU.
Los organismos autónomos han dejado de ser territorio de la oposición y serán desde ahora dependencias del Poder Ejecutivo encabezadas por funcionarios y trabajadores responsables de seguir haciendo las mismas funciones pero con honestidad y compromiso social al servicio de los mexicanos. Dicho de otra manera, el gobierno necesita no necesita güajes para nadar.
por Jesús Collado Martínez