Es cierto que durante los últimos dos años, el magistrado David Cerda Zúñiga supo transitar lejos de la actitud que mantuvieron otros cuadros pertenecientes al grupo político del ex gobernador Cabeza de Vaca.
Supo leer bien el juego y fue hábil para no causar más tensión de la que ya había por la actitud siempre pendenciera de sus correligionarios.
Tanto así, que en los últimos meses se convirtió en un defensor a ultranza de la reforma judicial y con ello, al menos contribuyó a que los integrantes del Poder Judicial local replicaran las acciones de sus pares federales.
Todo ello, sin embargo, no borra su pasado ni su origen.
Por eso, su renuncia al Poder Judicial -más allá de la circunstancias en las que se da- representa el fin de un periodo de control político que fue instaurado durante el mandato de Francisco García Cabeza de Vaca.
Las piezas del régimen panista han ido cayendo poco a poco: desde el Congreso del Estado, hasta la Fiscalía Anticorrupción, pasando por la Auditoría Superior del Estado.
El Poder Judicial se renovará por completo el próximo año, y poco después vendrá el relevo en la Fiscalía General de Justicia.
La salida de Cerda es un símbolo más en esta nueva realidad política de Tamaulipas.
El magistrado que hoy dejará de ser presidente, fue un operador clave para los intereses del exgobernador, ocupando posiciones estratégicas como asesor y Jefe de la Oficina del mandatario.
Su ascenso a la presidencia del Tribunal en septiembre de 2022 no fue casualidad: llegó tras la sorpresiva renuncia de Horacio Ortiz Renán, un movimiento que consolidó el poder del grupo político de Cabeza de Vaca dentro del ámbito judicial.
Sin embargo, los tiempos cambian, y con ellos las dinámicas del poder. La renuncia no solo responde a su aspiración de competir en la elección federal de magistrados bajo el marco de la reforma judicial. Es, sobre todo, una muestra de que el control hegemónico del cabecismo sobre el Poder Judicial ya no es sostenible en la actual configuración política del estado.
Durante años, la influencia del exgobernador permeó profundamente en el Supremo Tribunal, no solo a través de la designación de magistrados afines, sino también en la gestión de recursos, la interpretación de la ley y la resolución de casos estratégicos.
La reforma judicial que lleva a las urnas la designación de jueces y magistrados representa una oportunidad inédita para democratizar un sistema judicial históricamente opaco.
Y claro, la transición hacia este nuevo modelo es también un reto, que recaerá en manos de quien a partir del próximo año ocupe la Presidencia, una posición muy preciada.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
