Para el ejercicio fiscal 2025 al gobierno de Tamaulipas le sería asignado un presupuesto de 77 mil 363 millones 520 mil 638 pesos. Mil 082 millones más que en el 2024. Pero este monto resultaría insuficiente para cubrir las necesidades de infraestructura, proyectos de desarrollo y programas asistenciales, si en cuenta tomamos que el gasto corriente absorbería entre el 70 y 80%; y que la inflación se estima en más de tres puntos, según pronostican expertos en economía.
Esto llevaría al gobernador Américo Villarreal Anaya a la reasignación local de recursos, para así evitar que la crisis golpee a la entidad.
Mientras tanto, los 12 diputados federales bien harían en tramitar más recursos para el estado, antes de aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación –que podría ser mañana–, sin importar colores. Ni intereses de grupo.
Ya ve usted que, por el centralismo dominante, la presidenta es la que decide cómo distribuir el PEF –aunque lo haga a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y la fracción legislativa de Movimiento Regeneración Nacional (morena), junto con sus similares aliadas.
Incluso, pasando por alto que los estados que más recursos recaudan, como son los casos de la Ciudad de México y Tamaulipas, son también los más castigados con la asignación de recursos, mientras que los que menos aportan resultarían beneficiados.
Así que no esperemos milagros en la repartición del pastel.
Y sí, por el contrario, un ajuste en el gasto estatal, como quizá algunas medidas para generar recursos propios, hasta por $10 mil 611 millones que es la cantidad estimada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal, sin que esto implique incrementar impuestos ni crear gravámenes nuevos.
Según dice Claudia Sheinbaum Pardo, el PEF, para ejercerse en 2025 resultará suficiente para: a) mejorar la calidad de vida de los +/- 130 millones de mexicanos; b) reducir las desigualdades sociales; c) promover el crecimiento económico; d) darle seguridad a la población; y, d) generar empleos.
En teoría sería lo correcto. Pero, en la práctica, se vislumbra que ésas ofertas no se cumplirán, como ningún otro acuerdo para rescatar a los más jodidos, pues a las 32 entidades federativas (incluida la Ciudad de México), apenas se les asignarán recursos para irla pasando, mientras que al sector energético se le otorgaran caudales, siendo que durante décadas ha sido y lo es todavía, un barril sin fondo para el enriquecimiento de funcionarios.
A la mano, conservo copia del proyecto del reparto presupuestal que todavía no ha sido aprobado por la Cámara de Diputados. Y, por supuesto, ahí se observan claramente los ‘tijeretazos’, como el aumento sustancial a otras áreas que no aportan nada y sí mucho gastan.
En descargo de este ‘panorama pesimista’, la secretaria de Finanzas del gobierno estatal, Adriana Lozano Rodríguez, al comparecer ante las comisiones unidas de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública y la de Estudios Legislativos del Congreso local, afirmó que, el Gobierno de Tamaulipas, demuestra nuevamente su compromiso con las familias, pues el presupuesto propuesto no solo garantiza estabilidad fiscal, sino que evita la creación o incremento de impuestos. Un enfoque responsable y solidario que marca una diferencia tangible con gobiernos anteriores.
Con esta su política económica, el gobierno refuerza su apuesta por el progreso y el bienestar, porque gracias al manejo ordenado y transparente de las finanzas públicas, se han logrado las mejores calificaciones crediticias, consolidándose Tamaulipas como una entidad confiable y atractiva para la inversión.
Este logro no solo refleja una administración eficiente, sino también un compromiso claro con el desarrollo económico.
De ahí que la administración del doctor Américo Villarreal Anaya haya obtenido tasas competitivas para ofrecer mejores resultados a las y los ciudadanos, evidenciando un compromiso inquebrantable con el bienestar de la población.
Con el paquete económico que no solo es responsable y transparente, sino que sienta las bases para un futuro de mayor inversión y desarrollo, el estado avanza firme, bajo criterios humanistas, garantiza estabilidad para el estado y refuerza la confianza en que la presidenta continuará apoyando los esfuerzos del gobierno tamaulipeco, reconociendo así los resultados alcanzados en beneficio de las y los tamaulipecos.
Desde hace tiempo se vislumbraba la austeridad en el gasto público. Y hoy es una realidad, aunque el presupuesto conlleva beneficios financieros como serían: a) evitar incrementos de impuestos; b) crear nuevos tributos; c) seguir financiando ‘elefantes blancos’; d) evitar el derroche y/o los malos manejos del erario; d) no caer en subejercicio; e) descartar endeudamiento público, y d) hacer más con la aplicación correcta del gasto, en cuanto a la infraestructura y programas sociales.
De cualquier forma, no estaría de más que a la bolsa de Tamaulipas la Cámara de Diputados y el Congreso local –que son responsables directos de autorizar el presupuesto–, le rascaran otro poquito para beneficio de un estado, como Tamaulipas, que mucho aporta a la economía nacional.
POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA
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