La renuncia de los magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia confirma la reconfiguración total del Poder Judicial de Tamaulipas.
El viernes, el Congreso del Estado dio por admitidas las declinaciones de diez magistrados a participar en la elección del 2025, y con ello su renuncia al cargo a partir del 30 de septiembre del año entrante. Ello, por que el 1 de octubre, asumirán funciones los jueces y magistrados que resulten electos el 1 de junio, en una elección totalmente inédita.
La decisión de los integrantes en funciones del Tribunal era previsible, pues la reforma judicial les ofrecía muy pocos incentivos para intentar continuar en su cargo.
Aunque tenían asegurado su lugar en la boleta electoral del 2025, al registrarse como candidatos perdían su derecho a recibir el haber de retiro a menos que ganaran la elección, y en caso de hacerlo, sería solo para cumplir con el periodo para el que fueron designados originalmente, que en la mayoría de los casos sería solo hasta el 2027.
Más allá de la redacción de la ley, lo cierto es que la continuidad de los actuales magistrados lucía muy cuesta arriba, por el origen de sus designaciones, y su filiación política. La mayoría de ellos llegaron al Tribunal con el impulso de la administración cabecista, luego de haber formado parte de ese grupo político, desempeñando diversos cargos.
El caso más elocuente quizás sea el del ex presidente del Tribunal, David Cerda Zúñiga, quien dejó ese cargo apenas el pasado 5 de diciembre, para intentar competir en la elección judicial federal. Había sido nombrado presidente por sus compañeros en septiembre del 2022, tras la renuncia del también cabecista Horacio Ortiz Renán.
David Cerda había sido nombrado como magistrado un año antes en el 2021, proveniente de la Jefatura de la la Oficina del Gobernador Cabeza de Vaca, cargo que desempeño desde el 2019. Antes había sido asesor del Ejecutivo, y antes de ello, desde el 2016 cuando el PAN llegó al poder en Tamaulipas, Secretario General del Congreso.
Su periodo como magistrado concluía en el 2027. Un caso similar, del paso de un funcionario del Ejecutivo al Poder Judicial fue el del todavía magistrado Mauricio Guerra Martínez, quien fue designado por el Congreso en el 2021, también para concluir en el 2027.
Hasta ese momento, Guerra ocupaba la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; como parte de la misma dependencia, había sido Jefe de la Oficina Fiscal en Victoria desde el 2016.
Jorge Durham, otro magistrado, también empezó a crecer en posiciones de relevancia a partir del 2016, tras la llegada del PAN al poder.
Ese año fue nombrado como Titular de la Unidad de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, y el 13 de diciembre del año 2018 fue designado Consejero de la Judicatura por la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, del primero de enero de 2019 al 8 de abril del año 2021. De inmediato, a propuesta del entonces gobernador Cabeza de Vaca fue nombrado por el Congreso del Estado, como Magistrado de Número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por un periodo de seis años, que hubiera concluido en el 2027.
Proveniente del Poder Ejecutivo llegó al Tribunal la Magistrada de la Sexta Sala Unitaria Penal del Poder Judicial de Tamaulipas, Gloria Garza Jiménez, designada el 9 de abril del 2021. Su trayectoria en el servicio público comenzó en algunas delegaciones federales, pero en el 2016 se integró al Gobierno del Estado como Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, posteriormente Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, cargo que desempeñó hasta marzo de 2021, cuando renunció para asumir la magistratura. Una de las designaciones más cuestionadas para el Tribunal fue la del magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal, Javier Castro Ormaechea.
El abogado había ocupado diversos cargos en la entonces Procuraduría General de Justicia, hasta que en el 2017 fue designado como el primer titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas. Desde esa posición fue señalado por convertirse en un brazo judicial del Ejecutivo para perseguir a opositores políticos
Uno de los casos más mediáticos que ejecutó fue el del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, en una acusación que lo llevó a prisión y que terminó por ser desestimada por la justicia.
Recientemente, por citar un ejemplo, el exalcalde de San Carlos, Samuel Rodríguez Urbina, anunció una denuncia contra el actual magistrado por daño moral y económico. Tras quedar absuelto de la acusación por peculado que hizo la Fiscalía anticorrupción en 2017 , el político adelantó que interpondrá una denuncia penal por tres delitos contra Castro Ormaechea.
Rodríguez Urbina terminó su período como alcalde de San Carlos en 2007, y aunque la última cuenta pública fue aprobada por el Congreso de Tamaulipas en 2010, seis años después, al llegar el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación en su contra.
El expresidente municipal de San Carlos dijo que la acusación desestimada se basó en un acuerdo de Cabildo, aprobado por unanimidad, para utilizar un millón de pesos para la rehabilitación emergente de un camino, llantas para vehículos e insumos. Los gastos fueron sustentados con facturas ante la Auditoría Superior del Estado, sostuvo.
Sin embargo, para el Fiscal Anticorrupción se generó el delito de peculado a pesar de que la información fue cotejada con los proveedores y se transparentó cada peso que se aplicó, afirmó Rodríguez Urbina.
El exalcalde de San Carlos fue detenido a mediados de noviembre de 2017 y encerrado primero en el municipio de Padilla y posteriormente trasladado al penal de Victoria, donde obtuvo su libertad 20 días después pagando una fianza. Siete años después y tras librar una fianza de 7 millones de pesos que le exigía la Fiscalía, el exalcalde logró continuar su defensa en libertad hasta que fue absuelto de toda acusación.
Este viernes también presentó su renuncia -válida hasta el 30 de septiembre del próximo año- el magistrado Noé Saenz Solís, quien se desempeñó como Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas de julio de 2017 a agosto de 2020, periodo dentro del cual fungió como Presidente de dicho Tribunal, hasta que en el 2021 fue designado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.
También declinó a participar en la elección, la magistrada Rosario Garza Hinojosa, quien antes de ser designada en esa posición fue desde el 2016, Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, y luego en el 2019, Coordinadora General del Registro Civil de Tamaulipas.
Se incorporó al Poder Judicial en el 2021 por un periodo de seis años, hasta el 30 de junio del año 2027. Mismo caso de la magistrada, Omeheira López, quien fue designada para ocupar la Novena Sala Unitaria en Materia Civil-Familiar del Supremo Tribunal de Justicia hasta el 2027. Antes de eso había sido diputada federal y en el 2016, Directora General del Sistema DIF Tamaulipas.
El actual presidente del Poder Judicial de Tamaulipas, Hernán de la Garza Tamez, ya había anunciado que no participaría en la elección, y este viernes se oficializaó con la aprobación del Congreso de su declinación. De la Garza fue nombrado el pasado 6 de diciembre como presidente del Supremo Tribunal, cargo que ocupará hasta el 30 de septiembre del próximo año, cuando concluirá finalmente su larga carrera judicial.
Fue designado Magistrado Numerario el 11 de septiembre de 2013, por el Congreso del Estado, a propuesta del titular del entonces gobernador Egidio Torre Cantú.
El 8 de julio de 2015, en sesión plenaria extraordinaria, fue designado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas, para el periodo del 8 de julio de 2015 al 15 de enero de 2019. Luego fue ratificado para ocupar otro periodo como magistrado.
Un caso muy particular es el de Javier Valdez Perales. Fue designado como magistrado originalmente en el 2015 y ratificado en el 2021, pero ello después de que interpusiera un juicio de amparo, por habérsele negado esa posibilidad. Su segundo periodo como magistrado concluiría hasta el 2027.
Esta renuncia masiva de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia se da en pleno proceso electoral judicial, un procedimiento inédito que llevará a los tamaulipecos a las urnas para elijan a más de 150 jueces y magistrados estatales y federales. El próximo 20 de diciembre se cierra la convocatoria para los interesados en participar como candidatos en esta elección.
De acuerdo a los integrantes de los tres comités de evaluación de Tamaulipas, a la fecha suman ya más de 1000 personas que se han registrado como aspirantes. El procedimiento indica que cada Comité de Evaluación recibirá los expedientes de aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.
Integrarán un listado de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de Magistradas y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial.
Y de las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de juzgadpores, depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Luego, los Comités los remitirán a la autoridad que represente a cada Poder del Estado para su aprobación y envío al Congreso, quien remitirá la autoridad administrativa electoral a más tardar el 12 de febrero del próximo año. “Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios Poderes del Estado, siempre que aspiren al mismo cargo”.
El Instituto Electoral de Tamaulipas efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer. También declarará la validez de la elección que corresponda y enviará sus resultados al Tribunal Electoral de Tamaulipas que deberá resolver las impugnaciones a más tardar el 1 de agosto de 2025.
Las personas electas como Magistradas y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, jueces de Primera Instancia y menores tomarán protesta de su encargo ante el Congreso del Estado el 1 de octubre de 2025. El nuevo Órgano de Administración Judicial deberá estar instalado a más tardar el 1 de octubre de 2025 y adscribirá a las personas electas al órgano judicial que corresponda a más tardar el 15 de octubre de 2025.
POR STAFF
