TAMAULIPAS, MÉXICO.- Luego de cinco años de ocurrida las ejecuciones extrajudiciales de ocho personas en Nuevo Laredo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió por fin una recomendación, la 173VG/2024, sin embargo no responsabiliza a todos los involucrados y algunas de las indicaciones están dirigidas a un grupo (CAIET) que ya no existe.
La mañana del jueves 5 de septiembre del 2019, un operativo integrado por personal de Inteligencia y Policía Estatal de Tamaulipas, así como integrantes del Ejército Mexicano allanaron tres domicilios particulares, arrestaron a ocho personas (cinco hombres y tres mujeres) y después simularon un “enfrentamiento armado” en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, llevó a cabo una investigación que incluyó testimonios de cuatro víctimas sobrevivientes, video grabaciones y documentos oficiales que revelaron que las personas fueron obligadas a vestir uniformes tipo militar, ejecutadas estando esposadas y después les colocaron armas de fuego para aparentar una agresión a las fuerzas de seguridad.
Las víctimas originarias de Tamaulipas, Coahuila, Hidalgo, Estado de México y Oaxaca fueron Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, Enrique Pérez Chávez, Jennifer Hazel Romero López y Wilbert Irrastreto Pérez.
Por este caso se integró el expediente de queja CNDH/2/2019/8078/Q, que en 2022, la Comisión Nacional intentó devolver a la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas (CODHET), atribuyendo únicamente responsabilidad a autoridades estatales y exonerando al Ejército Mexicano de su participación en los allanamientos y las detenciones arbitrarias.
Al encontrar rechazo de la Comisión Estatal, abrió un expediente de queja nuevo (CNDH/2/2022/12263/Q) del que en esta ocasión emitió una recomendación, (173VG/2024) en la que justificó la participación del Ejército y del grupo CAIET (Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas), señalando que no se habrían percatado de las ejecuciones.
Sobre esta recomendación, Amnistía Internacional manifestó su preocupación, haciendo un llamado a las autoridades a realizar una investigación pronta y efectiva, así como a establecer medidas acordes a los crímenes cometidos. “Como desarrollamos en nuestro informe “Cambiando el Paradigma”, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública puede implicar graves riesgos a la vida de la población”.
Para Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a cargo de Rosario Piedra Ibarra actúa con sumisión, protección y defensa de las fuerzas armadas, en perjuicio de las víctimas.
“Es mentira que defienden al pueblo, defienden a las fuerzas armadas y por lo tanto carecen de méritos para aspirar a una reelección de cargo, es una ofensa a las víctimas”, expresó Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos.
Y fue más allá al denunciar que en al menos diez casos de violaciones graves a los derechos humanos documentados por el Comité que encabeza, la actuación de la CNDH ha sido parcial, superficial y tolerante al uso excesivo de la fuerza, negando además medidas cautelares para la protección de la población civil en Nuevo Laredo. Refirió que ello contribuyó a la muerte arbitraria
de tres civiles el 11 y 12 de octubre, entre ellos, una niña de 8 años, por parte de militares y la Guardia Nacional.
Enumeró que existen expedientes de queja que fueron cerrados por la Comisión Nacional en los años 2022, 2023 y 2024 por “falta de elementos de prueba, sin materia o concluidos durante el trámite”.
Entre ellos, el expediente de Queja CNDH/2/2024/6089/Q, concluido el 30 de Septiembre del 2024, donde se documentó un atentado con arma de fuego, lesiones y daño en propiedad).
Roberto Robles y/o Simón Alberto Vega acusó a personal militar de perseguirlo a balazos y provocar un accidente vehicular, además de ser agredido a golpes por tres militares.
Para ese caso, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, aportó un video donde se observa a personal del Ejército agrediendo al conductor de la camioneta, pero la Comisión Nacional consideró que no era suficiente prueba.
O t ro m á s e s e l i d e n t i f i c a d o c o m o CNDH/2/2024/10723/Q, concluido el 30 de agosto del 2024 donde se negó medidas cautelares.
En este caso, Alejandro Pérez, víctima sobreviviente de una masacre cometida por militares el 26 de febrero anterior (Recomendación 95VG/2023), denunció que personal del Ejército Mexicano intentó detenerlo arbitrariamente mientras se encontraba afuera de su domicilio, una cámara de seguridad grabó la presencia de los soldados, pero la CNDH consideró que solo hubo “actos de molestia” y que fue “solucionado durante el trámite respectivo”.
En el expediente CNDH/2/2024/10286/Q, concluido el 30 de agosto del 2024, también se negaron medidas cautelares a Beatriz Cuevas, víctima indirecta en la Recomendación 119VG/2023, quien fue obligada a bajar de su camioneta por un grupo de militares mientras acudía con sus hijas a un parque recreativo.
A la denunciante le tomaron fotografías y videos para revisar “su estatus” en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, después de media hora de retenerla contra su voluntad la dejaron irse.
En este caso, la Comisión Nacional de Derecho Humanos determinó que “no se advierten elementos que acrediten violación de derechos humanos por parte de servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
El expediente de queja CNDH/2/2024/4868/Q, concluido el 31 de Mayo del 2024, también se negaron medidas cautelares para Abigaíl Valdés, víctima indirecta reconocida en la Recomendación
119VG/2023.
Ella acusó a militares de allanar su domicilio para revisar una camioneta que tenía estacionada en su cochera, narró que los soldados le tomaron fotografías y videos a ella, el vehículo y su domicilio a manera de intimidación luego de participar en una audiencia judicial en contra de cuatro militares presos por el homicidio de su esposo. En este caso, la Comisión Nacional consideró que los militares pudieron haber incurrido en una “probable falta administrativa con motivo de su desempeño” y acordó dejar la queja “sin materia”.
También se negaron medidas cautelares a Arturo Suárez, en el expediente CNDH/2/2024/4055/Q, concluido el 30 de Abril del 2024. La víctima indirecta reconocida en la Recomendación 95VG/2023, acusó a militares de la garita Camarón en Anáhuac, Nuevo León de pretender detenerlo de manera arbitraria cuando regresaba de adquirir mercancías para surtir su tienda de abarrotes.
Arturo Suarez es reconocido como el padre de uno de los jóvenes masacrados por soldados en Nuevo Laredo el 26 de febrero del año pasado.
La CNDH dio por válido el informe presentado por la comandancia de la 7ª Zona Militar que aseguró “que su personal no se encontraba desplegado en dicha estación por estar en abandono”, a pesar de anexar fotografías y videos de dicho retén, así como números económicos de los vehículos de Sedena; así, la queja fue concluida como “solucionada durante el trámite”.
El expediente CNDH/2/2023/12444/Q, concluido el 29 de Septiembre del 2023 por atentado con arma de fuego y lesiones graves contra José Luis Soto Cárdenas, un vendedor ambulante que fue herido con arma de fuego por selementos del Ejército, luego de salir de una tienda de conveniencia, y lejos de prestarle auxilio el personal militar huyó del lugar abandonando a la víctima.
La Sedena informó al respecto: “no existen evidencias que acrediten alguna violación a derechos humanos por esta Secretaría de Estado en agravio del señor José Luis Soto Cárdenas toda vez que esta Secretaría de Estado no participó en los hechos”.
Con ello, la CNDH determinó que “no hay elementos para corroborar la versión del señor José Luis Soto Cárdenas, así como el tipo de herida que presentaba, la cual pudo ser ocasionada por causas tales como golpe directo, volcadura o choque… (la herida) no cuenta con características propias de una herida producida por un proyectil disparado por arma de fuego”, determinó la investigación realizada por el Comité de Nuevo Laredo.
Otro más es el expediente CNDH/2/2021/7778/Q, concluido el 31 de Agosto del 2023, donde se acusa de atentado con arma de fuego y lesiones graves). Janet Salas y tres acompañantes más resultaron con lesiones graves después de que su camioneta fuera embestida por un vehículo de la Sedena y como consecuencia sufrieron una volcadura.
“Los militares mantuvieron a las víctimas tiradas sobre la carretera sin prestarles auxilio médico y agrediéndolas con sus armas. Ante el reclamo de automovilistas y conductores de tráileres las víctimas fueron trasladadas a un Hospital General escoltados por militares y en calidad de detenidos”, señala el informe del Comité.
La Sedena negó en los hechos en un informe y la CNDH cerró la investigación al considerar que “en consecuencia, al no existir evidencia de que algún vehículo de la Secretaria de la Defensa Nacional haya golpeado la camioneta en la que viajaban los agraviados quienes resultaron con lesiones, además, se advierte que si les proporcionaron los primeros auxilios y traslados a hospital”.
En este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tardaron dos años en emitir una resolución negativa.
Un caso grave se documento en el expediente CNDH/2/2022/13687/Q por la muerte arbitraria de 2 mujeres y un hombre y concluyó el 29 de Marzo del 2023.
Tres civiles que se encontraban en calidad de secuestrados fueron masacrados por personal del Ejército luego de sostener un enfrentamiento con civiles armados. Una de las víctimas fue identificada como Homero Martínez Ruiz mientras que las dos mujeres estaban en calidad de desconocidas.
Durante su “investigación” la CNDH determinó que Martínez Ruiz había resultado positivo en la prueba de rodizonato, según peritos de la FGR (por contaminación y no por detonación de arma de fuego) y que por lo tanto se le consideraba agresor y no víctima secuestrada.
“Respecto a las dos mujeres que señala no se cuenta con identidad no se tiene conocimiento por parte del Instituto Armado”. Los restos de las dos mujeres terminaron en una fosa común en el Panteón Municipal de Nuevo Laredo sin ser identificadas por ambas Fiscalías. (Tamaulipas y FGR).
Mientras que el expediente CNDH/2/2022(2083/Q, fue concluido el 31 de agosto del 2022 por atentado con arma de fuego y lesiones graves).
Eduardo Bartolo, un soldador que acudió a orillas del río Bravo para pescar en su día de descanso resultó herido con arma de fuego por elementos de la Guardia Nacional que perseguían a civiles armados en las oficinas del Centro de Internación Vehicular.
Los guardias nacionales estaban comisionados a la vigilancia del puente internacional Número 2 pero en todo momento negaron su participación en los hechos.
El informe de la Guardia Nacional, en apenas un párrafo, informaba lo siguiente: “no se encontraron registros de la participación de integrantes de esa Institución en los hechos materia de queja”.
El expediente CNDH/2/2021/8423/Q, por la ejecución extrajudicial de cinco civiles fue concluido el 15 de julio del 2022.
Una persecución de civiles armados y personal del Ejército terminó con la muerte arbitraria de las víctimas quienes inicialmente ingresaron a un domicilio y después fueron sometidos y ejecutados arbitrariamente.
El informe de la Sedena aseguraba que “el personal militar al estar frente a una agresión real, actual, inminente y sin derecho, tal como lo previenen los artículos 12, 13 y 39 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza por parte de los ahora occisos, para contrarrestar y neutralizar los actos de resistencia con la única finalidad de salvaguardar su integridad física, así como de las personas ajenas que se pudieran encontrar en el lugar de los hechos.
Mientras que el 7 de diciembre del 2022 se concluyó el expediente CNDH/2/2022/10381/Q, referente a la ejecución extrajudicial de tres civiles).
La tarde del 28 de junio del 2022 una persecución de civiles armados y Guardias Nacionales terminaron con una ejecución extrajudicial en el Fraccionamiento Lomas del Río.
Vecinos del sector denunciaron que los civiles armados detuvieron la camioneta en la que escapaban, sacaron sus manos por las ventanas y gritaban que no dispararan; cuando arribaron elementos del Ejército Mexicano, les impactaron con un vehículo blindado y después los masacraron.
El personal de la Guardia Nacional que inicialmente venían en persecución fueron hechos a un lado por sus compañeros militares; en este caso también el Comité de Derechos Humanos aportó una video grabación en donde se observa a los civiles con las manos en alto y sin estar armados pero la CNDH desestimó ese material como elemento de prueba.
La CNDH informó que se “acreditó un enfrentamiento armado entre civiles y servidores públicos de la Sedena y la Guardia Nacional.
POR. PERLA RESÉNDEZ
EXPRESO-LA RAZÓN
