Está por concluir el año y vale la pena recapitular tan sólo uno de sus más tristes episodios. Durante su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como la Corte no resolvió diversos asuntos en el sentido deseado por el entonces presidente, éste propuso reformar la Constitución para remover a todos los ministros, magistrados y jueces del país —la excepción fueron los magistrados electorales, a quienes se les ofreció una prórroga—, y elegir nuevos jueces mediante voto directo.
De no haberse aprobado la reforma judicial, este mismo mes la presidenta Claudia Sheinbaum pudo haber propuesto a un sexto integrante de la Corte. Con ello hubiera conseguido un poder de veto en el pleno de la Corte. Como esto no le pareció suficiente, la Presidenta apoyó la reforma constitucional de su antecesor en todos sus términos. Lejos quedaron los mensajes y promesas de moderación que sus voceros dieron a lo largo de su campaña, mismos que se reforzaron en los meses previos a su toma de protesta: es que no le gusta la reforma judicial, es que se va a moderar, etcétera.
Al igual que la cancelación del aeropuerto de Texcoco seis años atrás, la reforma judicial se aprobó de manera sumamente expedita a pesar de las numerosas advertencias de propios y extraños, dentro y fuera del país.
Ante la premura y lo complejo de un proceso inusual e inédito, hace unas semanas el INE solicitó una prórroga al Congreso a fin de posponer unos meses la elección judicial. No la consiguieron, por supuesto: la elección judicial tendrá que ocurrir en junio, sea como fuere. El Tribunal Electoral pudo haber intervenido en éste y otros delicados asuntos del proceso electoral judicial en marcha, pero todo parece indicar que desde meses atrás una mayoría de magistrados han decidido plegarse ante los deseos del gobierno en turno. ¿Podemos descartar que la prórroga en sus cargos tuvo como fin premiar o comprar su lealtad al nuevo gobierno?
El INE solicitó a la Cámara de Diputados 13.2 miles de millones de pesos para organizar la elección judicial con los mismos estándares de calidad y confiabilidad que las elecciones constitucionales que ha organizado por décadas. La semana pasada, la Cámara sólo aprobó 4.3 mmdp para esta partida presupuestal, es decir, sólo un tercio de lo solicitado por el instituto. Es un recorte sin precedente, y lo es más si se considera lo trascendente e inédito del proceso electoral detonado por la reforma judicial.
¿Podemos descartar que el gobierno busca con este recorte, justamente, una elección desorganizada y con baja participación? Vale la pena recordar que, a menor participación electoral, más sencillo sería para el gobierno manipular o intentar controlar el resultado de la elección. Algo similar ocurrió durante la consulta popular y la revocación de mandato de años pasados. En vez de mejorarlo o reforzarlo, o de respetar la renovación escalonada con el consenso de otras fuerzas políticas, el gobierno decidió desmantelar al Poder Judicial por completo para reemplazar a todos los jueces del país en una elección compleja, sin recursos suficientes y que parece destinada a fracasar como parte de su diseño, no por error.
Dos tercios de los candidatos y candidatas a los cargos judiciales serán evaluados y pre aprobados por sendos comités del gobierno federal y de ambas cámaras del Congreso. Los Comités evaluadores están integrados por oficialistas y simpatizantes del gobierno en turno.
No habrá recursos para gastos de campaña de ningún candidato. El interés del electorado para votar un tema inusual luce sumamente bajo. No podemos descartar que una vez más haya espectaculares por generación espontánea como vimos en 2023 y, una vez más, no difícilmente serán sancionados. A pesar de esto, hay quienes insisten en que la elección de jueces mediante voto directo democratizará al Poder Judicial. Otros más dicen que todo este triste episodio es culpa de los ministros salientes por no plegarse a los deseos y caprichos del expresidente. Prefieren aplaudir o mirar para otro lado conforme se desmantela uno de los tres poderes por el capricho de una persona: es que no lo hubieran provocado, dicen.
Por. Javier Aparicio
