TAMAULIPAS, MÉXICO.- En los últimos 12 años, en Tamaulipas las corporaciones de seguridad desplegadas en la entidad han detenido en flagrancia del delito a 2 mil 700 personas y puestas a disposición del ministerio público local, sin embargo, solo 319 fueron vinculadas a proceso por algún delito.
Fue el personal del Ejército Mexicano el que más detenciones ha realizado en este tiempo con 2 mil 597 personas, de las que 2 mil 257 son hombres y 340 mujeres, todos puestos a disposición del ministerio público de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
De las 70 detenciones realizadas por la Guardia Nacional, 61 eran varones y solamente nueve mujeres, mientras que de los 33 detenidos en flagrancia por parte de la Secretaría de Marina (Semar), 28 son hombres y cinco mujeres.
En la entidad, las fuerzas federales han coadyuvado con las autoridades estatales (policía estatal, hoy Guardia Estatal; además de la Policía de Investigación) en el combate de la delincuencia, de manera especial en los municipios de la frontera.
En respuesta a una solicitud de información, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, detalló que de los detenidos en los últimos 12 años en la entidad, 130 se trató de menores de edad, la mayoría de ellos capturados por efectivos militares.
En el oficio FGJ/DGAJDH/P/17616/2024 se detalla además que dos de los detenidos se encontraban drogados, cinco en estado de ebriedad, nueve fueron reportados como golpeados al momento de su detención, cuatro heridos con arma de fuego y 18 lesionados, sin que se detalle el tipo de lesión que presentaban.
Las dependencias federales destacaron dos categorías al momento de poner a disposición del ministerio público local a los detenidos: conscientes y sanos, de los primeros sumaron mil 151 personas, reportando otros mil 509 detenidos “sanos”.
SOLO 319 FUERON VINCULADOS
Pese al gran número de detenciones llevadas a cabo por las autoridades federales desplegadas en los 43 municipios de la entidad, solo 319 fueron vincuadas a proceso por un juez de control por delitos del fuero común. Cuando se llevaron a los detenidos ante la autoridad ministerial, un médico legista determinó que 27 de ellos presentaban lesiones o golpes, de ellos tres eran mujeres que fueron detenidas por personal militar.
Las vinculaciones a proceso se llevaron a cabo mayormente entre 2016 al 2020, reportando solo 18 vinculaciones en 2021 de las 41 personas detenidas; mientras que el siguiente año (2022) cuando se detuvo a 48 en flagrancia de delito, se vincularon a proceso a 21.
Un año después en 2023, se reportó que las autoridades federales detuvieron a 36 personas por diferentes delitos, sin embargo, finalmente un juez de control determinó que solo seis serían vinculados a proceso por existir suficientes elementos para continuar un proceso judicial en su contra.
En el último año (2024) al corte del 21 de octubre, se informó sobre la detención de 46 personas, por diferentes causas en la entidad, de ellas solo cinco fueron vinculadas a proceso.
AMPLÍAN CATÁLOGO DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
El 1 de enero del 2025, entró en vigor la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa, ampliando así el catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar.
Algunos de los delitos que se incluyeron en el artículo 19 y que ameritan prisión preventiva oficiosa son la extorsión, producción, distribución y tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
En una reforma aprobada en 2021 se habían incluido en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro.
Trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.
Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud o del libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, salen del catálogo de delitos graves el narcomenudeo y la defraudación fiscal. En el primer caso debido a que se le dará un tratamiento social a la falta, y en el segundo porque involucra a casos de ciudadanos que podrían incumplir con sus obligaciones fiscales.
El artículo que se modifica es el 19 Constitucional en su segundo párrafo y tras su publicación, el Congreso de la Unión tendrá 180 días
para armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias, con base en el decreto.
Por su parte, las legislaturas locales tendrán un año para hacer las adecuaciones normativas necesarias y apegarse a lo que indica la reforma.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que la reforma que amplía los delitos a los que es aplicable la prisión preventiva oficiosa, viola las garantías individuales y abre más la puerta a la detención arbitraria.
Tras la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la tarde del martes 31 de diciembre, el organismo llamó a eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación penal del país.
“Ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma sobre la prisión preventiva oficiosa (PPO), reafirmamos que esta figura contraviene los derechos humanos. La PPO, lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse. Según mecanismos internacionales, es una detención arbitraria”, indicó.
La prisión preventiva oficiosa, remarcó, atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, la libertad personal y la igualdad ante la ley, entre otros derechos. Recordó que el Alto Comisionado Volker Türk ha expresado en diversas ocasiones su preocupación por los riesgos que implica la utilización indiscriminada de la prisión preventiva oficiosa.
“He hecho comentarios sobre la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, que nunca pensamos que sea la respuesta en este tipo de circunstancias”, señaló apenas el 9 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.
“Esto ha sido una preocupación no sólo en México, sino también en muchas otras situaciones. De hecho, necesitamos casi lo contrario, debemos alejarnos de las políticas de encarcelamiento en términos más generales”, agregó.
POR. PERLA RESÉNDEZ
EXPRESO-LA RAZÓN
