Las reformas suelen ser vendidas como el bálsamo que curará todos los males de una institución. En el caso del Infonavit, el gobierno ha prometido con bombo y platillo que las recientes modificaciones impulsarán un modelo de vivienda más accesible y justo. Pero entre las promesas y la realidad se abre una grieta que invita a la reflexión: ¿es esta reforma realmente una solución estructural o un movimiento político más, vestido de progreso?
El Estado constructor: ¿Héroe o villano?
Uno de los aspectos más polémicos de esta reforma es la decisión de permitir al Infonavit convertirse en desarrollador directo de vivienda. En papel, parece una idea altruista: el gobierno promete construir viviendas para los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, la experiencia mexicana nos ha enseñado que cuando el Estado se mete a jugar en el mercado, los riesgos son altos: corrupción, ineficiencia y obras mal planeadas. ¿Acaso ya olvidamos los escándalos en torno a obras públicas infladas o terrenos adquiridos bajo sospechas de irregularidades?
El Infonavit como constructor plantea preguntas incómodas. ¿Qué mecanismos garantizarán que los recursos de los trabajadores no terminen desviados hacia proyectos fallidos? ¿Cómo evitar que este esquema se convierta en un botín político en tiempos electorales? Por ahora, estas preguntas permanecen sin respuesta.
Créditos congelados: ¿Justicia o populismo?
La medida de congelar los créditos hipotecarios en Veces Salario Mínimo (VSM) parece, a primera vista, un alivio para millones de trabajadores. Pero detrás del aplauso inicial se esconde un riesgo financiero. Congelar créditos sin un análisis profundo sobre su impacto puede comprometer la viabilidad económica del Infonavit. ¿Qué pasará con los nuevos acreditados si la institución enfrenta problemas de liquidez? Las medidas populistas suelen ser buenas para los titulares, pero malas para las finanzas públicas.
El arrendamiento social: ¿Innovación o trampa?
El esquema de renta con opción a compra suena como una solución innovadora para quienes no pueden acceder a un crédito. Sin embargo, ¿es realmente viable? Este programa se basa en la promesa de estabilidad financiera a largo plazo, pero en un país donde la economía es volátil y las políticas públicas cambian con cada sexenio, ¿qué garantías existen de que esta opción perdure?
Además, el modelo podría desincentivar a los trabajadores a optar por un crédito tradicional, creando una dependencia de las políticas de renta que no necesariamente se traducen en propiedad real. La opción de compra después de 10 años parece más un espejismo que una solución tangible.
La politización del Infonavit
Quizá lo más preocupante de esta reforma es su trasfondo político. La eliminación de las direcciones sectoriales y la centralización del poder en el Consejo de Administración suenan a un intento por eliminar voces críticas y controlar el rumbo de la institución. En un esquema tripartito como el del Infonavit, reducir la representación de trabajadores y empresarios equivale a erosionar la democracia institucional.
Entre promesas y realidades
La reforma al Infonavit es una mezcla de buenas intenciones y riesgos latentes. Nadie puede negar que el acceso a la vivienda es una necesidad urgente en México, pero las soluciones mal diseñadas pueden generar más problemas que beneficios. El gobierno debería enfocarse en fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la viabilidad financiera de la institución, en lugar de priorizar medidas que parecen estar diseñadas más para ganar votos que para resolver problemas.
En el fondo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos construyendo un futuro más equitativo o simplemente perpetuando los errores del pasado? El tiempo dirá si esta reforma fue una solución o, como tantas otras, una promesa más que se desmoronó bajo el peso de la realidad.
ALTO NIVEL.
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Por Luis Enrique Arreola Vidal