CIUDAD VICTORIA, TAM.- Rómulo “G”, ex Secretario de Bienestar Social del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, es el primer funcionario de alto nivel que pisa la cárcel, acusado del presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Luego de no asistir a varias audiencias donde se lleva el proceso en el que se le acusa de de hechos con apariencia de delitos en materia de corrupción, el juez de control obsequió la órden de aprehensión, misma que se cumplimentó en el municipio de Valles, San Luis Potosí.
Luego de concluir el proceso de entrega-recepción, al inicio de la actual administración de Américo Villarreal Anaya, se dieron a conocer las primeras irregularidades encontradas en las diferentes dependencias de gobierno.
En un primer momento se habló de 18 denuncias contra 35 ex servidores públicos y un daño al erario calculado en 500 millones de pesos, según anunció el mandatario estatal en rueda de prensa, en la que también estuvo presente la Consejera Jurídica, Tania Gisela Contreras López y la Contralora, Norma Angélica Pedraza Melo.
Entre los casos más graves señalados en ese momento estaban precisamente en la Secretaría de Bienestar Social, donde faltaba la comprobación de la entrega y destino de más de 480 mil despensas, con un importe de más de 125 millones de pesos. Así como una falta de comprobación sobre la erogación de más de más de 235 millones de pesos por concepto de la ejecución del programa “Generación del Cambio y Bienestar Social”.
Irregularidades, que se dijo, podrían configurar en los presuntos delitos de peculado, coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades, aunque finalmente y de acuerdo con la información tras la detención de Rómulo “G”, solo se acreditó el último. El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades se encuentra en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa en Tamaulipas, además el ex funcionario no se presentó ante el juez en las audiencias que se celebraron, por lo que el juzgador obsequió la orden de aprehensión.
UNA ORDEN DE APREHENSIÓN PENDIENTE DE EJECUTAR
Pero esta no es la única orden de aprehensión girada, existe una pendiente de cumplimentar contra el ex secretario de Administración, Jesús Alberto “S”, a quien incluso ya se le vinculó a proceso por varias conductas con aparencia de delito, sin estar presente en las audiencias.
Una de ellas en la causa penal 86/2024, donde también se vinculó a proceso a la ex Contralora Gubernamental del Gobierno, Elda Aurora “V”, por el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades.
La audiencia inicial se llevó a cabo el 08 de julio del 2024, sin que el ex funcionario estuviera presente, allí el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción acusó que ambos ex funcionarios adjudicaron de manera directa 14 contratos a dos personas morales y una física, por un monto de 8 millones 233 mil 500 pesos, todo ello en 15 de junio de 2022, cuando ambos, eran funcionarios estatales.
El Ministerio Público acusó que ilícitamente adjudicaron de manera directa los 14 contratos, fraccionando el importe total de los servicios señalados en los referidos contratos, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. El juzgador impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse a la Secretaría de Administración, además de la obligación de acudir de manera semanal a la Unidad de Medidas Cautelares, para asegurar de esta manera la comparecencia al proceso de los imputados.
Una segunda causa penal quedó registrada en la carpeta 309/2024, donde ahora se acusaba a Jesús Alberto “S”, de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, toda vez que en diciembre de 2020 realizó adquisiciones por un monto de 125 millones de pesos.
El monto del presunto daño al erario, es similar al caso de las 480 mil despensas del que se acusa al ex Secretario de Bienestar, de no comprobar la entrega de las mismas; el juez de control, también determinó la vinculación a proceso. De nueva cuenta, el ex funcionario no se presentó a responder a las acusaciones, por lo que se solicitó la orden de aprehensión.
En contra de este ex Secretario de Administración existe al menos otra denuncia, de la que no se ha informado si ya fue judicializada, se trata de una acusación que realizó en febrero del año previo, el abogado de la UAT, José Carlos Mora García, por el presunto desvío de más de 180 millones de pesos. En este caso se involucra también al ex Rector, Guillermo “C”, por la presunta simulación de entrega de recursos a través de un terreno de 60 hectáreas con un valor real de 13 millones y al que se le asignó un monto de 187 millones de pesos, como parte de los mil 650 millones que el Estado debería entregar a la Universidad como aportación.
Aquí se acusó al ex Secretario de administración, Jesus Alberto “S”, por emitir la declaración de procedencia, respecto de la enajenación del inmueble en su modalidad de dación en pago, algo ilegal para una entidad pública, ex
plicó en su momento el abogado de la máxima casa de estudios
MÁS EX TITULARES DE SECRETARÍAS VINCULADOS A PROCESO
Las denuncias presentadas por la administración de Villarreal Anaya alcanzaron a los primeros ex funcionarios de primer nivel en 2023, los casos más sonados fueron la de los ex titulares de Educación y Seduma. En el primer caso, el ex Secretario de Educación de Tamaulipas, Mario “G”, se le vinculó a proceso por los delitos de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Peculado, según la carpeta procesal 14/2023.
Su caso se relacionó con la celebración de un convenio con la empresa de seguros Metlife, cuando el funcionario se desempeñó como Subsecretario de la Secretaría de Educación Pública. A través del citado convenio, del que no tenía facultades para firmar, se estableció un cobro a la aseguradora, por la retención del pago de seguro a los trabajadores de Educación.
Los recursos obtenidos fueron utilizados para realizar diversos pagos a proveedores y servicios, así como pagos que se hizo así mismo, sin que ninguno de estos movimientos fuera regulado por la Secretaria de Finanzas. Aunque en el caso del delito de peculado, sí establece prisión preventiva oficiosa, el juez que llevó el caso, estableció como medida cautelar, para el ex funcionario que sí se presentó a las audiencias, la presentación periódica a firmar, prohibición para salir del país, acercarse a la SET o a la denunciante y testigos.
UN EX FUNCIONARIO CON MÁS VINCULACIONES A PROCESO
Otro caso más es el del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto “E”, quien en audiencia el 31 de octubre del 2023, el se le vinculó por el delito de Ejercicio Ilícito de Servicio Público, según consta en la carpeta 257/2023 de este caso. Este ex funcionario, es el que más vinculaciones a proceso tiene en su contra, sin embargo, al igual que el ex titular de la SET, siempre se ha presentado a las audiencias para responder a las acusaciones, por lo que el juez ha replicado como medida cautelar, la presentación periódica a firmar en la unidad de Reynosa, así como la prohibición de salir del país o acercarse a la Seduma.
El 18 de octubre del 2024, en una audiencia diferentes, fue vinculado a proceso por los delitos de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas, y el 22 de octubre en carpeta diversa, se le vinculó por los mismos delitos, existiendo otra vinculación más, relacionada con la condonación de multas a diversas empresas extractoras de materiales, sin que se decretara la prisión preventiva ya que, asiste a firmar y a las audiencias a las que se le notifica. Otra de las denuncias presentadas fue contra Alejandra “R”, quien se desempeñaba como Directora Administrativa de la Contraloría Gubernamental, acusada de Ejercicio Abusivo de Funciones, a quien se señaló de realizar de manera irregular, cobros como proveedora siendo Directora Administrativa de la dependencia.
OTRAS DEPENDENCIAS CON DENUNCIAS
Estas no son las únicas dependencias de gobierno que denunciaron irregularidades, están la Secretaría de Obras Públicas, donde se acusó la adjudicación indebida de obras y simulación de contratos donde se podría configurar los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias. También en la Secretaría de Salud se detectaron faltantes de medios electrónicos, entre estos, 242 tablets, 94 laptops, equipo de impresión, escaneo y cómputo, por lo cual se incurrió en los posibles delitos de ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y ejercicio abusivo de funciones. En el sistema DIF Tamaulipas la “contratación de arrendamiento con personas, cuyo parentesco se encuentra dentro del cuarto grado de consanguinidad”, por lo cual se podría haber incurrido en delitos, como el uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
Mientras que en la Secretaría General de Gobierno, también se encontraron irregularidades con el otorgamiento de fíats y patentes de notario público, por lo que fueron presentadas seis denuncias en total, por el posible delito de ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y por delito cometido en el ejercicio de funciones administrativas.
Por Perla Reséndez
