La reforma electoral del gobierno federal contra la reelección y el nepotismo aprobada en lo general por el Senado de la República no solamente pondrá un alto a la postulación de candidatos emparentados con funcionarios de los tres niveles de gobierno, también acabará con las dinastías y la nociva práctica de heredar los cargos públicos a familiares.
Al mismo tiempo pondrá fin a las carreras políticas de todos aquellos servidores públicos que llegaban a los cargos gubernamentales por la vía electoral apoyados por sus parientes, como ocurría en el poder judicial de la federación, aunque en este caso mediante designación o nombramiento.
Según estudio entregado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte, del que la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” tiene una copia, 500 jueces y magistrados de todo el país metieron a trabajar a los tribunales y juzgados a sus esposas, hijos, papás, tíos, sobrinos, cuñados y hasta suegras, “redes clientelares” que se extienden a 7 mil 148 servidores públicos de 31 circuitos, que, por si esto no fuera suficiente, incorporaban a familiares a la nómina.
Si la reforma hubiese entrado en vigor años atrás, el diputado Rubén Moreira, hermano del gobernador Humberto, por ejemplo, no habría podido ser mandatario de Coahuila, en Tamaulipas Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador Francisco Javier, tampoco senador ni diputado local y Mónica Villarreal no sería la alcaldesa de Tampico.
Por la misma razón, Carlos Peña Ortiz, hijo de la senadora Maki Ortiz, no habría accedido al gobierno de Reynosa.
Pero eso no es todo, los familiares de ningún gobernador podrán disputar cargos públicos, ni siquiera para regidor, en los próximos procesos electorales, porque estarán imposibilitados legalmente, tendrán que esperar a que sus parientes en el gobierno concluyan el mandato constitucional.
Y es que, aunque la prohibición empezará a aplicarse hasta los comicios de 2030, si prospera la propuesta formulada por los legisladores de Morena, la disposición podría empezar a surtir efecto dentro de 3 años.
La modificación constitucional dejará asimismo en la inopia a las élites políticas que acostumbran a eternizarse en el poder legislativo por la vía de representación proporcional.
No obstante que la reforma aprobada no contempla la eliminación de los legisladores plurinominales, en su momento suprimirá los 200 diputados federales y 64 senadores plurinominales, igual que los legisladores locales e incluso los regidores y concejales de los municipios que obtuvieron el puesto a través de ese principio.
Como resultado de la vigencia del precepto en lo sucesivo no podrán echar mano ese beneficio los grupos de las dirigencias nacionales, estatales y municipales del PRI, el PAN, de la 4T y de cualquier otra agrupación política.
Aquellos que están interesados en llegar a las posiciones legislativas o ayuntamientos tendrán que hacerlo pidiendo a los ciudadanos el voto en la calle. Como dijera la senadora tamaulipeca Olga Sosa Ruiz, “ni nepotismo ni reelección, democracia auténtica”.
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