CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Hasta la fecha, cinco ex titulares de Secretarías han sido vinculados a proceso y uno de ellos fue detenido.
Apenas este martes 4 de marzo, la ex Contralora, Elda Aurora “V”, acusada de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como desempeño de funciones judiciales o administrativas, fue vinculada a proceso por un juez de control.
Pero esta no es la única acusación que enfrenta la ex funcionaria, ha sido vinculada también junto a Jesús Alberto “S” Ex Secretario de Administración, por la adjudicación directa e indebida de 14 contratos a 2 personas morales y una física, por más de 8 millones de pesos, según quedó asentado en la carpeta 86/2024; allí el delito señalado fue el de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La ex titular de la Contraloría Gubernamental, no ha pisado la cárcel y puede dar seguimiento a sus asuntos en libertad.
Por el que sí se ha girado una orden de aprehensión es contra Jesús Alberto “S”, ex Secretario de Administración, señalado en el mismo tema de la adjudicación de contratos junto con la Contralora.
Y es que, el ex funcionario ha decidido no acudir a las audiencias a responder sobre los señalamientos que se le hacen, por lo que luego de varios llamado hechos por el juez, se dolicitó la orden de aprehensión, sin embargo el ex funcionario no ha sido localizado.
Aún así, ha sido vinculado a proceso en otros casos más que se han judicializado, una de ellas el 30 de septiembre del 2024 por el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, toda vez que en diciembre de 2020 realizó adquisiciones por un monto de 125 millones de pesos.
Contra él hay más denuncias, una interpuesta por el abogado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en febrero del 2024, en el que se acusó la simulación de entrega de recursos correspondientes a la Universidad.
Para ello, a través de una “dación de pago”, se entregó un terreno de 60 hectáreas en Nuevo Laredo con un valor real de 13 millones y al que se le asignó un monto de 187 millones de pesos, como parte de los mil 650 millones que el Estado debería entregar a la Universidad como aportación. En esta misma denuncia se acusó al ex Rector Guillermo “C”.
Otro ex funcionario acusado pero que lleva su proceso en libertad es el ex Secretario de Educación de Tamaulipas, Mario “G”, a quien se le vinculó a proceso por los delitos de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Peculado, (14/2023).
Se acusó al ex funcionario de celebrar un convenio con la aseguradora Metlife, cuando se desempeñó como Subsecretario de la Secretaría de Educación Pública y no contar con facultades para ello, además de destinar los recursos retenidos a los trabajadores para pagos a proveedores y asi mismo, sin enterar a la Secretaría de Finanzas.
Aunque en el peculado, sí establece prisión preventiva oficiosa, el juez que llevó el caso, determinó la presentación periódica a firmar, prohibición para salir del país, acercarse a la SET o a la denunciante y testigos.
El ex funcionario posiblemente con más vinculaciones a proceso es Gilberto “E”, ex Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a quien el 31 de octubre del 2023, se le vinculó por el delito de Ejercicio Ilícito de Servicio Público, según consta en la carpeta 257/2023 de este caso.
Luego el 18 de octubre del 2024, fue vinculado a proceso por los delitos de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas, y el 22 de octubre en carpeta diversa, se le vinculó por los mismos delitos, existiendo otra vinculación más, relacionada con la condonación de multas a diversas empresas extractoras de materiales, sin que se decretara la prisión preventiva ya que, asiste a firmar y a las audiencias a las que se le notifica.
Sin embargo y como siempre se ha presentado a las audiencias para responder a las acusaciones, lo que el juez le ha permitido enfrentar cada una de las acusaciones en libertad.
Rómulo “G”, ex Secretario de Bienestar Social, fue el primer funcionario de alto nivel que pisó la cárcel, acusado del presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, según consta en la carpeta 87/2024.
Esto, luego que no asistió a varias de las audiencias donde se lleva el proceso, por lo que el juez de control obsequió la órden de aprehensión, misma que se cumplimentó el 17de enero de este año en el municipio de Valles, San Luis Potosí.
La acusación contra el ex funcionario que recientemente obtuvo un amparo para llevar su asunto en libertad, lo señala de la presunta contratación indebida de despensas por 125 millones de pesos.
Otra de las denuncias presentadas fue contra Alejandra “R”, quien se desempeñaba como Directora Administrativa de la Contraloría Gubernamental, acusada de Ejercicio Abusivo de Funciones, a quien se señaló de realizar de manera irregular, cobros como proveedora siendo Directora Administrativa de la dependencia y por lo que fue vinculada a proceso.
Recientemente la Contralora Norma Angélica Pedraza Melo, informó que ex titulares de dependencias como la Contraloría y Secretarías de Economía, Obras Públicas, Salud, Finanzas, Secretaría General de Gobierno e instituto del Deporte, entre otros, son investigados por presuntos delitos de corrupción.
Señaló que se trata de 17 denuncias que fueron interpuestas, 12 ante la Fiscalía General de la Repúbica (FGR) y cinco ante la Fiscalía de Justicia del Estado; que se suman a las que ya se han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo con la funcionaria, hay casos con resultados de sentencias condenatorias y donde se ha recuperado parte del dinero, uno de ellos en el tema de obra pública durante la pasada administración.
“Resultado de los hallazgos y requerimientos, se ha recuperado alrededor de 1 millón 270,000 pesos, en una de las sanciones de falta grave que ya se emitió por el tribunal un expediente que hemos dado seguimiento a la persona, se le inhabilitó por 10 años y se le requiere que haga un reintegro de 1 millón 300,000 pesos”, comentó.
Sin dar nombres, señaló que en otra de las denuncias presentadas, el juzgador emitió sentencia condenatoria de tres años de prisión o el pago de multa, además de nueve meses de inhabilitación y tres años de suspensión de sus derechos civiles y políticos.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
