El Poder Judicial de México ha sido durante casi un siglo una oficina para interpretar la ley a favor de los poderosos, la sabiduría jurídica de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados y los Jueces, ha servido para hacer detalladas sentencias a favor de los intereses de los económicamente más favorecidos. Sentencias para no pagar impuestos, para no reconocer el derecho de los trabajadores, para quitarles sus tierras a los campesinos pobres, para justificar abusos de poder, para dejar sin castigo a los violadores, a los asesinos, o proteger a peligrosos narcotraficantes.
En el Siglo 21 la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial de la Federación fueron convertidos en un botín político por el PRI, el PAN, y el PRD, que establecieron, de hecho, la aprobación de nombramientos por cuotas partidistas de Ministros, Magistrados, y Jueces de Distrito, de tal manera que, en la práctica, el 68% de la estructura nacional del Poder Judicial Federal estaba integrada por familiares y amigos de los titulares.
Hasta hace poco, para nombrar a un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República proponía una terna de candidatos y los grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores elegían a uno de ellos. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y los miembros del Consejo de la Judicatura elegían, de acuerdo con los dirigentes de los partidos, a todos los magistrados y jueces de distrito del país, de tal manera que los ciudadanos estaban muy lejos de la designación y de las preocupaciones de estos servidores públicos. Por eso los juzgadores nunca se han sentido ni comprometidos ni preocupados por su desempeño frente a los mexicanos.
Sus sentencias o resoluciones han sido dictadas en un lenguaje justificatorio de la corrupción y la impunidad, un lenguaje incomprensible para cualquier ciudadano común y corriente, que ha sido usado para ocultar la verdad al ciudadano de a pie: sólo los ricos pueden comprar privilegios, y excepcionalmente alguien ha recibido un fallo justo que lo protegía, como una forma de mantener el estado de las cosas y darle un barniz de credibilidad a esos tribunales de consigna.
La derecha opositora a la reforma judicial constitucional sostiene que sólo los más aptos y conocedores, los expertos en derecho, deben tener el poder de decidir sobre la interpretación y aplicación de la ley, pero es pertinente recordar que ni el régimen constitucional anterior, ni el actual, contemplan ese requisito. Antes y ahora, para ser ministro, magistrado o juez, solo se requiere ser mexicano, mayor de 35 años, abogado de profesión, ser una persona honorable, no haber sido sentenciado por delitos, haber residido durante los últimos años en el país y no ser ministro de ningún culto o funcionario público recientemente, nada más.
Para ser juzgador no se requieren ni maestrías, ni doctorados o estudios en el extranjero, ni carreras judiciales amañadas con dispensa para parientes y amigos, sólo los requisitos esenciales y estar dispuesto a servir a los mexicanos. Se ha dicho con insistencia que los juzgadores solo deben estar al servicio de la ley y de la justicia, pero esas han sido dos cómodas abstracciones que, usadas perversamente, esconden toda la marrullería que se utiliza para favorecer a los poderosos y privar de sus derechos a los desposeídos.
Por eso es importante que los mexicanos acudan a votar el primero de junio para construir activamente el nuevo Poder Judicial y que en el futuro se puedan sentir orgullosos de las resoluciones de sus ministros, magistrados y jueces, que con la ley en la mano emitirán sus sentencias pensando en la sociedad a la que sirven. Durante mucho tiempo las elites decidieron quienes se encargaban de poner la ley a su servicio. Por primera vez el pueblo va a elegir a quienes tendrán la responsabilidad de aplicar la ley, y los juzgadores van a tener muy claro a quien le deben la oportunidad de ejercer esa delicada función, con la seguridad de que sus decisiones, apegadas a derecho, contaran con el reconocimiento y el respaldo de los ciudadanos que esperan que sus tribunales impartan justicia.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
