30 abril, 2025

30 abril, 2025

Primer mes de campaña judicial

CATALEJOS/ MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES

Hoy se cumple un mes del inicio de las campañas para la elección judicial que se realizará dentro de un mes, es decir, el 1 de junio.

El balance hasta ahora puede ser discutible, pero lo cierto es que han transcurrido sin mayores sobresaltos.

Las dudas que había en torno a la viabilidad de este proceso se han disipado y ya se puede decir que, pase lo que pase, Tamaulipas tendrá una elección inédita y muy llamativa a nivel nacional, porque aquí además de la mitad de las posiciones del Poder Judicial Federal, se renovará en su totalidad la estructura del poder local, desde las magistraturas del Supremo Tribunal, hasta los juzgados menores.

Tal vez eso explica que Tamaulipas sea una de las tres entidades en las que el INE ha recibido más solicitudes de ciudadanos para fungir como observadores electorales, con más de 8 mil trámites.

También es cierto que luego de un mes de campañas ha empezado a ocurrir lo obvio: los candidatos, inexpertos y sin grandes recursos para hacer proselitismo, han entrado en una especie de meseta que los hace menos visibles.

No es para menos, para ser justos vale la pena recordar que las condicione en las que se realizan estas campañas son muy distintas a las políticas que cada dos o tres años saturan a la ciudadanía con un despliegue masivo de propaganda, pagada con recursos públicos.

En el caso de la elección judicial, el artículo 41 constitucional estableció con precisión los márgenes: queda prohibido cualquier financiamiento, público o privado, que tenga como fin promover candidaturas; también la contratación, directa o mediante intermediarios, de espacios en radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación para ese propósito.

De manera complementaria, el artículo 509 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) refuerza el cerco: prohíbe explícitamente la compra de espacios publicitarios y la promoción personal en medios impresos o digitales, incluso si la contratación se hiciera por interpósita persona. Lo anterior incluye también a particulares que pretendieran actuar como vehículos encubiertos para posicionamientos políticos.

Sin embargo, el uso de redes sociales y medios digitales no está restringido del todo. El mismo artículo aclara que las personas candidatas pueden utilizarlos para difundir sus mensajes, siempre y cuando no medien erogaciones destinadas a amplificar su alcance. Se tolera la comunicación directa, no el impulso financiero de contenidos.

El artículo 520 de la LGIPE agrega una salvedad sustancial: las candidaturas pueden participar en entrevistas de carácter noticioso y en foros de debate, siempre que se trate de espacios ofrecidos gratuitamente por actores del sector público, privado o social.

La condición es la equidad entre participantes y el respeto a las directrices emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En este contexto normativo se desarrolla la campaña rumbo al 1 de junio, fecha marcada para la Jornada Electoral en la que la ciudadanía ejercerá su voto en una elección inédita: nueve cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; dos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistraturas en las salas regionales del mismo tribunal; 464 magistraturas de circuito y 386 personas juzgadoras de distrito.

Por. Miguel Domínguez Flores

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