El contexto actual demuestra lo dinámico que puede ser la economía. En esta ocasión, una nueva propuesta por parte de Estados Unidos pone a pensar a los hogares en México. La propuesta del Congreso consiste en imponer un impuesto de 5 por ciento a las remesas enviadas a México, lo que genera gran preocupación entre millones de hogares mexicanos que dependen de estos recursos para cubrir sus necesidades básicas.
Primero, es necesario comprender el contexto del tema en nuestro país. Las remesas son envíos de dinero que hacen los migrantes mexicanos desde Estados Unidos hacia sus familiares en México. De acuerdo con cifras del Banco de México, el país recibió 64, 745 millones de dólares en remesas, durante 2024. Esta cifra refleja que existe enorme dependencia económica de estos flujos para muchos hogares.
Para el caso de Tamaulipas, la captación de remesas representa 1.6 por ciento del total nacional. De acuerdo con BBVA Research, el estado podría ver una disminución del 4.4% en las remesas proyectadas hacia el 2026, lo que representa una afectación significativa para muchas familias locales cuyo sustento depende directamente de estos ingresos.
Esto demuestra la notable importancia de las remesas en el estado, pero, también destaca la vulnerabilidad de Tamaulipas y las consecuencias profundas en dado caso que el impuesto a las remesas sea efectivo.
Para entender mejor el impacto del impuesto, imaginemos que el costo actual promedio de enviar 350 dólares desde Estados Unidos a México ronda los seis dólares, pero con este impuesto adicional del 5 por ciento, el costo se incrementaría a 23.50 dólares. En términos prácticos, esto significa que será menos el dinero que llegue a manos de las familias receptoras.
Esta cifra representa una reducción considerable, sobre todo cuando en un hogar las remesas pueden representar hasta 30 por ciento del ingreso de los hogares receptores, lo que demuestra que se enfrentarían a un contexto de vulnerabilidad. Es decir, si una familia en Tamaulipas con ingresos mensuales promedio de alrededor de 10,000 pesos, donde las remesas representan 30 por ciento, la reducción en este ingreso podría ser de menos de 200 a 300 pesos, lo que significa una pérdida directa y considerable en su poder adquisitivo.
Otro aspecto de preocupación, es que, con la intención de mitigar esta alza del impuesto, se podrían incentivar métodos alternativos e informales para el envío de dinero, lo que generaría riesgos adicionales en seguridad y transparencia, y retrasando los avances logrados en digitalización financiera.
Al abordar la digitalización financiera, las plataformas digitales y fintechs, que han reducido significativamente los costos de transacción, podrían verse afectadas negativamente, lo que obligaría a los migrantes a recurrir nuevamente a canales informales.
La situación local de Tamaulipas también sugiere otro aspecto preocupante. Municipios como Matamoros, Reynosa o Nuevo Laredo podrían enfrentar consecuencias particularmente graves debido a la alta dependencia económica hacia las remesas. Esto no solo significaría menor consumo y bienestar inmediato para estas familias, sino también un impacto a largo plazo en la economía local debido a una menor circulación monetaria y menos ingresos disponibles para pequeños negocios.
Por tal motivo, es de vital importancia que las familias tamaulipecas tomen conciencia de la situación y empiecen a prepararse ante un posible escenario adverso. Esto puede incluir fortalecer el ahorro interno, diversificar ingresos familiares y buscar asesoría financiera para optimizar los recursos disponibles.
Finalmente, las familias deben estar informadas y preparadas para afrontar este desafío, manteniendo una administración financiera prudente y buscando alternativas viables para asegurar el bienestar económico a largo plazo; por lo que, la educación financiera y la planificación serán claves esenciales para enfrentar esta adversidad con éxito.
En definitiva, conocer las implicaciones del impuesto a las remesas no solo permite prever escenarios adversos, sino también actuar oportunamente, minimizando el impacto negativo en las finanzas familiares de Tamaulipas y contribuyendo a una mayor estabilidad económica y social.
