La elección judicial que se avecina no solo será inédita en su forma, sino también profundamente cuestionada en su esencia.
Desde sus orígenes, este proceso ha estado marcado por la desconfianza: la selección de candidatas y candidatos ha despertado más sospechas que certezas, con nombres propuestos bajo la sombra del poder, del crimen y otros sin trayectoria o formación jurídica suficiente para aspirar a un cargo tan delicado como lo es impartir justicia.
A pocos días de la votación, lo que debía ser una fiesta democrática se parece más a una carrera desordenada, plagada de desinformación, desinterés ciudadano y confusión generalizada.
Luego que hay 881 cargos del Poder Judicial en disputa, con una enorme cantidad de aspirantes-3 mil 423- por lo cual en algunos casos por boleta aparecen más de 80 nombres, lo cual convierte el voto en un acertijo que pocos podrán resolver con claridad.
Pero más allá del caos organizativo y del cansancio ciudadano, lo que está en juego es monumental: estamos eligiendo jueces y magistrados que tendrán en sus manos el destino de causas penales, civiles y administrativas durante los próximos años.
Decidir sin conocer, o peor aún, permitir que accedan personas sin preparación o con antecedentes oscuros, es entregar la justicia a la improvisación o al control político y criminal.
Las estimaciones de participación son alarmantemente bajas. A esto se suma la amenaza de sabotaje directo al proceso: en varias regiones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha advertido que no permitirá la instalación de casillas qué en el país la intención es instalar 83 mil 997.
Las razones, aunque ideológicas, no justifican impedir que la ciudadanía ejerza su derecho.
Si el voto es el arma del pueblo, negarlo es desarmarlo.
Del lado de la oposición, los llamados a denunciar «súper delegados» o «servidores de la nación» como operadores del fraude parecen una estrategia preventiva para deslegitimar los resultados, pero no carecen de sustento: hay antecedentes preocupantes de manipulación y clientelismo disfrazado de programas sociales.
Y mientras tanto, el árbitro electoral parece más enfocado en sostener la narrativa de un proceso histórico, que en resolver las múltiples alertas que ya lo empañan.
Lo que está en juego no es sólo quién se sienta en una silla de magistrado, es el futuro de la justicia misma.
Una justicia que, si nace de un proceso sucio, nacerá viciada.
Y una justicia viciada es la peor forma de injusticia.
Por eso, como sociedad, debemos exigir transparencia, información clara, mecanismos efectivos de fiscalización y una participación ciudadana responsable. Porque si permitimos que se elija a ciegas, o peor aún, bajo coacción, estaremos sembrando una justicia que no será ni ciega ni imparcial, sino obediente a intereses que nada tienen que ver con la ley.
Rendición de cuentas en el Congreso
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Tamaulipas (ITAIT) emitió una resolución sobre la solicitud de información presentada por un particular respecto al Presupuesto de Egresos y pago de publicidad del Congreso Local de Tamaulipas.
La resolución del ITAIT se basa en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. La ley establece que las autoridades deben proporcionar la información solicitada de manera clara y precisa. En este caso, el Congreso Local proporcionó la información solicitada y el ITAIT confirmó que se cumplieron con los requisitos de transparencia.
La resolución del ITAIT tiene un impacto positivo en la transparencia y rendición de cuentas en el Congreso Local de Tamaulipas. La confirmación de que el Congreso Local actuó en apego a la legalidad y respetó el derecho humano de acceso a la información refuerza la confianza en las instituciones públicas.
En conclusión, la resolución del ITAIT sobre la solicitud de información presentada por un particular respecto al Presupuesto de Egresos y pago de publicidad del Congreso Local de Tamaulipas es un paso importante hacia la transparencia y rendición de cuentas en el Congreso Local. La resolución confirma que el Congreso Local actuó en apego a la legalidad y respetó el derecho humano de acceso a la información, lo que refuerza la confianza en las instituciones públicas.
Hechos relevantes
Un particular solicitó información sobre el Presupuesto de Egresos y pago de publicidad del Congreso Local a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El Congreso Local proporcionó la información solicitada, indicando la ubicación de libre acceso público donde se encuentra disponible.
El ITAIT confirmó que el Congreso Local actuó en apego a la legalidad y respetó el derecho humano de acceso a la información.
El ITAIT demostró infundado el recurso de revisión presentado por el particular y ordenó el archivamiento del caso.
POR ARTURO ROSAS H.
